Vox reclama a Ayuso una nueva rebaja del IRPF para apoyar sus leyes

La viabilidad de leyes clave para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, como la Ómnibus o la de Autonomía Financiera, está supeditada a una nueva bajada de impuestos. Así lo plantea Vox, cuyos votos son fundamentales para cualquier iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid. A un año para las elecciones autonómicas, el grupo parlamentario que encabeza Rocío Monasterio reclama otra rebaja del tramo autonómico del IRPF, una revisión de las tasas y la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones de tíos a sobrinos y entre hermanos para apoyar las normas en tramitación y hacer frente a la crisis.

Los comicios del 4 de mayo de 2021, hace justo un año, dejaron al PP de Ayuso en una posición privilegiada, con 65 diputados y al borde de la mayoría absoluta. Con Vox como socio de Gobierno oficioso, sacó adelante los primeros presupuestos regionales en tres años y una rebaja fiscal consistente en la reducción de medio punto del IRPF en todos los tramos, aprobados en diciembre del año pasado. Aunque la sintonía entre la presidenta madrileña y Monasterio ha sido total en los últimos meses, sin roces o fricciones reseñables, la formación ultraconservadora quiere más y apretará al PP antes de la cita electoral.

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Fuentes de Vox explican a El Confidencial que la actual situación económica ha cambiado cualquier previsión y obliga a actuar. "La inflación se lo ha comido todo", apuntan. Pese a que el horizonte de unos nuevos presupuestos es todavía lejano, urgen una nueva rebaja impositiva. Y aunque este es también uno de los pilares de las políticas del PP, deberán negociarlo. "Feijóo le ha dicho a Sánchez que tiene que ser ya, y nosotros le decimos a Ayuso que en la Comunidad de Madrid también tiene que ser ya. Los madrileños están abrasados a impuestos", añaden.

"Feijóo le ha dicho a Sánchez que tiene que ser ya, y nosotros le decimos a Ayuso que en la Comunidad de Madrid también tiene que ser ya"

El planteamiento del grupo liderado por Rocío Monasterio es que si Isabel Díaz Ayuso quiere sacar adelante las leyes Ómnibus, de Farmacia o Autonomía Financiera, ya aprobadas en el Consejo de Gobierno y pendientes de su debate en la Asamblea, debe abordar esta bajada fiscal. Además, como detalló la propia líder de Vox en una entrevista con El Confidencial, también deberá derogar o al menos suprimir buena parte de los artículos de las leyes de género y LGTBI. "Nosotros también queremos gestos de buena voluntad", dijo Monasterio en este diario antes del 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid.

Este mismo jueves Vox ha hecho una nueva solicitud al Gobierno para reducir el gasto público. A la petición de rebajar el número de diputados, pactada ya con los populares y pendiente de elevarse a la Asamblea, se suma la exigencia de eliminar 76 altos cargos de la Administración, entre ellos los viceconsejeros, para ahorrar 11 millones de euros.

Leyes LGTBI

En Vox reconocen que la negociación por estas normas en curso no presentará grandes problemas más allá de retoques puntuales. De hecho, han permitido la tramitación del blindaje fiscal de la región frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez tras retirar su enmienda a la totalidad. Y tampoco creen que ponerse de acuerdo para rebajar los impuestos a los madrileños vaya a suponer un esfuerzo extraordinario para ninguna de las partes. Lo que sí está marcado y preocupa en el partido son las conversaciones por la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación y la de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual, aprobadas por Cristina Cifuentes en 2016. Estas serán uno de los principales escenarios de batalla en la campaña de 2023.

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Isabel Díaz Ayuso ha reiterado en numerosas ocasiones que las normas LGTBI son una línea roja y que, como mucho, solo están abiertos a modificar algunos preceptos. Sin concretar nada más que los artículos relativos a la carga de la prueba, esta fue una de las cuestiones que quedaron pendientes tras las conversaciones para aprobar las cuentas regionales. Pero el tema de los impuestos es muy distinto. En el Gobierno del PP mantienen su compromiso de reducir la carga fiscal siempre que sea posible, en la línea de lo hecho hasta la fecha. Fuentes de la Consejería de Hacienda, que dirige Javier Fernández-Lasquetty, indican que la eliminación de sucesiones y donaciones es un tema que se impulsará antes del final de la legislatura, aunque aún no hay una fecha exacta. Sobre el IRPF, sin embargo, no han dado ningún detalle.

Según los cálculos de la Consejería de Lasquetty, estas medidas de fomento de la natalidad y apoyo a las familas beneficiarán a más de 90.000 contribuyentes, con un ahorro cercano a los 40 millones de euros en su primer año en ejecución.