Cifuentes limitará las bodas en fincas rurales y solo se harán en edificios 'protegidos'

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes quiere poner coto a la proliferación de fincas rurales que organizan bodas y eventos familiares, tras años de quejas de empresarios hoteleros y hosteleros, que acusan a estas fincas de competencia desleal. Para ello, el Ejecutivo autonómico tiene previsto llevar la semana que viene a la Asamblea de Madrid una proposición para modificar el artículo 9 de la Ley 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas que aprobó hace cuatro años Ignacio González y que entonces perseguía potenciar "el desarrollo rural sostenible".

El objetivo es delimitar qué tipo de eventos se pueden realizar en las fincas rurales y qué tipo de instalaciones pueden acogerlos. Solo lo harán aquellas que tengan edificios con un valor cultural, patrimonial y arquitectónico, es decir, que estén catalogadas como Bien de Interés Cultural (BIC), Bien de Interés Patrimonial (BIP) y tengan el visto bueno de la Dirección General de Arquitectura. El proyecto de Cifuentes tiene este miércoles su primer obstáculo. El PSOE, con el apoyo de Podemos, presenta una proposición de ley para todo lo contrario, derogar el artículo 9 y prohibir 'de facto' este tipo de eventos. La llave la tiene Ciudadanos, que no ha querido mostrar sus cartas hasta el momento de la votación. El PSOE cree que la formación naranja votará en contra de su propuesta para que Cifuentes pueda la semana que viene presentar su iniciativa.

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El artículo 9 de la ley de 2012 permite que en los suelos no urbanizables con cualquier tipo de protección y en suelos urbanizables no sectorizados (no desarrollados) se puedan implantar usos que favorezcan "el desarrollo rural sostenible", como centros caninos, hípicas o "actos sociales y eventos familiares de especial singularidad". Estas fincas deben contar con "edificaciones existentes que puedan ser habilitadas a esos exclusivos fines". En este punto es donde quiere hacer cambios el Ejecutivo autonómico. Delimitar qué tipo de edificios pueden albergar una boda o un bautizo.

La comunidad es consciente de que la "regulación introducida por este artículo, habiendo sido positiva, ha generado no pocos problemas de interpretación a la hora de decidir sobre la viabilidad de la implantación del uso, y no siempre el resultado ha sido el deseado, provocando irregularidades jurídicas". Es decir, el artículo 9 "es escueto y se encuentra lleno de conceptos indeterminados", ya que el propio concepto de "actos sociales y eventos familiares de especial singularidad" no existe en el 'Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas', lo que en cierta medida ha dado carta blanca a todo tipo de celebraciones en estas fincas.

El Gobierno regional quiere "sustituir el concepto de actos sociales y eventos familiares por uno que, significando lo mismo, se encuentre incluido en el catálogo de actividades recreativas". Como ejemplos, actos culturales, de ocio y banquetes. En segundo lugar, el edificio donde se celebren debe tener "un valor cultural, patrimonial y arquitectónico". Además, como ya marca la ley, es imprescindible que estas fincas tengan previamente una calificación urbanística por parte de la Comunidad de Madrid, una autorización que es denegada si el urbanismo del municipio prohíbe expresamente estos usos, y deben tener también la licencia de actividades que concede el ayuntamiento.

"Todas las fincas que cumplan estos requisitos están dentro de la ley. Las que no, deben ser cerradas por el ayuntamiento, que es quien tiene la potestad para clausurar una instalación de este tipo si no cumple con los requisitos legales", señala José Tortosa, director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. En lo que llevamos de año, su departamento ha denegado la licencia urbanística a siete fincas, situadas en Alcorcón, Villaviciosa de Odón, Colmenar Viejo, Gargantilla de los Montes, Hoyo de Manzanares, Rascafría y Villanueva de la Cañada.

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Agustín Vinagre, diputado autonómico del PSOE, señala que la propuesta del Ejecutivo introduce pocas restricciones y sigue provocando indefensión en los empresarios hoteleros y hosteleros que sí tienen que cumplir con muchos requisitos para abrir su negocio. "La competencia desleal sigue, y los pequeños cambios que se introducen se pueden saltar con subterfugios. La mejor solución es derogar el artículo 9". Según los socialistas, Ciudadanos tiene la llave este miércoles. Si se abstienen, los votos del PSOE y Podemos servirían para eliminar este artículo. "Una vez eliminado, no tendría sentido que el PP presentase la semana que viene una proposición para modificar un artículo que ya ha sido derogado", concluye Vinagre.

La Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración (AMER) y la Asociación Empresarial y Hotelera de Madrid (AEHM), que han creado una web donde denuncian todas las fincas ilegales que organizan eventos familiares, aseguran que estos propietarios ahorran en torno al 80% de los gastos que sí tienen que asumir los empresarios del sector que tienen su local de bodas en un entorno urbano y que deben hacer frente a impuestos e inversiones en seguridad e higiene.

La lucha de estas asociaciones contra las fincas pirata ha tenido algunos éxitos judiciales. Como ya publicó El Confidencial, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo abrió el año pasado diligencias para investigar si el exministro de Educación José Ignacio Wert se casó con su novia, Montserrat Gomendio (exsecretaria de Estado), en una finca sin licencia. Y con Rajoy de testigo. La Fiscalía solicitó al Ayuntamiento de Colmenar Viejo (47.000 habitantes) todos los expedientes sobre licencias de actividad de cuatro fincas que organizan bodas en esa localidad: Valquijancho de Araceli, La Caprichosa, Tres Hermanos y La Camarga.

En San Lorenzo de El Escorial, el ayuntamiento también tuvo que ordenar a los dueños de las fincas El Campillo y Arcos del Real (en esta última se celebró la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag) que dejaran de organizar bodas, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les obligara a terminar con este tipo de actividades porque no tenían licencia municipal. Para AMER y AEHM, estas fincas, en muchos casos, no cumplen los parámetros de higiene y seguridad alimenticia que marca la ley, incumplen también la normativa contra incendios y de evacuación, y laminan las condiciones laborales de sus trabajadores, los cuales en su mayoría ni siquiera están dados de alta en la Seguridad Social. Sin contar con el daño al medio ambiente que supone celebrar una boda en un paraje protegido.