Urbanismo clausura el chalé y 'desahucia' a Monasterio y Espinosa de los Monteros

La Concejalía de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid (dependiente de Ciudadanos) precintará el chalé de los dirigentes de Vox Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio el próximo 8 de octubre. La orden del departamento de urbanismo afecta a todas las plantas del inmueble y no solo al sótano que el matrimonio usa como despacho. Lo que supone, según explican fuentes del Ayuntamiento a El Confidencial, que los residentes de la vivienda tendrán que desalojar la misma hasta que se subsane los problemas administrativos. "Toda la vivienda carece de licencia de ocupación", señalan las mismas fuentes.

Serán técnicos municipales los que comuniquen la orden el 8 de octubre, pero desde el Consistorio reconocen que los residentes no están obligados a abrirles, por lo que si no lo hacen habrá que recurrir a una orden judicial para desalojarlos, lo que demorará los plazos. La pareja vive en este chalé con sus cuatro hijos. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha querido dar este miércoles su versión de los hechos en Twitter, un asunto que ha calificado de "laberinto burocrático" que ya dura cinco años y que "ni Kafka lo hubiera imaginado".

El expediente sobre esta vivienda se inicia en 2014, cuando tras la denuncia de un particular los técnicos municipales hicieron una inspección y vieron la vivienda se estaba usando como residencia y despacho sin tener la licencia de primera ocupación, según adelantó Eldiario.es. "En 2015 hay una orden de cese de actividad y se le pide que solicite la licencia", explican desde Desarrollo Urbano. La pareja lo hace pero en 2016 la licencia se declara finalizada (que no denegada) por falta de documentación. "Ese año se dicta la orden de clausura", que Espinosa de los Monteros recurre en el juzgado mientras intenta pedir de nuevo la licencia, "que se le deniega de nuevo por no cumplir los requerimientos del área"

Mientras, en octubre de 2017 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Madrid desestimó el recurso de Espinosa de los Monteros y le dio la razón al Ayuntamiento. "Hubo un nuevo intento de licencia pero finalmente ha seguido el proceso y se ha notificado orden de clausura, que se ha emplazado al 8 de octubre. Es un trámite habitual, como hay miles en el área", concluyen desde Urbanismo. El inmueble se levanta sobre una parcela de 342 metros cuadrados en el distrito de Chamartín. La casa tiene 545 metros cuadrados construidos repartidos en cuatro plantas, con ascensor, gimnasio y una piscina en la terraza.

Desde su perfil en Twitter Rocío Monasterio señala que todo se debe a una "campaña de intoxicación de ciertos medios" y ha querido relatar el "tortuoso proceso" que ella y su marido llevan "sufriendo desde 2013 para lograr la famosa licencia de funcionamiento para mi despacho profesional". Compraron la casa en 2010, una vivienda que tenía "una edificabilidad no agotada" y que en 2011 demolieron "con la preceptiva licencia". De hecho el Ayuntamiento confirma que pidieron la pertinente licencia de obras con despacho profesional en una parte del sótano, que les fue concedida en agosto de 2011.

Pero en 2013 empezaron los primeros problemas con el constructor, que según Monasterio cometió "graves errores", aunque finalmente le pagaron "el 95% del presupuesto acordado". En 2014 contrataron a nuevos contratistas para remates y correcciones. La dirigente de Vox asegura que pagaron las tasas de licencia de primera ocupación y funcionamiento, pero el Ayuntamiento siempre exige "el certificado de fin de obra, suscrito por el arquitecto y el aparejador", un certificado que nunca se firmó. A pesar de ello el matrimonio pudo inscribir la casa en el catastro y el Ayuntamiento les cobró un nuevo IBI "por la totalidad de los metros cuadrados construidos. El nuevo IBI es 5 veces más que por el anterior".

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Monasterio continúa su relato asegurano que en 2016 el aparejador "sigue sin responder", hasta que finalmente consiguen que "vise el final de obra". En julio de 2016 vuelven a pagar la tasa al Ayuntamiento para obtener licencia de primera ocupación, asevera. Pero el Ayuntamiento esgrime que falta documentación y les requiere actualización de los planos y modificación de la licencia original, algo que según Monasterio hicieron. Mientras "el litigio con el constructor se judicializa. Y además el propio constructor nos denuncia ante el Ayuntamiento por la falta de licencia de actividad en el despacho que él mismo ha estado bloqueando".

Urbanismo les exige cerrar el despacho desde 2016, lo que recurren administrativamente. En este tiempo ha perdido el caso en los tribunales y caduca la licencia de obra de 2010. Este mismo verano desde el Ayuntamiento comunican al matrimonio "el precinto de la oficina" salvo que regularicen las licencias pendientes. "Llevamos nueve años cumpliendo con cada paso de la ordenanza para intentar llegar al final del proceso. Años pagando todas las tasas necesarias (alguna, dos veces)", continúa Monasterio, para quien se trata de "un laberinto burocrático agravado por un denunciante rencoroso".