DENUNCIAS CIUDADANAS IMPULSAN EL 25% DE ACTOS

Euskadi cierra 68 pisos turísticos ilegales en 15 meses y abre un buzón del fraude anónimo

El Gobierno vasco abre 234 expedientes contra alojamientos por incumplir la normativa de julio de 2018, de los que, a día de hoy, 91 se enfrentan a multas que oscilan entre 10.000 y 100.000 euros

Foto: Dos turistas descansan con sus maletas en el paseo de La Concha de San Sebastián. (EFE)
Dos turistas descansan con sus maletas en el paseo de La Concha de San Sebastián. (EFE)

El Gobierno vasco ha procedido al cierre de 68 pisos turísticos desde la entrada en vigor a finales de julio de 2018 del decreto que regula el alojamiento en viviendas y habitaciones particulares para uso turístico por estar funcionando de manera clandestina, por lo que sus propietarios se exponen, además, a multas que pueden alcanzar los 100.000 euros. Durante estos 15 meses, el Ejecutivo de Vitoria ha abierto un total de 234 expedientes contra alojamientos por incumplir la normativa vigente, de los que, a día de hoy, 91 contemplan sanciones para sus responsables, que se enfrentan a un castigo económico mínimo de 10.000 euros en cada caso.

La apertura de expedientes descansa en buena parte en las actuaciones de oficio llevadas a cabo por el personal de inspección de la Oficina de Turismo, aunque un número importante de actuaciones se emprende a impulso de los propios ciudadanos, que alertan de situaciones irregulares. De hecho, uno de cada cuatro expedientes se inicia a raíz de denuncias anónimas recibidas por los inspectores.

Por ello, a la vista de la relevancia que está cobrando con el paso de los meses la colaboración ciudadana en la actividad de control de la actividad turística “ordenada y legal”, el Gobierno vasco ha decidido reforzar la vía de la implicación de la sociedad para atajar conductas irregulares y ha habilitado un buzón virtual para denunciar de forma anónima el fraude en las viviendas turísticas.

El buzón virtual canaliza las denuncias de viviendas irregulares a través de un formulario: las personas deben facilitar un 'e-mail' para el acuse de recibo

La entrada en funcionamiento de esta herramienta pretende “intensificar los controles y mejorar la detección de las actividades clandestinas” en las viviendas y habitaciones de casas particulares para uso turístico, según destaca la consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez, quien​ justifica la puesta en marcha de este buzón para poner en manos de los ciudadanos un "cauce adecuado" que los "anime" a presentar denuncias sobre posibles pisos turísticos irregulares. La realidad, subraya, es que los ciudadanos "ya nos hacen llegar" sus denuncias sobre actividades clandestinas, por lo que se trata de "facilitarles" la situación de cara a la presentación de las mismas. El buzón está activo desde este lunes en la web del departamento, que canaliza las denuncias relativas a viviendas o habitaciones irregulares a través de un formulario que debe rellenar la persona comunicante, que tiene que facilitar a la Administración un correo electrónico únicamente para el acuse de recibo de la denuncia.

En ningún caso, según deja constancia el Ejecutivo de Vitoria en el propio formulario, esta vía otorga por sí mismo a quien informa del posible alojamiento irregular “la condición de denunciante ni de interesado en el procedimiento sancionador que pudiera iniciarse”. Por ello, la persona “no será informada de los trámites realizados o del resultado final” de la actuación emprendida. Si se desea disponer de la condición de denunciante en el procedimiento sancionador que pudiera iniciarse, el implicado deberá presentar una denuncia formal en la Oficina de Quejas, Reclamaciones y Denuncias en el sector turístico (en este caso, sí se requiere la identificación).

La consejera vasca de Turismo, Sonia Pérez. (EC)
La consejera vasca de Turismo, Sonia Pérez. (EC)

El impreso de denuncia virtual obliga a marcar al menos una irregularidad detectada, entre ellas, que la vivienda para uso turístico no está inscrita en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del País Vasco (Reate), que no se ha colocado el pertinente distintivo en el exterior del edificio o junto a la puerta de entrada de la casa o que se alojan en el piso más personas de las permitidas. Otras opciones de denuncia son no disponer la vivienda de un seguro de responsabilidad civil que garantice los daños a los usuarios o a terceras personas como consecuencia de la actividad alojativa, el engaño en la publicidad, que no responde a la realidad de los servicios prestados, o la vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas en la actividad publicitaria de la vivienda.

El 75% de los expedientes sancionadores se debe a que la vivienda no está inscrita en el registro

La realidad de los 15 meses transcurridos desde la entrada en vigor del decreto dice que el principal motivo de sanción se debe al ejercicio de actividades clandestinas. Así, tres de cada cuatro expedientes sancionadores tramitados obedecen a que las viviendas no están inscritas en el registro, tal y como establece la normativa vigente desde el 26 de julio de 2018 tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Estos pisos han sido obligados a cesar en su actividad y ahora sus propietarios se enfrentan a una sanción mínima de 10.000 euros. Por su parte, el 16% de los expedientes sancionadores corresponde al ejercicio de la actividad en una modalidad diferente a la declarada y el 6,8%, por ofertar más plazas de las declaradas y autorizadas. Las sanciones por estas infracciones oscilan entre los 10.000 y 100.000 euros.

Para acabar con estas prácticas irregulares, la consejera de Turismo ha llamado a la ciudadanía a hacer uso de este buzón contra el fraude, con emplazamientos además a que las denuncias que se formulen incluyan “un relato de los hechos lo más amplio posible”, aportando incluso información sobre los titulares de las viviendas o habitaciones particulares, de cara a “facilitar el procedimiento de comprobación” por parte de los inspectores para incoar el expediente sancionador y/o, en su caso, decretar el cierre inmediato del alojamiento. Esta herramienta de la denuncia anónima se suma a la “mejoría en materia de detección de actividades fraudulentas” que ha conllevado el incremento del número de efectivos dedicados a las labores de inspección, con una plantilla que en la actualidad se compone de 14 personas que se encargan de comprobar que las viviendas cumplen los requisitos, el primordial, estar inscritas en el Reate.

Hay censadas 3.060 viviendas de uso turístico en el registro vasco, de las que el 64,6% está ubicado en Guipúzcoa (siete de cada 10, en San Sebastián)

A día de hoy, en el registro hay censadas un total de 3.060 viviendas y 581 habitaciones particulares para uso turístico. El 64,6% de los pisos está ubicado en Guipúzcoa (un total de 1.978), mientras que el 31,5% opera en Vizcaya (965) y tan solo el 3,8% en Álava (117). La situación varía en relación con las habitaciones, siendo Vizcaya el territorio con más estancias disponibles (344), por delante de Guipúzcoa (200) y Álava (37).

San Sebastián alberga el 70% de las viviendas turísticas situadas en Guipúzcoa, un porcentaje muy por encima del que presentan Bilbao, que concentra el 45% de los pisos registrados en Vizcaya, y Vitoria, que acumula el 40% de la oferta en Álava. El diferente peso por territorios tiene su reflejo en los expedientes abiertos y tramitados, ya que el 68% afecta a alojamientos situados en Guipúzcoa (160 expedientes), el 17% implica a pisos ubicados en Vizcaya (40) y el 15%, a espacios operativos en Álava.

La actividad de los pisos turísticos registra en la actualidad un “crecimiento moderado y sostenido” tras el fuerte incremento vivido con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de julio de 2018, el cual, debido a su “fuerte regulación”, ha supuesto que la actividad clandestina “sea cada vez menor”. “Se está estrechando el cerco sobre las prácticas ilegales”, celebra Pérez, quien considera que el sector “aún no ha tocado techo”. De hecho, la consejera de Turismo subraya que no solo el temor a las sanciones ha supuesto un freno a la actividad —ha implicado el cierre voluntario de algunos pisos— sino también el hecho de que no se trata de una actividad “tan rentable” por la “carga administrativa y de atención que conlleva”, y porque a nivel fiscal “es menos atractivo que un alquiler residencial”.

País Vasco

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