El Congreso argentino aprueba la expropiación de Aerolíneas Argentinas

Se trata de la primera expropiación que lleva adelante el gobierno del matrimonio Kirchner, considerando el mandato del ex presidente Néstor Kirchner y de su esposa. Durante el mandato del ex presidente se estatalizaron el Correo y la empresa de agua potable, pero tras haber llegado a acuerdos con las empresas que tenían las concesiones.

Las dos compañías aéreas fueron vendidas a la española Iberia en 1990 durante la presidencia del peronista Carlos Menem, y Marsans las compró en 2001 por el precio simbólico de un dólar, mientras el Estado español hizo un aporte de capital de 750 millones de dólares para que funcionaran. Desde que Marsans cedió el timón de las dos empresas al Gobierno argentino, el  Estado aportó más de 200 millones de dólares para garantizar el servicio de las dos compañías que controlan el 80% del mercado doméstico.

Utilidad pública

La ley aprobada hoy declara de utilidad pública a ambas empresas aéreas, garantizando su funcionamiento por parte del Estado que deberá instrumentar los mecanismos necesarios para cubrir las necesidades financieras de Aerolíneas y Austral y garantizar la prestación de servicios. El texto de la ley dice además que la expropiación apunta a garantizar la continuidad y la seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga, de las dos empresas y que tienen unos 9.000 empleados.

El senador Eric Calcagno defendió la intervención del Estado en el manejo de Aerolíneas Argentinas al sostener que la situación de esa empresa aérea en julio de 2008 tenía un parecido terrible a la que vivió el país en diciembre del 2001, cuando se declaró la suspensión de pagos de la deuda externa argentina.

 El titular de la comisión de Presupuesto, el senador oficialista Fabián Ríos, advirtió que el 65% de la deuda (de Aerolíneas) es la que garantiza la continuidad del funcionamiento de la empresa por los intereses y los insumos que están comprometidos. La oposición rechazó la iniciativa porque proponía la expropiación de las dos compañías sin deudas o directamente que se declarara la quiebra y crear una compañía nueva. El senador radical Gerardo Morales dijo estar de acuerdo con la apropiación sólo de los activos de Aerolíneas, con la creación de una nueva empresa.

El Gobierno de la presidenta Fernández y el grupo Marsans habían firmado un acta acuerdo para la venta de las acciones de las empresas al Estado, pero el proceso nunca llegó a buen término debido a la acuciada diferencia entre las evaluaciones del patrimonio de las empresas realizadas por los auditores de ambas partes.

Mientras el Tribunal de Tasación de la Nación estimó un precio negativo de 832 millones de dólares, Marsans sostuvo que las empresas tenía un valor de unos 400 millones de dólares, en base a un informe del banco privado Crédit Suisse, cuya tasación tuvo en cuenta el futuro flujo de fondos y el valor de la marca de la aerolínea de bandera.