Los vecinos de Getafe en pie de guerra: dicen no a la instalación de una gasolinera cerca de sus hogares

La comunidad vecinal de Getafe se ha unido en una iniciativa ciudadana para oponerse a la instalación de una gasolinera en la proximidad de sus hogares, en la calle Islas Cíes, del Sector III. Este movimiento ha encontrado respaldo en el Gobierno Municipal, que recientemente ha mantenido encuentros con los afectados y representantes de asociaciones vecinales, acordando impulsar una recogida de firmas. Este esfuerzo conjunto busca presentar una oposición formal ante la empresa promotora del proyecto.

El Ayuntamiento de Getafe había establecido, en defensa de la seguridad y bienestar de sus ciudadanos, que la distancia mínima entre este tipo de instalaciones y las viviendas debería ser de 100 metros. Sin embargo, la Comunidad de Madrid modificó este requisito, reduciéndolo a solo 50 metros, una medida que ha generado gran preocupación entre los residentes y aún está pendiente de aprobación definitiva. La disputa se centra en la demora desde 2017 por parte del Gobierno regional en ratificar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe que contempla esta restricción de distancia.

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Conflicto legal y burocrático

A finales del pasado año, una sentencia judicial obligó al consistorio getafense a otorgar la licencia para la construcción de la gasolinera, revocando la decisión inicial del Ayuntamiento que había denegado el permiso en 2021, basándose en la mencionada modificación del Plan General. Esta situación ha evidenciado un continuo conflicto burocrático, caracterizado por los repetidos requerimientos de documentación adicional por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, un proceso que el Gobierno local califica de excesivamente riguroso y sin parangón con otros casos similares.

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La administración municipal continúa denunciando la postura de la Comunidad de Madrid, que redujo unilateralmente la distancia de seguridad de 100 a 50 metros, sin llegar a finalizar el proceso de aprobación de estas medidas. Este desacuerdo subraya la fricción existente entre ambos niveles de gobierno respecto a la ordenación urbana y la protección de los espacios residenciales frente a la instalación de infraestructuras potencialmente perjudiciales para la calidad de vida de los ciudadanos.

Este caso resalta la importancia de la movilización ciudadana y el apoyo institucional en la defensa de los derechos y el bienestar de la población. La recogida de firmas no solo simboliza la resistencia a un proyecto específico, sino también el llamado a una mayor consideración de las necesidades y preocupaciones de los vecinos en la planificación urbana. La determinación de la comunidad de Getafe y su gobierno local pone de manifiesto el compromiso compartido por preservar la seguridad, la salud y la calidad de vida en el entorno urbano.