La mitad de las gasolineras funciona con contratos nulos

Alrededor del 50% de las gasolineras de España, unas 4.000, funciona con contratos de suministro en exclusiva en los que se incluyen cláusulas que fijan directa o indirectamente el precio a empresarios independientes, algo contra lo que el Tribunal de la UE ha sentenciado hoy.

La sentencia de Luxemburgo viene a concluir que el suministro en exclusiva con contratos con recomendaciones de precio no es valido, explicó hoy en rueda de prensa el asesor jurídico de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEES), Alfredo Hernández.

En la práctica, según la patronal, las petroleras deberán revisar este tipo de contratos, firmados antes del año 2000, y sentarse inmediatamente con los empresarios de las estaciones de servicio para ofrecerles unos nuevos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció hoy en contra del sistema de suministro exclusivo de Cepsa a las estaciones de servicio, al considerar que es necesario que esos contratos den a las gasolineras ventajas económicas importantes.

La sentencia señala que un contrato de suministro exclusivo puede entrar en el ámbito de un artículo del Tratado de la UE que prohíbe las prácticas colusorias cuando el titular de la estación de servicio asume en una proporción no insignificante, uno o varios riesgos financieros relativos a la comercialización.

Además, ese contrato también puede entrar en ese artículo cuando contiene cláusulas que pueden menoscabar la libre competencia, como la referente a la fijación de los precios de venta al público.

Esta sentencia cambia el mercado, pone fin a estos tipos de contratos. Podrían producirse rupturas unilaterales por parte de los empresarios, señaló Hernández.

En España, el mercado está cerrado, cuatro petroleras fijan los precios de modo directo o indirecto y tratan a las gasolineras como meros comisionistas. Nosotros no intervenimos en los precios, denunció el presidente de CEES, Juan Prats.

En el mercado español hay alrededor de 8.000 gasolineras, de las que 2.000 son propiedad de las petroleras, según los datos facilitados por CEES.

De las 6.000 restantes, alrededor de 1.000 han firmado contratos en los que no se incluyen cláusulas con recomendaciones de precio, mientras que 4.000, propiedad de empresarios independientes, cuentan con contratos en exclusividad.

Desde la patronal reclaman poder fijar los precios finales de venta al público con libertad y esperan que esta sentencia sirva para que se liberalice de verdad el mercado y haya competencia real.

A su juicio, en los nuevos contratos los precios de los carburantes deberían referenciarse a la cotización internacional de las materias primas y a partir de ahí las estaciones de servicio tener margen para fijar el precio final de venta.

En España, los precios están alineados. El líder marca el precio y los demás lo siguen. No deberían conocerse los precios medios de venta, añadió Prats.

Además de esta sentencia, recordaron desde CEES, los servicios de investigación de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) han elevado al Consejo del organismo un informe propuesta en el que considera que Repsol, Cepsa y BP fijan de forma continuada los precios a los empresarios de las estaciones de servicio.

El pasado día 19 de agosto, el Consejo dio plazo a las petroleras para que aleguen sobre la posible infracción.