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Intelectuales, empresarios y académicos se unen en defensa del denostado cupo vasco
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Intelectuales, empresarios y académicos se unen en defensa del denostado cupo vasco

No quieren políticos y ya son más de 500. Quieren informar y que en el resto de España se entienda el Concierto Económico no como un privilegio sino como un elemento útil

Foto: La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia. (EFE)
La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia. (EFE)

Destacados miembros de la sociedad civil vasca han decidido plantar cara a las voces que piden suprimir el Concierto Económico Vasco, y empresarios, académicos o investigadores vascos han creado la Comunidad del Concierto-Gure Kontzertua (nuestro concierto) para defender este acuerdo entre País Vasco y el Gobierno central.

Bien conocida es la postura de partidos como UPyD o Ciudadanos en contra del Concierto Económico Vasco, por entenderlo contrario a la igualdad y a la solidaridad, aunque parece que en los últimos meses el partido presidido por Albert Rivera ha rebajado sus críticas. También es atacado por los barones socialistas, como la presidenta andaluza Susana Díaz o el valenciano Ximo Puig. Unas lanzas que se tornan en cañas en el País Vasco, donde el PSE ha defendido siempre este régimen: su presidenta, Idoia Mendia, respondió a Díaz que el cupo “no es un régimen privilegiado”.

Ante todos los dimes y diretes de los políticos, miembros de la sociedad civil vasca han puesto en marcha esta plataforma para informar de este acuerdo que regula las relaciones tributarias y financieras entre Euskadi y España. Entre ellos, se encuentra el decano de Deusto Business School y miembro de la plataforma, Guillermo Dorronsoro, quien defiende que este acuerdo “es bueno”, porque en general donde hay acuerdos, la convivencia es mejor que donde hay desacuerdos. “Y de hecho eso es lo que está pasando ahora con Cataluña, cuando la gente que vive en un sitio y el Estado no son capaces de articular un acuerdo, es malo”, asegura.

La plataforma pretende aplacar mitos como el de que “los vascos no pagan impuestos” o que “Euskadi es un paraíso fiscal”

En este sentido, la plataforma pretende aplacar mitos como el de que “los vascos no pagan impuestos” o que “Euskadi es un paraíso fiscal”. En esencia, el Concierto consiste en que en Euskadi se recaudan los impuestos y se paga la parte que corresponde de los gastos del Estado a través del cupo, lo que lo diferencia del resto de CCAA. Dorronsoro apunta que esto también conlleva “una gran responsabilidad” de sus propias decisiones. Como, por ejemplo, que haya más presión sobre las grandes fortunas, lo que reconoce que “ha hecho que se vayan de Euskadi algunas de ellas”. “Esto no es un chollo 'per se' porque supone un ejercicio de responsabilidad a toda la sociedad vasca”, sentencia el neurólogo vasco y miembro de Gure Kontzertua Gurutz Linazasoro.

La plataforma surgió el mes pasado, como reacción a los ataques sufridos desde diversos frentes políticos, de la mano del presidente ejecutivo de Economía, Empresa y Estrategía, Pedro Luis Uriarte, quien también negoció en su momento la nueva versión del Concierto. Uriarte considera que estas críticas vienen porque estamos hablando de un sistema diferencial “que algunos políticos consideran que no tendría que haber dentro del modelo político-institucional español”.

500 miembros... sin políticos

En este momento, la Plataforma está conformada por unos 500 miembros y la lista se puede consultar en su página web. Entre ellos, se encuentran personalidades como el catedrático de Física de Materia Condensada, Pedro Miguel Etxenike; la directora del Cluster de la Automoción de Euskadi, Inés Anitua, o el director general de Tecnalia, Joseba Jauregiza, además de los ya mencionados. Por el momento, no quieren que los políticos participen, porque creen que este es un problema de la ciudadanía. Esperan llegar a los 5.000 miembros y así convertirse en una masa crítica. Uriarte defiende que el Concierto es la base del bienestar vasco, por ello hay que darlo a conocer no solo a los ciudadanos del País Vasco, sino también a los ciudadanos españoles. “Que la sociedad sepa que es un tema muy importante”, sentencia.

Ley de financiación autonómica

El principal argumento que defienden para seguir con el Concierto Económico es que no existe una alternativa creíble. En este caso, se refieren a la Ley de financiación de CCAA. Dorronsoro apunta que este régimen económico “es un desastre”, no les gusta ni a las comunidades autónomas, ni al Gobierno. Denuncian que si quienes critican el Concierto “tuvieran una fórmula mejor, estupendo”, pero “quitar algo que funciona bien, habría que pensárselo un poco”.

Según datos del Ministerio de Hacienda, entre 2008 y 2016 todas las CCAA, excepto el País Vasco y Navarra, han pedido como consecuencia de la crisis económica préstamos de diversa naturaleza por valor de 209.000 millones de euros. Uriarte asegura que esto ha hecho que haya partidos que utilicen el Concierto como un “elemento electoral”, ya que el régimen general “es un problema que duele a la gente”.

En estos momentos, Euskadi aporta al Estado un 6,24% en concepto de competencias no transferidas. Esta cantidad se calcula teniendo en cuenta el peso de la economía vasca en el PIB español y se negocia cada cinco años. Esto es, un instrumento flexible, y de hecho durante la historia ha habido una negociación permanente. El problema es que desde hace algunos años no se ha vuelto a establecer un nuevo cupo, lo que ha provocado algunos desacuerdos. De hecho, la vigencia del actual porcentaje expiró en 2011, y está prorrogado desde entonces, aunque teniendo en cuenta la falta de Gobierno actual y las próximas elecciones vascas, habrá que esperar a ver qué sucede en torno a esta cuestión. Dorronsoro cree que “se llegará a un nuevo acuerdo y se continuará”.

Destacados miembros de la sociedad civil vasca han decidido plantar cara a las voces que piden suprimir el Concierto Económico Vasco, y empresarios, académicos o investigadores vascos han creado la Comunidad del Concierto-Gure Kontzertua (nuestro concierto) para defender este acuerdo entre País Vasco y el Gobierno central.

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