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La Asamblea Nacional de Venezuela, anulada: la maniobra más grave de Maduro
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"Nicolás dio un golpe de estado"

La Asamblea Nacional de Venezuela, anulada: la maniobra más grave de Maduro

El presidente de la Asamblea, Julio Borges, pide al Ejército que rompa su silencio ante la "ruptura del orden constitucional" y anuncia que el sábado habrá una marcha

Foto: Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional y miembro de la opositora Mesa de Unidad, da una rueda de prensa en Caracas, el 30 de marzo de 2017. (Reuters)
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional y miembro de la opositora Mesa de Unidad, da una rueda de prensa en Caracas, el 30 de marzo de 2017. (Reuters)

Anoche se ponía por escrito y mediante una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) algo que se estaba dando de facto: la anulación de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, controlada por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro. Se une a la sentencia de hace dos días en la que se quita la inmunidad parlamentaria a de los diputados. De fondo, las reuniones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la petición de la activación de la Carta Democrática para Venezuela. ¿Es un nuevo tablero de juego, la verificación del que ya estaba, la anticipación del Gobierno a la OEA o una patada en la mesa sin estrategia?

El Parlamento de Venezuela acusa a Maduro de dar un "golpe de Estado"

Desde que la Asamblea se instaló el 5 de enero de 2016 hasta hoy ha habido 69 “ataques suscitados” en su contra, según reza un informe de la propia institución. Entre ellos, 18 injerencias en la función legislativa y dos a la función presupuestaria por parte del Ejecutivo, así como la violación a la Constitución y al principio de contraloría de la Asamblea cuando el presidente, vicepresidente y ministros no presentaron los “Memoria y Cuenta” –algo así como la rendición de los Presupuestos Generales del Estado–, ante el Parlamento, sino ante el Tribunal Supremo. También con más de 50 sentencias y decisiones del Poder Judicial que anulan la mayoría de las leyes aprobadas por la Asamblea en este periodo, y ya, en última instancia, las sentencias del día 27 y 29, que anulan la inmunidad parlamentaria y dan un cierre al parlamento. La justificación, que es la misma que se desprende de la sentencia de ayer, es que los diputados “están en desacato”.

Foto: Un manifestante atichavista descansa tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Caracas (Reuters).
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El presidente de la Asamblea, Julio Borges, habló en horas de la mañana desde el edificio parlamentario sobre la sentencia después de, literalmente, romperla en pedazos. “Es una basura. Nicolás dio un golpe de Estado. Es la primera vez que dos sentencias le dan todo el poder para hacer las leyes que le dé la gana. EL TSJ se eligieron a ellos mismos y a nosotros [los diputados] 14 millones de venezolanos”. Borges pidió al Ejército que moviese ficha ante la "ruptura del orden constitucional" y que actuase como "el primer guardían de la democracia". También anunció que el sábado habrá una marcha, aunque no especificó más detalles.

“En la práctica estas sentencias vienen a demostrar lo que ya se hacía, la AN estaba bloqueada, el Ejecutivo asumió muchas cosas, pero el problema y la diferencia es que esta sentencia ya dice que la Sala Constitucional asume todas las funciones y competencias que son de la Asamblea”, explica Pedro Alfonso del Pino, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela. Si las funciones legislativa y contralora se quitaron a lo largo del año pasado, la última, la de representación popular, se quita de un plumazo con estas dos sentencias. “Es un arma mortal eliminar la inmunidad, da una desprotección absoluta y debilidad en el escenario político”, afirma el abogado, para quien pareciera que la Sala “se fastidió de sacar sentencias en este sentido y ya dio el cierre. Es el botón final que cierra la camisa”.

Foto: Venezolanos durante un saqueo en un almacen de alimentos en La Fría, Venezuela, el 17 de diciembre de 2016 (Reuters).
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El también abogado constitucionalista Gerardo Fernández dice que el TSJ tomó esta decisión como respuesta a los intentos de aplicación de la Carta Democrática de la OEA y como parte de su estrategia para mermar a la AN a partir de “el acuerdo de desacato sistemático, que están incurriendo en traición a la patria porque piden la Carta y que ahora ellos [la Sala o el Tribunal] asumen sus funciones”. A su juicio, lo que cambia respecto a lo que se venía haciendo es que “estamos al margen de la democracia, al margen del estado de Derecho, porque se formaliza la inexistencia de la AN. Eleva el tono del terrorismo judicial hacia el cuerpo político y hace una desviación del poder, porque con apariencia de legalidad logran un fin perverso”.

Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano matiza que, aunque antes hubiera un bloqueo sistemático, antes había actos declarativos y políticos de la AN que quedaron en Gaceta Oficial, leyes de rango menor que sí se aprobaron, “había un juego de formas democráticas que ahora se barre por completo”. Se suma el alcance del contenido en ambas sentencias y en concreto, de la última, el controversial punto 4.4 (Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por esta Sala Constitucional o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho). “Es la disposición de una nueva Constitución en Venezuela, la de la dictadura. Por tres líneas haces una mini carta magna donde puedes hacer lo que quieras”.

Qué viene ahora

Los magistrados del TSJ son elegidos por la Asamblea Nacional. El último cambio de parte de sus miembros se hizo el 23 de diciembre de 2015, elegida ya la nueva AN pero no instalada, es decir, con el hemiciclo aún con mayoría pro Gobierno, en una sesión extraordinaria y donde se nombraron, entre otros magistrados, a Calixto Ortega, ex diputado por el PSUV, partido de Gobierno. Ya con los opositores en el Congreso se instaló una comisión para investigar el proceso, pero la misma Sala Constitucional la frenó. Esta sala es a Venezuela lo que a España el Tribunal Constitucional, y los siete magistrados que la componen tienen más poder de decisión que la plenaria del TSJ, con 32. “Por encima de la Sala Constitucional, la Corte Celestial”, explica el profesor del Pino.

“Siento que se están anticipando a lo que puede pasar en la OEA, pero todo lo que tenemos es muy opaco”, señala Colette Capriles, analista política. Podría ser, bajo su punto, una estrategia para marcar la negociación desde más arriba, “porque aquí ya no hablamos de hacer elecciones generales para arreglar el país, sino de todo el sistema y el quiebre democrático”. Lo percibe como una “exageración inútil”, pues supone formalizar algo que ya estaba. Una suerte de torpeza de estrategia, concuerda del Pino: “el Gobierno se empieza a desesperar y actúa más con estómago que cabeza con el debate de la OEA, no tiene petrochequera para castigar fuera y toma la rabieta en casa”.

Foto: Venezolanos cargan con bienes tras un saqueo en La Fría, el 17 de diciembre de 2016 (Reuters).

Justamente la falta de liquidez podría estar detrás de esta decisión. Para aprobar negocios del Gobierno con cualquier ente internacional, se necesita la aprobación de la AN. Hasta ahora. “Puede que haya en puertas algún negocio con algún socio que se quiera quitar de encima al Parlamento pero que necesite algún tipo de garantía legal”, explica Capriles. De hecho, la sentencia va en ese sentido y da luz verde a PSVSA, la petrolera estatal, para que conforme empresas mixtas. “Lo necesitan para tener liquidez, como necesitan el préstamo que recién pidieron a CAF o los acuerdos para la explotación del arco minero”, dice del Pino.

El problema de que esta sea la motivación de la sentencia es que a corto plazo resuelve el posible bloqueo de la AN a contratos con, por ejemplo Rusia o China, pero a medio o largo plazo puede anular esos contratos. “Desde el punto de vista jurídico todos los contratos que no pasen por la Asamblea son susceptibles de ser anulados y desacatados en futuro”, plantea Gerardo Fernández, quien además pone el dedo en colaboraciones actuales y futuras: “Dudo que grandes aliados como los rusos y los chinos sigan ayudando bajo estas condiciones”.

La otra posible respuesta a por qué se emitió esta sentencia puede estar en la OEA. “ Se están anticipando a una situación más difícil y ponen más alta la vara de negociación, incluso provocan la suspensión del país. Pareciera que están jugando a un 'somos Cuba en el años 61', a que nos saquen a ver si son capaces, a no negociar la salida y salir peleado”, analiza Colette Capriles. Y si es así, habrá que ver entonces si políticamente hablando a Venezuela le depara el mismo futuro que a la isla caribeña.

Estados Unidos condena la "usurpación de poderes"

El Gobierno de Estados Unidos ha condenado la decisión de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de "usurpar los poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente", afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner.

"Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela", dijo el portavoz en un comunicado.

Toner subrayó que "las democracias del Hemisferio Occidental, reunidas esta semana en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidieron a Venezuela que respete sus instituciones democráticas mientras busca una solución negociada a sus crisis políticas, económicas y humanitarias".

Anoche se ponía por escrito y mediante una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) algo que se estaba dando de facto: la anulación de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, controlada por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro. Se une a la sentencia de hace dos días en la que se quita la inmunidad parlamentaria a de los diputados. De fondo, las reuniones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la petición de la activación de la Carta Democrática para Venezuela. ¿Es un nuevo tablero de juego, la verificación del que ya estaba, la anticipación del Gobierno a la OEA o una patada en la mesa sin estrategia?

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