El fiscal vasco dice que se puede discutir si la inhabilitación de Otegi se ha extinguido

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, cree que, en el caso de si Arnaldo Otegi puede presentarse o no como candidato a lehendakari en estas elecciones del País Vasco del 25 de septiembre, se puede discutir si la pena de inhabilitación se extinguió o no cuando terminó su condena de prisión y si la inhabilitación para cargo público es ejecutable o no porque la sentencia no determinó los cargos a los que no podía acceder.

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En una entrevista en Radio Euskadi, Calparsoro ha señalado que la postura oficial de la Fiscalía es que la pena de inhabilitación para sufragio pasivo de Otegi está vigente y por tanto no puede ser candidato.

Según ha explicado, este mismo lunes la Fiscalía del Tribunal Constitucional presentará su informe ante este Tribunal. En este sentido, ha insistido en que la postura oficial del ministerio público es entender que esa pena "está vigente", está impuesta por un tribunal competente, "y es firme y, en la medida en que está vigente, "no podría presentarse".

Ha apuntado que se puede discutir sobre si la pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo como accesoria se extinguió o no cuando terminó la pena de prisión, pero ha precisado que "lo que parece claro" es que, tal y como han dicho la Junta Electoral y el Juzgado de lo Contencioso, es algo que "compete" a la Audiencia Nacional.

Asimismo, además de considerar que se puede discutir desde el punto de vista penal, si está extinguida esa pena de inhabilitación, también cree "discutible" si la inhabilitación para cargo público es ejecutable o no porque la sentencia no determina el cargo, por lo que, a su juicio, estaba "incompleta" la resolución.

Calparsoro ha explicado que hay "circunstancias" en este caso como que, cuando Otegi cometió el delito, ya no era parlamentario o que el TC cuando revisó la sentencia "se dividió", con siete magistrados que entendían que no se había producido ninguna lesión de derechos de Otegi y cinco tenían una posición diferente. Por lo tanto, ha apuntado que, en derecho, se admiten "diferentes interpretaciones" y, finalmente, debe prevalecer la mayoritaria.