Sebastián revisará el tijeretazo a la energía fotovoltáica... aunque sigue sin satisfacer al sector

Miércoles por la tarde. El secretario general de Energía, Marín Uribe, había citado en su despacho a las tres patronales que representan a las empresas con intereses en el negocio de la energía solar. Todos acudían resignados, después de muchas semanas de fuego cruzado entre ambas partes, pero algo esperanzados tras las palabras pronunciadas estas semanas por el ministro del ramo, Miguel Sebastián, donde dejó ver una posible revisión del nuevo marco legal que afectará al sector fotovoltaico.

 

La alegría duró muy poco. Uribe comunicó a los representantes patronales que el espíritu de la ley no cambiará en los sustancial: habrá cupo para el crecimiento y se recortarán las primas para el precio del megawatio. Sin embargo, para demostrar cierta sensibilidad a las reclamaciones efectuadas durante las últimas semanas, el secretario general de Energía confirmó que habrá un colchón –“un extra”- para la cuota de 2009 y 2010, limitada inicialmente a 300 megawatios al año.

Según fuentes del mercado, este aumento extraordinario podría elevar la cuota a 400-450 megawatios al año, una cifra que sigue pareciendo insuficiente a los industriales, como explica Juan Laso, presidente de la Asociación de Empresas Fotovoltaicas (AEF). “No se ha concretado nada”, reconoce con un tono algo desanimado. “Debe negociarse en la comisión delegada”. Sin embargo, la confirmación de que todo seguirá igual, o casi, deja las reclamaciones de la industria en el alero.

Tras unos años de crecimiento vertiginoso, los huertos solares han pasado a acarrear con el estigma de haber contribuido sobremanera a la subida de la tarifa. Por ello, Industria está dispuesta a continuar primando las placas solares, pero aquellas vinculadas con el autoconsumo, no con la producción. Por ello, mantendrá una prima importante para las instalaciones de tejado no superiores a 20 kilowatios. Una salida que no salvará las inversiones millonarias comprometidas desde hace años en el sector.

“No se pueden mandar unos mensajes y luego hacer otras cosas”, afirma Laso, director general de T-Solar, empresa participada por Isolux. “Sólo en lo que va de año, los industriales –fabricantes de paneles solares- hemos invertido 600 millones de euros, de un total de 1.500”. Para ellos, el escenario es especialmente negativo, con decisiones que afectarán a los puestos de trabajo creados en los últimos años. “Si actualmente se importa el 70% de los componentes, a partir de ahora será el 100%”.

También ayer se sumaron a la defensa de la industria fotovoltaica otros organismos bien distintos y heterogéneos. CCOO, Ecologistas en Acción, Greenpeace, UGT y WWF-Adena criticaron en un comunicado la actuación del Gobierno, al que sugieren que “debe modificar su propuesta de nueva regulación para la energía fotovoltaica, ya que conllevará, en caso de aplicarse tal y como está, una drástica reconversión sectorial que pone en peligro la viabilidad de numerosas empresas y de miles de puestos de trabajo”.

Además, este cambio regulatorio supone “un insólito paso atrás en la lucha contra el cambio climático”. En opinión de sindicatos y ecologistas, “España debe mantener su apuesta por ser uno de los líderes mundiales en el desarrollo de la fotovoltaica, una de las fuentes de energía con mayor potencial de todas, y una de las mejores opciones del país para luchar contra el calentamiento global y disminuir su dependencia energética”.