Martínez-Echevarría pierde contra un socio que fichó Andersen en pleno caso Albert Rivera

Nuevo revés para el bufete Martínez-Echevarría. En un caso que inevitablemente trae a la cabeza la disputa que el despacho de abogados mantiene con Albert Rivera, la magistrada Beatriz Prestel, del Juzgado de lo Social Número 46 de Madrid, ha desestimado íntegramente la demanda de cantidad interpuesta por el despacho de abogados andaluz contra su antiguo socio responsable de Inmobiliario, Javier Lacleta.

El caso se remonta a la primavera del año pasado, cuando Andersen oficializó los fichajes de Lacleta y de Javier Martín-Merino, hasta entonces socio de Verdegay Abogados, para reforzar sus prácticas de Inmobiliario y Urbanismo. El primero cuenta con más de 25 años de experiencia como letrado, una carrera desarrollada tanto en la Administración pública como en el sector privado. Su estancia en la firma que preside Rafael Martínez-Echevarría había sido de apenas año y medio, bufete en el que había aterrizado desde Maio Legal.

Tras el anuncio de su marcha, Martínez-Echevarría acusó a su antiguo socio Lacleta de incumplimiento del pacto de no competencia, en concreto, de la parte referida a "no colaborar, asociarse o compartir proyecto profesional por plazo de dos años, con abogado que lo haya sido de este despacho profesional, o con personas que en otros puestos hayan mantenido relación laboral o mercantil con el mismo", según viene recogido en la sentencia a la que ha tenido acceso este medio.

Se da la circunstancia de que, esa misma primavera de 2022, Andersen también anunció el fichaje de Pablo Doñate como nuevo socio de Procesal y Arbitraje de su oficina de Madrid. Hasta esa fecha, Doñate había sido socio coordinador del mismo departamento en Martínez-Echevarría y uno de los pesos pesados del bufete dirigido por Vicente Morató. Fuentes jurídicas aseveran que el de Lacleta no es el único pleito abierto por el bufete andaluz contra socios y profesionales que han dejado la firma recientemente —también han pleiteado contra las asociadas Claudia Martínez Niño y Elena Guitian, con el mismo resultado—; incluso, afirman que es práctica frecuente.

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Sin embargo, la jueza sostiene que "el pacto contiene limitación simplemente por coincidir con cualquier otra persona que hubiera mantenido relación laboral con el Despacho o se determina a qué tiempos hay que remontarse. Parece ser posible que desde la creación de la firma, todo aquel que prestara servicios para ella, es susceptible de provocar el incumplimiento del pacto del actual trabajador que voluntariamente también desee abandonarla".

En consecuencia, concluye que no es válido, pero no comparte que sea nulo de pleno derecho, como señalaba Lacleta, y desestima el pago de una indemnización por daños y perjuicios tras razonar que, "si tan valioso era el actor como activo personal de la empresa, capaz de conseguir altas cotas de facturación para la misma, bien podría habérsele hecho partícipe del resultado para desincentivar su marcha", por tanto, "su marcha no puede ser considerada desleal".

Esta sentencia no es firme, ya que cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al superar la cuantía reclamada la cantidad de 3.000 euros.

Este fallo coincide en el tiempo con el revés que también ha recibido Martínez-Echevarría del Juzgado Número 17 de lo Mercantil de Madrid, que ha desestimado la demanda del bufete de abogados en la que reclamaba al expresidente de Ciudadanos 1,6 millones por conducta desleal.

Como adelantó El Confidencial, este es uno de los primeros frentes legales de la batalla judicial que se abrió tras la decisión de Rivera de dejar el despacho en el que estuvo cerca de dos años, desde su salida de Ciudadanos hasta febrero de 2022, cuando decidió dar por concluidas sus relaciones contractuales con la firma. Junto a él, también abandonó el bufete su antiguo compañero de filas en el partido naranja, José Manuel Villegas.

Esta sentencia no es firme, ya que cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia

Ambos acusan al Martínez-Echevarría de incumplimiento de contrato, tanto en lo que se refiere al papel que se les prometió como presidente ejecutivo y vicepresidente, respectivamente, como por la falta del pago del variable y de la entrega de una parte del capital de Right Option, sociedad que está detrás de Martínez-Echevarría.