Cuando el terrorismo islamista golpeó Argentina... ¿con ayuda local?
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¿participó la inteligencia argentina?

Cuando el terrorismo islamista golpeó Argentina... ¿con ayuda local?

Se cumplen 22 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el peor de la historia de América Latina. El misterio persiste, agravado por la muerte del fiscal Nisman

placeholder Foto: Edificio de la AMIA tras el atentado, en julio de 1994. (Reuters)
Edificio de la AMIA tras el atentado, en julio de 1994. (Reuters)

Si solo hubiesen querido demoler el edificio, lo podrían haber hecho la noche anterior, porque se jugaba la final del Mundial 94 de fútbol y las calles estaban vacías. Pero era evidente que los cerebros detrás del atentado quisieron causar el mayor número de muertos posible, y lo lograron. Si no fuera porque el final es conocido, este caso sería un 'thriller' en el que abundan el sembrado de pistas falsas, testigos inventados, desaparición y destrucción de pruebas, expedientes secretos, causas judiciales paralelas, intervenciones telefónicas clandestinas, pago de sobornos para comprar declaraciones y extorsión a testigos. Todo eso para sepultar la verdad.

Faltaban algo más de 15 minutos para las 10 de la mañana de aquel lunes 18 de julio de 1994, y a esa hora, para mucha gente que transitaba por la calle Pasteur, en pleno centro de Buenos Aires, se escurrían inexorablemente los últimos momentos de vida. Ninguno estaba preparado para morir, pero el coche bomba ya avanzaba hacia su blanco. Los minutos y los segundos se hicieron eternos, interminables, como ocurre antes de una detonación... Después, todo comenzó a transcurrir a cámara lenta: la bomba que detonó a las 9:53 frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida por el acrónimo AMIA, dejó un saldo de 85 muertos y más de 400 heridos, lo que lo convirtió en el peor atentado antijudío desde la Segunda Guerra Mundial.

La voladura de ese edificio de siete pisos, donde se tramitaban los servicios funerarios en el cementerio judío y funcionaba una bolsa de trabajo para gente de todos los credos, fue una obra de demolición técnicamente perfecta: la carga de Amonal se había calculado y dirigido al milímetro: no se había derrochado ni un gramo de explosivo, pero tampoco se había usado un gramo de menos, cosa de la que nunca pudieron jactarse los terroristas iraníes ni los artilleros de la milicia libanesa Hizbullah en su largo historial de atentados en otras partes del mundo. Un indicio, desde los primeros minutos tras la explosión, que sugería que se había usado mano de obra local, altamente especializada.

Nada más sencillo, al parecer, ni nada más complicado que un atentado. Es sencillo matar a un grupo de gente indefensa, lo complicado es el escandaloso encubrimiento que se montó desde las más altas esferas del poder, y que ha permitido que a 22 años de ese atentado no haya un solo detenido ni se haya desentrañado la intrincada red de complicidades que encubrió la conexión local del ataque, atribuido oficialmente a Irán e Hizbullah, pero que todo apunta a que contó con la complicidad de los servicios de inteligencia argentinos.

El 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman -que condujo la investigación sobre el atentado en la última década- fue encontrado muerto en el baño de su lujoso departamento. Tenía un disparo calibre 22 en la sien, pero hasta hoy no se ha podido determinar si lo asesinaron, se suicidó o lo indujeron al suicidio. La munición de punta hueca -prohibida porque desgarra los tejidos- hizo estragos en los 1.400 gramos de su cerebro, donde se atesoraba uno de los secretos mejor guardados de los cadáveres de la AMIA: el papel jugado por la Secretaría de Inteligencia (SIDE) antes, durante y después del ataque terrorista; la conexión local que Nisman nunca investigó. Porque no quiso, no pudo o no lo dejaron. La misma que lo llevó a la muerte.

La pista iraní

Poco después del atentado, resultaba ya evidente el encubrimiento, los intentos de alejar la investigación de cualquier pista que condujera al papel jugado por el Gobierno, la justicia y los servicios de inteligencia argentinos, que supieron del atentado 104 días antes, pero en lugar de abortarlo optaron -con el aval del presidente Carlos Menem- por hacerle el juego a los terroristas hasta el último minuto, bajo el pretexto de capturarlos con las manos en la masa, consumando la doble hazaña de conjurar el atentado contra la mutual judía y, al mismo tiempo, esclarecer el de la embajada de Israel ocurrido dos años antes.

En otras palabras, se trató directamente de una virtual participación en el atentado. Los espías descubrieron la célula, la infiltraron y participaron de las acciones previas facilitando vehículos, protección, financiamiento, documentos y hasta el coche bomba, para tener el control indirecto del proceso previo y abortarlo en el momento justo. Pero algo falló en el último minuto, y los cerebros de la operación encubierta fueron engañados por los perpetradores y terminaron manchados de sangre y sepultados por los escombros de la vergüenza, hasta tal punto que, a 22 años del atentado, la conexión local sigue siendo uno de los secretos mejor guardados. Después del fracaso de una operación controlada que se cobró la vida de 85 inocentes, ¿qué salida les quedaba para garantizar la impunidad de todos los implicados?

Existen evidencias contundentes para asegurar que el entonces presidente, Carlos Menem, su jefe de inteligencia, Hugo Anzorreguy, y el juez federal Alberto Santamarina tuvieron conocimiento pleno del ataque con tres meses de antelación. Según Claudio Lifschitz, un exagente de inteligencia de la Policía Federal que entre 1995 y 1997 ocupó el tercer cargo de importancia en el primer juzgado al que se le encomendó la investigación, el agente encubierto de la SIDE en la célula terrorista era Nasser Rashmani, un ciudadano iraní llegado a la Argentina en la infancia con su familia. Rashmani era un “agente inorgánico”, un informante entrenado que cobraba salario de la SIDE pero no figuraba en su organigrama.

Rashmani era parte de un lote de sirios, iraníes y argentinos 'monitorizados' por la SIDE desde el 4 de abril de 1994, 104 días antes del atentado. Eran seguidos y tenían sus teléfonos intervenidos, según consta en un expediente secreto que se mantenía oculto en el juzgado federal a cargo de Alberto Santamarina. Ese expediente -que lleva el número 1.223 y fue bautizado 'Células dormidas'- brindó la cobertura legal para seguir, infiltrar, proteger y mantener un control remoto sobre las acciones de la célula terrorista. Pero los perpetradores se les escaparon dos días antes del atentado, el sábado 16 de julio de 1994, cuando los espías perdieron el rastro del coche bomba que había ingresado en un estacionamiento ubicado a corta distancia del blanco, escoltado por personal de los servicios de inteligencia argentinos.

Lo grave del asunto es que había una 'pista iraní' antes del atentado a la mutua, y que el juez Santamarina tenía esa misma información que aparecería meses después del ataque terrorista. El 12 de mayo, el juez Santamarina dispuso la intervención del aparato telefónico correspondiente al domicilio del iraní Khalil Ghatea, detenido cuando intentaba salir del país con un pasaporte robado al ciudadano norteamericano Scott Gregory Hall.

placeholder El fiscal Alberto Nisman en 2013 (Reuters)
El fiscal Alberto Nisman en 2013 (Reuters)

Negar toda responsabilidad

El 25 de julio -tan solo siete días después de la voladura de la mutual judía-, a Ghatea se le autorizó a salir del país con su pasaporte, a pesar de que había estado viviendo en el apartamento 5º B de la calle Tapiales 1420, de Vicente López, que fue allanado ese mismo día por la Policía Federal junto con la Fuerza Aérea. Pese a que durante la época del atentado se alojaron allí varios sospechosos, y durante la semana del atentado, el clérigo Mohsen Rabbani -sobre quien pesa una orden de captura internacional- llamó dos veces por teléfono a ese piso, la vivienda fue nuevamente allanada solo después de cuatro años.

Para dar un viso de legalidad a la fallida operación encubierta, el entonces presidente, Carlos Menem, firmó el decreto secreto S 2025/1994, fechado el 16/11/1994, que -de manera retroactiva- autorizaba las operaciones de infiltración en presuntos grupos terroristas. Como toda la investigación previa comprometía a la SIDE y al juez, el 1 de septiembre -es decir, un mes y medio después del atentado-, Santamarina abre una nueva causa y vuelve a ordenar la intervención de los abonados que ya venían siendo escuchados por la SIDE. Las transcripciones de las escuchas las realizaba Ebrahim, un iraní que de noche trabajaba como 'barman' de la whiskería Top Secret, propiedad del agente de la SIDE Raúl Martins. Entre copas y tragos, el 'barman' tradujo muchas grabaciones telefónicas antes y después del atentado, por ejemplo las de Mohsen Rabbani. Esos casetes con 40.000 horas de conversaciones desaparecieron porque comprometían a Rabbani y a la SIDE a partes iguales.

Existen evidencias sobre media docena de alertas previas que fueron ostensiblemente ignoradas, y que demuestran que el Estado argentino sabía que iba a ocurrir el atentado. El 18 de mayo de 1994, el exagente de Inteligencia Mario Aguilar Rizzi, que en esos días cumplía una pena de prisión en una cárcel de Buenos Aires, envió dos cartas certificadas por las autoridades del penal: a un juez federal y al exministro del Interior Carlos Corach. Denunciaba tener conocimiento de que en las próximas semanas iba a producirse un atentado, probablemente de gran magnitud contra una institución judía, y daba los nombres de algunos de los posibles terroristas. Anticipaba que el blanco más probable era la AMIA. El 4 de julio de 1994, el brasileño Wilson Dos Santos fue personalmente a los consulados argentino e israelí en Milán, luego declaró ante la embajada argentina en Italia, ante el consulado argentino en Sao Paulo y ante agentes de inteligencia brasileños y periodistas de la revista 'Istoé' para denunciar que “en los próximos días” iba a ocurrir un atentado contra una entidad judía de Buenos Aires.

Dos Santos, que trabajaba como agente de inteligencia para algún servicio brasileño, también formuló su denuncia en la embajada israelí, de lo que se desprende que el Mossad y la CIA estaban al tanto de los planes argentinos, lo cual no representa un dato menor. Esto explica por qué, a las pocas horas de producido el atentado, el Gobierno del primer ministro israelí Yitzhak Rabin propuso al Gobierno de Menem coordinar una interpretación unificada de lo sucedido, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones. Así se desprende de un cable del entonces embajador argentino en Israel, José María Otegui, a las 2:50 del 19 de julio de 1994.

El 18 de julio, día del atentado, el brasileño Dos Santos llamó desde Milán a la Policía Federal Argentina para dar los nombres de los supuestos terroristas.

Una década sin avances

En 2004, Alberto Nisman fue nombrado Fiscal especial para la causa AMIA y se le dieron todos los recursos humanos, económicos y el respaldo político para que desandara la trama de complicidades, engaños y encubrimientos que habían signado la investigación del ataque terrorista durante las administraciones anteriores. Nisman era la cara visible de la investigación, pero quien realmente decidía el rumbo de las pesquisas era el agente de inteligencia Antonio Jaime Stiuso, un veterano que ingresó en la central de Inteligencia antes de la dictadura y sirvió bajo el mandato de 17 presidentes -fueran democráticos o dictadores-, hasta convertirse en el hombre más poderoso de la inteligencia argentina, el conocedor de los secretos de gobernantes, jueces, empresarios y periodistas.

Nisman y Stiuso fueron los responsables de que en una década no se avanzara un milímetro en desentrañar la trama local del atentado. No se determinó la procedencia de los explosivos ni los detonadores, no se identificó a los argentinos expertos en demolición que armaron el artefacto, no se localizó ninguna casa operativa ni taller mecánico utilizados por los terroristas, ni se rastreó la pista del dinero con que se financió la masacre. La cantidad de detenidos por el atentado es elocuente: cero.

Cuatro días antes de su muerte, el fiscal denunció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto delito de encubrimiento. Escribió en su presentación judicial, y repitió a cuanto medio quiso entrevistarle, que la mandataria había ordenado en secreto, a su canciller, negociar con la república de Irán la “impunidad” de los cinco altos funcionarios iraníes sobre los que pesa hasta hoy una orden de captura de Interpol, para llevar adelante jugosos intercambios comerciales que jamás se concretaron.

Dijo que había descubierto que el memorando de entendimiento suscrito entre Argentina e Irán era la fachada de un acuerdo espurio y no una herramienta para acercarse a la verdad sobre el atentado. La denuncia carecía de pruebas, y era en realidad una maniobra desesperada para no ser relevado de su puesto después de que el jefe de los espías y su más íntimo colaborador, el agente Jaime Stiuso, fue expulsado de la SIDE, justamente por obstaculizar la investigación.

Manipulada por los servicios de Inteligencia, la investigación de Nisman sobre el atentado se movió siempre en una sola dirección: la de la pista iraní, la que también impulsaron desde el mismo día del atentado las agencias de espionaje estadounidenses y el Mossad israelí. Y nada más. Durante toda su gestión al frente de la fiscalía especial AMIA, el fiscal nunca pareció dispuesto a evaluar las responsabilidades de los servicios de inteligencia ni de un grupo de exmilitares 'carapintadas' protegidos por estos, en la concreción del atentado.

¿Por qué eso nunca se investigó? Lo que había que ocultar a cualquier precio era que la masacre podría haberse evitado.

A 22 años del atentado, se sabe lo mismo que a los siete días de la tragedia, y la conexión local sigue siendo uno de los secretos mejor guardados.

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