Viaje al epicentro del mayor misterio de México
El centro del debate en el caso de los 43 estudiantes de Iguala sigue siendo la pira supuestamente improvisada en el basurero rural de Cocula. Viajamos hasta el lugar para desmontar la versión oficial
“Vamos a tomar en cuenta las consideraciones” realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), dijo Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal -el FBI mexicano-. El GIEI es el organismo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el visto bueno del Gobierno mexicano, y el domingo divulgó un informe de 560 folios en el que reveló con detalles los errores, omisiones y desvíos de lo que Jesús Murillo Karam (entonces procurador -fiscal- general de la República) definió como “la más grande investigación” de la historia: la de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, hace un año.
En declaraciones hechas el lunes, Zerón de Lucio asumía así la línea indicada desde la Presidencia de la República: no confrontar al GIEI y mostrar buena cara. Pero esa misma orden incluía no ceder terreno: era un acto de diplomacia que tanto Enrique Peña Nieto como Arely Gómez -sucesora de Murillo Karam como Procuradora General de la República (PGR)- ejecutaron el mismo domingo sin renunciar a la versión oficial ni mostrar incomodidad en la delicada postura en la que quedaron las autoridades. No fue tan sencillo para Zerón, quien al matizar el anuncio de que valorará las recomendaciones del GIEI, dejó la impresión de sentirse en el desamparo: “Pero al final, la verdad, estamos sobre el mismo camino, la verdad que tenemos nosotros es que en el basurero fueron ejecutados, fueron incinerados y posteriormente trasladados al río un número importante de estudiantes”.
De estos tres altos funcionarios, Zerón es el único que ha estado involucrado directamente en los trabajos que ahora han quedado desacreditados. La cabeza de Murillo Karam empezó a rodar el 3 de marzo, cuando fue reemplazado por Arely Gómez, y terminó de caer el 27 de agosto, al perder la posición de segunda línea (ministro de Desarrollo Agrario) en la que parecían haberle encontrado cobijo. La de Zerón sigue en su sitio, por el momento, y no se rinde en su defensa de lo que su exjefe Murillo Karam llamó “verdad histórica”: a medianoche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron trasladados a un lugar remoto en el municipio de Cocula, asesinados a balazos, bajados por la pendiente de un amplio hoyo que tiene forma de cráter y es usado como basurero, apilados como troncos e incinerados durante 12 o 16 horas, utilizando madera, neumáticos y plásticos como combustible.
Algo ha cambiado: en contraste con el despliegue de firmeza que hacía Murillo Karam, Zerón ya no asegura que ése fue el destino de la totalidad de los 43, sino tan solo el de un “número importante”; tampoco pretende sugerir que sabe qué pasó con los demás. Pero en lo fundamental, son conclusiones que el Gobierno no abandona, a pesar de que han sido cuestionadas o rechazadas por todo tipo de instancias, desde la oficial Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el mencionado grupo de expertos de la Comisión Interamericana, hasta los padres y compañeros de los 43 desaparecidos.
El hueso de Alexander
El informe del GIEI abarcó la totalidad de la investigación de la PGR, que pide “reorientar”. Descubrió que en los crímenes de Iguala no solo estuvieron involucrados los dos autobuses de la línea Estrella de Oro cuyos pasajeros desaparecieron y los dos de la compañía Costa Line que concentraron a los supervivientes, además del Castro Tours en el que, por confusión, fueron atacados adolescentes de un equipo de fútbol: había un Estrella Roja que apareció y desapareció de las averiguaciones oficiales, y que una vez que fue detectado por los expertos, se quiso hacer pasar por otro. No se conoce aún su paradero, aunque podría ser la clave que explique esta operación masiva que involucró al menos a 120 perpetradores y dejó, además de los 43 desaparecidos, a seis muertos, 40 heridos y un joven con muerte cerebral.
Igualmente, terminó de derribar la versión sostenida por todo tipo de funcionarios civiles y militares de que, a lo largo de la noche, solo participaron criminales y agentes municipales, con plena ignorancia de las autoridades federales: documentos de diversas autoridades y declaraciones ministeriales revelan que fuerzas estatales y federales, y el mismo Ejército Mexicano, no solo estuvieron enterados minuto a minuto de lo que acontecía, sino que hubo vigilancia de soldados y policías federales e incluso su intervención directa. Lo anterior implica que no se trató de un asunto limitado a escala municipal, sino que los actos susceptibles de ser faltas y crímenes, tanto de comisión como de omisión, alcanzan los niveles superiores, y que todo esto fue marginado de la investigación.
El centro del debate, sin embargo, ha seguido siendo el destino de los estudiantes y, en particular, la pira supuestamente improvisada en el basurero rural de Cocula. El informe del GIEI señala que la versión oficial está sostenida principalmente en los testimonios brindados por los presuntos ejecutores de los crímenes, de quienes se sospecha que pudieron haber sido torturados. Según sus declaraciones, grabadas en vídeo y hechas públicas, ocho sicarios trasladaron en una camioneta y un camión a los estudiantes al basurero, donde asesinaron a los 28 que seguían vivos, pues los demás habrían muerto aplastados por el peso de sus propios compañeros, apilados sobre ellos en los vehículos. Después los habrían hecho rodar cuesta abajo hasta el fondo del basurero del Hoyo del Papayo, 20 metros abajo.
Una inspección directa, realizada por este reportero, deja ver que esto es improbable. En primer lugar, porque donde se dice que arrodillaron a los jóvenes para asesinarlos uno a uno, no se aprecian huellas de sangre ni la investigación indicó que las hubieran hallado. Aunque la pendiente es inclinada, la basura está apelotonada de manera natural en lo que parecen terrazas de agricultura, que hubieran detenido el movimiento de los cadáveres. Sin acarrear nada, descender requiere de unos diez minutos, y una persona hubiera tenido que esforzarse empujando cada cuerpo, en la oscuridad de luna nueva y cielo cubierto a la medianoche, bajo una lluvia persistente.
La PGR fue incapaz de encontrar ahí un rastro directo de los jóvenes. El único elemento en las actas es un fragmento de hueso que los exámenes de ADN indican que perteneció al estudiante Alexander Mora, pero no provino del basurero y está en duda si efectivamente fue hallado donde se dijo -el río San Juan, a seis kilómetros de distancia-. De lo demás, se asegura que todo fue incinerado. Pero la sangre derramada durante la matanza no habría quedado expuesta al fuego, lo mismo que los restos de cabello, sudor, grasa y otros fluidos, o de ropa, que habrían quedado tras el arrastre de los cuerpos por metros y metros de basura. Todo esto habría provisto elementos de identificación mediante pruebas de ADN, pero nada fue reportado.
La pira inexistente
La súbita depresión conocida como Hoyo del Papayo (en la imagen) y utilizada como basurero es geológicamente interesante. Podría convertirse, efectivamente, en un gran horno. Pero en temporada seca: en tiempos lluviosos, como los de septiembre, es natural que en el fondo se produzcan acumulaciones de agua. Especialmente si llueve, como ocurrió ese día. Y sería necesario disponer del combustible.
Ya en diciembre del 2014, el doctor Jorge Antonio Montemayor, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el maestro Pablo Ugalde, habían presentado un documento titulado “Imposible la cremación de 43 normalistas en el basurero de Cocula”. Otros científicos habían refutado la versión de la PGR en entrevistas con reporteros, pero éste fue el primer informe sustanciado y fundamentado en una extensa bibliografía. Entre sus hallazgos, está el cálculo de la cantidad de material que habría sido necesario para mantener un fuego de 950ºC, que en ocasiones habría llegado a 1.600ºC, durante las 12-16 horas referidas, y la estimaron en 33 toneladas de troncos, de cuatro pulgadas de diámetro, y 995 neumáticos.
Entrevistado por el periodista, Montemayor señala: “33 toneladas son dos tráilers, o sea, dos cajas completas de un tráiler llenas de madera. Los troncos los tuvieron que haber talado, los tuvieron que haber puesto a secar por ocho o diez meses, tuvieron que ir los dos tráilers ahí, tuvieron que cortarlos y acomodarlos, tuvieron que haber previsto de qué largo iban a ser estos arreglos y de qué ancho, y para eso tuvieron que hacer cálculos, o por lo menos, tuvieron que, ya muy mala la situación, haber visto ya de perdida una foto de (las cremaciones en) la India, entonces, y luego los tuvieron que serruchar, de esas formas, de esos tamaños”.
Montemayor y Aldrete fueron acusados de exagerar los números. Pero ocho meses después, el peritaje del experto en incendios José Torero, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Queensland (Australia), incluido en el informe del GIEI, coincide: para cremar 43 cuerpos en las condiciones descritas harían falta 60 horas, 30.1 toneladas de madera, 13.3 toneladas de neumáticos y 13.33 toneladas de diésel.
Materiales que deberían ser alimentados a la pira a lo largo de la quema, añade. Para esto, en ese basurero, hubiera sido necesario descender a la base del fuego y arrojarlos desde ahí. Pero hubiese sido imposible acercarse a menos de 15 metros porque cualquier ser humano se hubiese quemado vivo.
Un fuego de esas dimensiones “hubiera generado un incendio forestal” y hecho arder plásticos, papeles y los desperdicios en general, dice el peritaje. Pero el basurero sigue ahí.
“Vamos a tomar en cuenta las consideraciones” realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), dijo Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal -el FBI mexicano-. El GIEI es el organismo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el visto bueno del Gobierno mexicano, y el domingo divulgó un informe de 560 folios en el que reveló con detalles los errores, omisiones y desvíos de lo que Jesús Murillo Karam (entonces procurador -fiscal- general de la República) definió como “la más grande investigación” de la historia: la de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, hace un año.
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