Ayuso fija el tope a las VTC y en el 75% del precio en periodos de alta demanda

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fijará en el nuevo reglamento de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que el coste del viaje no supere el 75 % del precio ordinario en momentos de alta demanda, como eventos de ocio o conciertos, en los que se llega a duplicar y triplicar el coste habitual. El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora sobre el primer reglamento para regular el servicio que prestan las empresas Uber, Cabify y Bolt, que entra en la fase final de tramitación antes de su aprobación definitiva y su entrada en vigor, prevista para principios de 2024, y se producirá casi a la par que la regulación del taxi.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha asegurado que el nuevo reglamento de las VTC establece "un equilibrio" entre los ciudadanos y las plataformas y «equilibrar» la oferta y la demanda, además de "escuchar" las alegaciones recibidas, entre ellas al sector. Después del periodo de información pública, el porcentaje se ha elevado al previamente contemplado en el borrador del reglamento, que estaba fijado en el 50 %, y será del 75 % de la media del coste ordinario en circunstancias de alta demanda, como eventos de ocio o conciertos.

Rodrigo ha argumentado que en países como Portugal esa limitación es del 100 % del precio ordinario, y en Madrid se ha decidido que sea del 75 %. Además, el nuevo reglamento de las VTC exige una prueba para valorar conocimientos sobre el manejo de dispositivos digitales con mapa de navegación, el uso del castellano, primeros auxilios y lugares más importantes de la región.

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Los conductores tendrán un plazo de 18 meses para realizar estos exámenes, a contar desde la entrada en vigor de la disposición que los regule, aunque podrán seguir conduciendo hasta la finalización de este periodo. De las pruebas quedarán exentos quienes a la entrada en vigor del reglamento llevaran ejerciendo su labor profesional durante al menos un año de forma ininterrumpida o dos en el período de los cuatro años anteriores a la entrada en vigor del nuevo decreto, aprobado la pasada legislatura.

También deberán acreditar la posesión de un permiso de conducir de la clase B con, al menos, dos años de antigüedad y estar libre de condenas por delitos contra la libertad sexual. No podrán captar a clientes ni tampoco permanecer en lugares como aeropuertos, estaciones de ferrocarril o autobús o cualquier otro emplazamiento donde haya una afluencia masiva de personas, algo reservado exclusivamente al taxi.

Por otro lado, se incorporan cuestiones como la activación de una línea telefónica de atención, que debe estar adaptada mediante texto para personas con discapacidad auditiva, así como un medio accesible de comunicación vía web, y una nueva modalidad de viajes compartidos que podrá suscribir cada usuario por plaza y con pago individual, en función del recorrido realizados.

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Esta alternativa de transporte permite al primer pasajero contratar un trayecto, al que podrán sumarse otros para el mismo itinerario o una parte, ya que pueden hacerse paradas intermedias de subida y bajada de clientes, conociendo todos ellos su precio previamente. Además, desde el 1 de enero de 2025, de cada diez vehículos a disposición del público, uno deberá ser accesible, y deberán ser retirados de la actividad cuando hayan cumplido los 10 años, así como tener distintivo ambiental Cero emisiones o ECO, aunque permitirán hasta finales de 2027 la circulación de los que tengan etiquetas C.

En lo referente a las empresas, el reglamento de VTC establece que para obtener y mantener las autorizaciones deben contar, al menos, con un número de conductores igual al 75 % de autorizaciones en alta, y podrán disponer de los coches en régimen de propiedad o mediante alquiler bajo las figuras de renting o leasing. También contempla en el articulado que las compañías deben tener cubierta su responsabilidad civil por los daños que puedan causar a los viajeros durante el servicio de transporte y, además, estarán obligadas a impartir a sus trabajadores una formación continua.