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¿Hay vida después del concurso? Los acreedores sólo aprueban un 2% de los convenios
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ANTONIA MAGDALENO, ADMINISTRADORA CONCURSAL DE MARTINSA

¿Hay vida después del concurso? Los acreedores sólo aprueban un 2% de los convenios

La crisis puede dejar un agujero de dimensiones considerables en el tejido empresarial español. De acuerdo con datos del segundo trimestre, sólo en este periodo 631

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¿Hay vida después del concurso? Los acreedores sólo aprueban un 2% de los convenios

La crisis puede dejar un agujero de dimensiones considerables en el tejido empresarial español. De acuerdo con datos del segundo trimestre, sólo en este periodo 631 empresas solicitaron el concurso voluntario de acreedores ante los juzgados de la Mercantil, concentrándose un 40% de estas actuaciones en las comunidades autónomas de Cataluña y Valencia. Un aluvión de solicitudes que además de evidenciar el calado de la crisis ha colapsado las instancias judiciales.

 

A pesar de las ventajas que ofrece la figura jurídica del concurso de acreedores, los números del segundo trimestre demuestran que sólo diez empresas han concluido el proceso con un convenio de acreedores aprobado. El resto, como ayer expuso durante su intervención en unas jornadas la abogada Antonia Magdaleno, socia-directora de Procesal en el despacho Broseta Abogados y administradora concursal de Martinsa-Fadesa, va directamente a liquidación.

¿Es una solución el concurso de acreedores? “Sí, pero con matices”, reconoció Magdaleno ante los asistentes a la cita “Cómo ser rentable en tiempo de crisis”, el encuentro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la consultora Improven ayer martes en Madrid. “El concurso de acreedores no es una solución en sí misma. Es la vía para poner en práctica el plan que tenemos pensado. Sólo cuando falta el apoyo de los bancos se debe pasar al concurso”.

En principio, las ventajas que ofrece la fórmula del concurso –un año sin pago de intereses, sin ejecución de bienes y con facilidades para abordar un ERE- no sirven de nada si no existe un plan de viabilidad precio a la solicitud del concurso. Como demuestran los números, “el concurso sirve de poco si lo que se hace durantes ese periodo es un proceso de liquidación”, subraya Magdaleno. “Debe acudirse con unos mínimos recursos financieros para los gastos necesarios de proveedores y empleados”.

Tampoco tiene mucho sentido que el mismo equipo directivo que lleva una compañía a concurso de acreedores sea el encargado de su gestión durante este proceso. “Es necesario contratar a profesionales expertos en estas situaciones”, recuerda la administradora de Martinsa-Fadesa. “Con esta decisión se manda un mensaje para recuperar la confianza del mercado, acreedores y proveedores”. En definitiva, activar el plan de salvamento para aprovechar el blindaje temporal que ofrece el concurso.

Por los datos del mercado, sólo un porcentaje mínimo de compañías llega a la fase final del convenio de acreedores. De acuerdo con la Ley Concursal, existe la posibilidad de una quita máxima del 50% del pasivo y un tope de espera de 5 años, mientras que el mínimo para que se abra la fase de calificación del concurso debe incluir una quita minima del 30% y superar los tres años de espera para el pago. La realidad, sin embargo, demuestra que la liquidación suele ser la protagonista.

Más optimista se muestra el socio director de Improven, Eduardo Navarro. En su opinión, una de cada cuatro empresas saldrá reforzada de la crisis. Un escenario adverso que se convierte en una gran oportunidad para muchos jugadores de distintos ámbitos, de acuerdo con las conclusiones obtenidas analizar más de 70 empresas de 14 sectores que han sufrido crisis en los últimos años. “El efecto concentración, el refuerzo del líder y la focalización en los nichos son los principales motivos por los que muchas empresas salen reforzadas”.

La crisis puede dejar un agujero de dimensiones considerables en el tejido empresarial español. De acuerdo con datos del segundo trimestre, sólo en este periodo 631 empresas solicitaron el concurso voluntario de acreedores ante los juzgados de la Mercantil, concentrándose un 40% de estas actuaciones en las comunidades autónomas de Cataluña y Valencia. Un aluvión de solicitudes que además de evidenciar el calado de la crisis ha colapsado las instancias judiciales.

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