Un juzgado de Galicia investiga al adjudicatario

Cifuentes adjudicó el servicio de socorristas a un empresario imputado por fraude

Cuando se presentó al concurso la empresa solo había tenido una experiencia laboral (en 2013) en socorrismo acuático y entre sus actividades estaba el montaje cinematográfico

Foto: Un socorrista en un piscina de Madrid. (EFE)
Un socorrista en un piscina de Madrid. (EFE)

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes adjudicó el último servicio de socorrismo de las tres piscinas que dependen de la Comunidad de Madrid a un empresario que está siendo investigado en un juzgado de Galicia por fraude en cursos de formación. La empresa ganadora de este contrato (el de la temporada de verano 2017) se llevó la licitación a pesar de que se presentó al concurso con un objeto social muy amplio que incluía "montajes cinematográficos", y con una sola experiencia laboral acreditada en el mundo del socorrismo, concretamente en una piscina privada en el año 2013.

El grupo parlamentario socialista asegura que el proceso de licitación estuvo plagado de irregularidades y se pregunta por qué la Consejería de Educación y Deportes (ahora el área de Deportes está incluido en la consejería de Cultura) ha externalizado un servicio de enorme responsabilidad, "el de salvaguardar vidas humanas", cuando debería ser un servicio de gestión directa. El servicio está privatizado desde el año 2009. Además, el precio fue el único criterio para adjudicar este contrato. "No es lógico. Hay que valorar y baremar la calidad del servicio, de altísima responsabilidad. Por esas tres piscinas pasan unas 150.000 personas cada verano", señala el diputado del PSOE Pedro Santín.

El contrato fue formalizado el pasado 24 de mayo después de que ganara el concurso la empresa Supernova Asistencias SLU, que presentó la mejor oferta económica: 132.991 euros para dotar de 14 socorristas tres piscinas que dependen de la Comunidad: San Vicente de Paul, las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II y el Parque Deportivo Puerta de Hierro. La temporada fue del 10 de junio al 10 de septiembre y supuso 13.132 horas de servicio. El precio de licitación era de 165.589 euros y se presentaron nueve empresas, por lo que la ganadora hizo una rebaja de 32.500 euros.

Supernova Asistencias fue constituida en septiembre de 2009 y tiene su sede en Pontevedra. Según el Registro Mercantil antes se llamaba Proyectos y Sinergias Empresariales. Su administrador único es José Antonio López Alvarellos, imputado por el juzgado de instrucción número 1 de Lalin (Pontevedra) en lo que ha bautizado como 'caso Qatedra', el presunto fraude en cursos de formación subvencionados por la Xunta de Galicia y la Unión Europea. Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado que el caso sigue abierto y que López Alvarellos figura como investigado. Un procedimiento que ha salpicado ya a varios cargos del PP.

La piscina de la instalación deportiva Puerta de Hierro.
La piscina de la instalación deportiva Puerta de Hierro.

La ganadora ha tenido varios objetos sociales. En 2009, cuando fue creada, era el de consultoría general de empresas. En 2010 amplía ese objeto al de prestación de servicios de publicidad. En 2011 también incluye asesoría de tecnologías de la información. Pero en julio de 2016 cambia (no amplía) su objeto social al de prestación de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. "El problema es que una vez ya adjudicado el contrato a esta empresa, pero previo a la formalización del mismo, alguien se da cuenta de que Supernova Asistencias no ha acreditado su solvencia técnica ni su objeto social", señala Santín.

El 8 de mayo de 2017, la Mesa de Contratación señala: "no queda suficientemente justificada la solvencia técnica de la licitadora ya que de conformidad con los pliegos administrativos los certificados acreditativos de los servicios ejecutados durante el periodo 2012-2016 deben ser de igual o similar naturaleza al objeto del contrato, esto es, al servicio de socorrismo, y en cambio los aportados se refieren exclusivamente a actividades lúdico-juveniles y de proyecciones cinematográficas". El contrato exigía a los licitadores aportar "una relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años, ambos inclusive", obviamente relacionados con el socorrismo. Y acreditar también que habían facturado al menos 60.000 euros "durante el año de mayor ejecución del periodo citado, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del presente contrato".

Ante esos requerimientos Supernova Asistencias solo presenta un certificado, emitido por un privado, de un solo trabajo en el sector del socorrismo realizado en el verano de 2013 por importe de 64.700 euros. "El problema no es que la empresa solo haya hecho tenido un contrato sobre socorrismo en cinco años, sino que la documentación que se le solicitó para que certificara su solvencia y objeto social se tenía que haber exigido antes de que se le adjudicara provisionalmente el contrato. Esto es indiscutible. La Mesa tenía que haber solicitado esta documentación complementaria al abrir el primer sobre los requisitos técnicos, no esperar al segundo sobre cuando se conocía ya la mejor oferta económica", señala Santín. "Aquí se ha adjudicado un contrato, aunque sea provisionalmente, sin saber si la empresa ganadora tenía solvencia técnica ni su objeto social. Esto es rotundamente irregular".

Es más. Cuando Supernova Asistencias acreditó que su único trabajo hasta la fecha en el sector del socorrismo acuático lo había hecho para un privado en el año 2013, en ese año su objeto social no era este. "Por lo que este certificado nunca debió ser admitido por la Mesa de Contratación, porque es lo que se exigía en los pliegos". Pero, ¿cómo solventó la Mesa de Contratación las dudas que tenía sobre el adjudicatario provisional? El 11 de mayo concluyó: "A la vista de la documentación presentada por la empresa queda acreditada su capacidad de obrar, ya que manifiesta en una escritura de julio de 2016 que su objeto social es 'la asistencia técnica para el desarrollo de distintos proyectos de carácter público y privado', y por otro 'la prestación de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos'. La licitadora expresa que en ambos casos puede entenderse incluido el servicio de socorrismo, en tanto en cuanto está considerado una asistencia técnica al requerirse personal como apoyo externo con una cualificación definida".

José Antonio López Alvarellos.
José Antonio López Alvarellos.

Es decir, que a la Mesa de Contratación le bastó que la empresa argumentara que su objeto social estaba avalado por solo dos dígitos del código VPV (92), que regula la actividad de las compañías. Con solo dos dígitos las actividades a realizar quedan poco definidas y puede ser muy variopintas, Por ejemplo, una empresa con código 92 dedicada a pinchar música en conciertos o a realizar ejercicios de pirotecnia podría gestionar también un contrato de socorrismo. Ciudadanos se pregunta cómo ha supervisado la consejería la preparación de los socorristas aportados por esta empresa, su titulación y experiencia. Y sobre todo, "cómo pudo ganar provisionalmente el contrato si fue a posteriori cuando presentó el único certificado que avalaba que había tenido experiencia en el sector del socorrismo. ¿No le pareció extraño a la Mesa?".

Para la consejería el contrato fue adjudicado conforme a la ley y la empresa pudo resolver las dudas en cuanto a su solvencia y objeto social. De los 132.991 euros que pagó la Comunidad por este servicio, 113.854 euros se fueron para pagar los sueldos de los socorristas, 700 euros para material de salvamento, 1.050 euros para vestuario, 1.000 euros para medios de intercomunicación, 12.500 euros para "gastos varios". El margen de beneficio para la adjudicataria fue de 7.746 euros. Es decir, que la empresa pagó 8,6 euros la hora a los socorristas (por jornadas de 9 horas y media), cuando el convenio que regula la actividad en Madrid estipula la jornada laboral 7 horas diarias a 9,12 euros la hora.

La empresa pagó 8,6€ la hora a los socorristas (por jornadas de 9 horas y media), cuando el convenio estipula jornadas de 7 horas a 9,12€ la hora

José Luis López Alvarellos explica que hay que separar el procedimiento judicial en el que está inmerso con esta empresa y respetar la presunción de inocencia. Asegura que esta firma está capacitada para prestar el servicio de socorrismo, "sino la Mesa de Contratación no nos hubiera seleccionado", aunque reconoce que es su primer contrato en Madrid en esta materia y no recuerda, "porque no tengo lo datos en la mano", cuántos contratos de socorrismo había ganado previamente. Las tres piscinas del contrato no han tenido ningún incidente de seguridad reseñable este verano.

Madrid
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