Los denunciantes desconfían: a los canales llega mucha queja laboral y poca corrupción

El pasado martes 13 de junio entró en vigor para las empresas de 250 trabajadores o más la obligación de contar con un canal de denuncias. Un compromiso que, en diciembre, se extiende también a las compañías de entre 50 y 249 empleados. Este requisito, que se introduce fruto de la trasposición de una directiva europea, pretende facilitar y potenciar la persecución y lucha contra la corrupción en los sectores público y privado, pues, como señala el preámbulo de la ley 2/2023 que regula estos buzones, "son muchos los ejemplos de actuaciones cívicas que advirtieron de la existencia de prácticas irregulares y de corrupción" que, posteriormente, han dado lugar a investigaciones policiales y judiciales.

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Sin embargo, un reciente estudio de la EQS Group revela que en España aún hay trabajo por hacer para que cale la cultura de la denuncia. Bien por el temor del denunciante a sufrir represalias —a pesar de que la ley establece una serie de medidas de protección para evitarlas—, bien por la demonización que en la tradición española tiene el chivato o delator, lo cierto es que en las corporaciones de nuestro país los casos de corrupción, sobornos u otras irregularidades que se comunican a través de los canales es la mitad que en el resto de países en las que se emplea esta herramienta. Así, si la denuncia de este tipo de conductas estuvo presente, de media, en el 25% de los asuntos de los buzones de las empresas del mundo, en España la cifra se reduce al 13%.

En cambio, lo que sí parece que han encontrado los empleados españoles es una vía en la que confían para trasladar problemas laborales, conflictos con superiores o compañeros u otras conductas relacionadas con el ámbito de los recursos humanos. En el 50% de los casos reportados en nuestro país había componentes de este tipo en las denuncias, una proporción que, en el resto del continente, se rebaja al 42%.

Desde EQS comparten el diagnóstico de que en España "todavía hay camino por recorrer" en relación con la comunicación de infracciones, "que aún es un tema controvertido que necesita desarrollarse más". Por ello, explican, los informantes en nuestro país se sienten más cómodos trasladando asuntos laborales que de corrupción, aunque para las empresas las irregularidades pueden tener consecuencias mucho mayores que un problema de recursos humanos.

Cumplimiento de la ley

La encuesta, elaborada con las respuestas de más de mil compañías de 30 países diferentes, revela que en todos las jurisdicciones el principal motor para la activación de los canales de denuncia ha sido el cumplimiento de la normativa (en torno al 80%). Seis de cada diez consultados también mencionaron un segundo factor vinculado con los programas de compliance —el desarrollo de una cultura de cumplimiento—, y, en menor medida, se citó la voluntad de mejorar la imagen de la empresa o evitar pérdidas financieras o daños reputacionales.

En relación con el número de denuncias recibidas a través del buzón, la cifra más habitual se sitúa por debajo de una decena, y solo una de cada cuatro no tuvo ninguna comunicación. Las compañías que han recibido más de 10 chivatazos, apenas llegan al 20% en nuestro país. En el resto de jurisdicciones, sin embargo, esta proporción escala hasta el 25%.

¿Cómo deben interpretarse estos datos? Murray Grainger, country manager de EQS para España y Portugal señala que en las grandes empresas, como el Ibex 35 o multinacionales similares, el grado de integración de los canales de denuncia en la cultura corporativa es alto. De ahí, continúa, que más del 50% de las organizaciones en nuestra jurisdicción cuente con un buzón de este tipo desde hace tres años. "Sin embargo, las compañías pequeñas y medianas es algo que están adoptando ahora, desde la entrada en vigor de la ley, por lo tanto, es un camino que aún hay que trabajar para favorecer una cultura empresarial más ética y transparente".

De hecho, desde la aprobación de la ley de protección al denunciante, seis de cada diez organizaciones admite haber creado la herramienta o haber mejorado sus prestaciones. El 37% asevera que ha implantado ya el canal o ha iniciado los trámites para su implementación y el 21% asegura que ha "ampliado" las vías por las cuales los trabajadores o proveedores pueden comunicar irregularidades o incumplimientos.

Ante la implantación obligatoria del canal de denuncias, desde EQS señalan que el reto al que se enfrentan actualmente las corporaciones es el desarrollo desde este instrumento en el entorno digital, pues hasta no hace demasiados años se empleaban vías analógicas, como el correo electrónico o las líneas telefónicas. Los nuevos procesos y la gestión de la información digital son asuntos que muchas compañías se encuentran actualmente gestionando e integrando en su día a día, teniendo en cuenta, además, que la nueva ley requiere que se permita el anonimato del informante.