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Bonificaciones a la contratación: disparos de fogueo para un desafío mayúsculo
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Ayudas de hasta 9.000 euros

Bonificaciones a la contratación: disparos de fogueo para un desafío mayúsculo

La reforma de las políticas activas de empleo muestra una preocupante persistencia en medidas ampliamente implementadas con resultados escasamente satisfactorios

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La crisis del coronavirus ha vuelto a confrontar España con su gran talón de Aquiles económico: la debilidad estructural del mercado laboral. Aunque el uso masivo de los ERTE ha logrado suavizar las cifras de destrucción de empleo, el país encara los últimos meses de 2020 al filo de la barrera de los cuatro millones de desempleados y con la mayor parte de los organismos advirtiendo del peligro de un 2021 mucho más dañino para el mercado de trabajo.

Es en estas complicadas circunstancias donde se enmarca la reforma del real decreto por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo que ha planteado el Gobierno y en el que se presentan, como medidas más destacadas, las propuestas de bonificación para la contratación por un máximo de 9.000 euros.

Ante la dureza de la crisis, resulta muy tentador asumir una visión favorable de este tipo de ayudas. Al fin y al cabo, puede asumirse, como indica Lorenzo Serrano, investigador del IVIE y catedrático de la Universitat de València, que "las bonificaciones pueden impulsar la contratación al reducir el coste del trabajo, como cualquier otra medida que reduzca los costes de las empresas, y en ese sentido son preferibles a políticas pasivas de mantenimiento de renta de los parados".

No deja de resultar chocante que los incentivos a la contratación se conviertan en pieza clave de la acción de un Gobierno que planteaba limitarlos

Sin embargo, no deja de resultar chocante que sean este tipo de medidas las que abanderen el plan de un Gobierno que en su propio programa ya abogaba por limitarlas. Es indudable que las circunstancias actuales distan mucho de las que rodeaban la redacción de aquel acuerdo, pero muchas de las razones que justificarían poner coto a este tipo de políticas no son hoy menos notorias, sobre todo por la necesidad que tiene el Ejecutivo de enfocar sus escasos recursos hacia las actuaciones de mayor eficacia.

En gran medida, el principal problema al que se enfrentan estas políticas en el momento actual es que corren un grave riesgo de beneficiar a quienes menos lo necesitan, dejando de lado los sectores y empresas más vulnerables. "Estas ayudas llegarán a las empresas que pueden permitirse contratar en el momento actual, y sin duda les supone una ayuda. Pero el verdadero problema está en aquellas que están enfrentando una situación de brusca contracción de la demanda, por la crisis, que lo que se están planteando es recortar empleos o echar el cierre. Y a eso no llegan estas ayudas", explica José Canseco, profesor de Recursos Humanos de EAE Business School.

En una reciente evaluación de las políticas activas de empleo, la AIReF ya apuntaba los beneficios modestos de este tipo de incentivos a la contratación, que además no suelen perdurar en el tiempo. No obstante, el organismo de control fiscal sí asumía su interés a la hora de estimular la contratación de colectivos específicos de baja empleabilidad. Pero el documento preparado por el Ministerio de Trabajo abre la puerta a bonificaciones generalizadas de hasta 4.000 euros, una medida que amenaza con cargar estas políticas con enorme "peso muerto", en forma de gastos elevados y poco eficientes.

Sí cabe señalar, no obstante, que buena parte de las ayudas sí aparecen enfocadas hacia la contratación de jóvenes, mujeres y parados de larga duración. Sin embargo, tal y como advierte Marcel Jansen, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador asociado de Fedea, estos colectivos más vulnerables lo que requieren son unas mejoras de su empleabilidad que no se ven, precisamente, garantizadas por el actual sistema de bonificación. A este respecto, Jansen considera negativo que se sigan ligando estas bonificaciones a la creación de contratos indefinidos que "con frecuencia no están al alcance de estos colectivos. Y cuando se crean estos contratos no suelen sobrevivir más allá del límite exigido".

"En España, existe cierta obsesión por mejorar la calidad del empleo a través de bonificaciones, que no es otra cosa que comprar esa mejora que las empresas no están dispuestas a asumir. Sería mucho mejor reestructurar el marco normativo para facilitar esta mejora de la calidad del empleo", observa el experto de Fedea.

Es obvio que la búsqueda de la mejora de la calidad del empleo es un objetivo loable en un país que lleva años padeciendo los efectos de la precarización del mercado laboral. Pero hacer de esto la prioridad del Ministerio de Trabajo ante la situación actual puede resultar poco acertado si se asume, como indica Canseco, que "el problema ahora del mercado laboral español no es la calidad del empleo sino la falta de empleo".

La ligazón de las bonificaciones a contrataciones indefinidas puede suponer un freno a la empleabilidad de los colectivos más vulnerables

Esta visión más integral de la necesidad de soluciones del sistema laboral es lo que más echan de menos los expertos en el texto de la reforma. "En España, en materia laboral, hay una tendencia a dedicar recursos sobre todo a las políticas pasivas, y dentro de las activas, a las bonificaciones, en detrimento de otro tipo de políticas activas (como las de formación y asesoramiento personalizado al parado) que no son tan sencillas de aplicar, pero que se han demostrado muy efectivas en otros países de nuestro entorno", comenta Lorenzo Serrano.

Una lectura similar hace Marcel Jansen, que lamenta que esta reforma resulta "un ejercicio bastante estéril", dado que "no introduce cambios fundamentales en un sistema que funciona mal". El experto apunta que, una vez más, el Ejecutivo no parece adoptar las mejoras dictadas por evaluaciones como la reciente revisión exhaustiva realizada por la AiREF, bajo acuerdo con la Comisión Europea, o por la propia evidencia, de modo que persiste en unas políticas aplicadas con insistencia y con resultados poco satisfactorios. "No veo innovación por ningún lado", comenta el profesor de la UAM, quien, además, advierte de que el documento ni siquiera hace referencia a la crisis del coronavirus y a los desafíos que genera: "Parece estar escrito en una etapa de bonanza".

Sin una reforma completa del sistema, la política de bonificaciones corre el riesgo en convertirse en una medida mucho más vistosa (y costosa) que efectiva. "La modernización de las políticas activas de creación de empleo debe jugar un papel muy relevante en hacer de España un país más resiliente. Pero mientras lo que se haga sea meter más dinero en el sistema sin mejorar la calidad y la capacidad del servicio, es dinero tirado", sentencia Jansen.

La crisis del coronavirus ha vuelto a confrontar España con su gran talón de Aquiles económico: la debilidad estructural del mercado laboral. Aunque el uso masivo de los ERTE ha logrado suavizar las cifras de destrucción de empleo, el país encara los últimos meses de 2020 al filo de la barrera de los cuatro millones de desempleados y con la mayor parte de los organismos advirtiendo del peligro de un 2021 mucho más dañino para el mercado de trabajo.