La compra de suelo del Gobierno sólo permitirá edificar 3.000 viviendas protegidas

Pura cosmética. La decisión del Gobierno de comprar suelo por valor de 300 millones de euros para la construcción de vivienda protegida difícilmente puede justificarse como un plan de rescate a unas inmobiliarias que adeudan en conjunto más de 300.000 millones. Representa apenas un uno por mil. Tampoco puede considerarse una medida para reforzar la política de vivienda protegida del Ejecutivo. Y es que ese desembolso apenas permitirá la construcción de 3.000 viviendas de protección oficial, una cifra menor si se tiene en cuenta que en 2007 el número de VPO terminadas superó las 67.000, según datos del Ministerio de Vivienda.

Aunque sea un ejercicio meramente teórico, esos 300 millones de euros permitirían a la agencia estatal especializada en promover suelo residencial (Sepes), dependiente de Vivienda y encargada de la operación, adquirir unos 270.000 metros cuadrados de suelo considerando que el metro cuadrado de VPO cotiza de media en España a unos 1.200 euros. Ese escenario permitiría edificar no más de 3.000 viviendas protegidas de una dimensión media de entre 85 y 90 metros cuadrados, eso sí, sin consideran otros costes.

Los primeros meses del año se presentan inquietantes para todo el sector, y la vivienda protegida no ha quedado al margen de la problemática general. Entre enero y marzo, últimos datos disponibles, el número de VPO iniciadas alcanzó las 9.439, frente a las 22.635 del mismo periodo del año anterior, lo que permite vaticinar una debacle a final de año. Sólo en enero de 2007 ya se habían iniciado casi 8.000 viviendas. El análisis de la cifra de vivienda protegida terminada, aunque reduce algo la brecha, no modifica la conclusión: 19.024 en el primer trimestre del pasado ejercicio frente a 13.988 de este año.

El Ministerio de Vivienda prevé empezar a recibir ofertas en octubre y que el concurso duré tres meses. La intención es adquirir suelos susceptibles de una transformación inmediata y aquellos situados en poblaciones con una mayor demanda de vivienda. No obstante, el anuncio deja muchos puntos oscuros. En primer lugar, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, no aclaró si la intención de comprar suelo finalista implica que sólo se tendrá en cuenta el ya calificado como urbanizable -del que las empresas no querrán desprenderse si no es a un precio atractivo-. Falta igualmente por saber si esos solares se volverán a subastar entre las promotoras dispuestas a construir vivienda de protección oficial.

Tampoco se ve demasiado clara la pretensión de que sea una comisión, con papel protagonista de comunidades autónomas y ayuntamientos, quien evalúe las ofertas a partir de unos criterios definitivos que saldrán de la reunión que en septiembre tendrá Sepes con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Sin esperas

Una fórmula que no convence demasiado al sector. En la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) existe el temor de que el proceso no goce de todos los criterios de transparencia necesarios. “Es fundamental que exista un baremo prepublicado de cómo se adjudicará esa compra. La ministra ha hablado de la adquisición de solares privados en régimen de concurso, pero se ha referido a criterios técnicos para la adjudicación. Debe irse más allá y haber un baremo de puntuaciones que no deje lugar a la duda”, concluyen.

No obstante, estas fuentes precisaron que la medida es positiva, en tanto se compra suelo barato al tiempo que se ayuda a unas empresas que atraviesan momentos de dificultad, aunque como matices. “Y es que ya que se ponen manos a la obra, y con el stock de viviendas existente, podrían haber comprado directamente casas que ya están edificadas”, apuntan fuentes de la APCE. “Eso permitiría ponerlas en el mercado sin esperar, ya mismo”, subrayan.