Cifuentes reforzará su Gobierno con 13 letrados para desatascar 60.000 litigios

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes ha decidido reforzar la Abogacía General de la Comunidad de Madrid con 13 nuevos letrados ante la ingente labor jurídica que tiene en estos momentos la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Cifuentes no solo ha empezado a personarse como acusación popular en los casos más graves de violencia de género registrados en la región (ya van 18 personaciones), sino que también ha asumido la acusación en importantes casos de corrupción que presuntamente han afectado a las arcas públicas, como el caso Lezo, el caso Púnica y el caso Aneri (el fraude de los cursos de formación).

Pero el refuerzo en el departamento jurídico no solo se producirá porque la Comunidad está impulsando denuncias y acusaciones, sino también por el alto número de demandas que a su vez recibe el Gobierno autonómico. "Los casos judicializados con la Comunidad de Madrid como demandada superan los 60.000", según fuentes de la Abogacía madrileña. Reclamaciones de empresas adjudicatarias, justiprecios recurridos en expropiaciones de terrenos, incumplimientos en convenios urbanísticos, proyectos fallidos en el capítulo de infraestructuras, pleitos laborales con funcionarios, negligencias médicas... la lista es larga.

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Tanto que en 2015 la Comunidad tuvo que pagar 164,6 millones en sentencias judiciales firmes que la condenaban. La cifra subió a 400 millones de euros en 2016. Basta con echar un vistazo a los boletines internos de la Asamblea de Madrid para ver las continuas peticiones de información que hacen los diputados de la oposición sobre un sinfín de sentencias. La última, por ejemplo, sobre el pago de 2,7 millones de euros para la ejecución de una sentencia de 2011 que condenaba a la Comunidad a abonar a dos vecinos de Las Rozas por una expropiación de terrenos, un pago que fue aprobado el pasado mes julio por el Consejo de Gobierno.

El grupo parlamentario socialista quiere que el Gobierno regional haga públicas las sentencias y las cuantías de las mismas a través del portal de transparencia. Un paso indispensable para "poder conocer si se ha producido o no una mala gestión de lo público. Con esta información se podría saber además si la Comunidad, de forma innecesaria, prolonga los procesos judiciales incrementando el dinero a pagar con los intereses de demora", explican desde el PSOE.

El descalabro económico puede ser mayor. Más de 1.300 millones están en juego en el litigio judicial desencadenado tras el fracaso de la Ciudad de la Justicia, el proyecto ideado por el expresidente Ignacio González para suceder a otro proyecto similar, también fallido, el Campus de la Justicia, diseñado por Esperanza Aguirre para aglutinar en un solo complejo todas las sedes judiciales de Madrid. La UTE formada entre OHL y Acciona, adjudicataria del proyecto, quiere una compensación económica después de que el Gobierno de Cifuentes suspendiera la tramitación del expediente de contratación.

OHL también reclama 370 millones de euros al Ejecutivo de Cristina Cifuentes por otro proyecto fallido de la era Aguirre, el tren de Cercanías a Navalcarnero. Aquí hay una doble guerra judicial, ya que la Comunidad también exige judicialmente una cantidad parecida a la constructora del Grupo Villar Mir por incumplimiento de contrato. Aunque las demandas en el capítulo de infraestructuras son las más costosas, no son las más numerosas. En este sentido el capítulo sanitario lidera el ranking. En 2016, por ejemplo, la consejería empezó a pagar los trienios a su personal sanitario no fijo después de que heredera casi 17.000 recursos presentados por trabajadores que nunca los habían cobrado.

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En el apartado de negligencias médicas, la Comunidad de Madrid ha recibido entre 2010 y 2016 (ambos inclusive) 311 sentencias condenatorias, lo que ha supuesto un desembolso de 29,3 millones de euros para las arcas públicas. La Abogacía madrileña tiene actualmente 70 letrados, cinco de ellos en el departamento penal. Ya se ha reforzado el departamento que lleva los temas contenciosos administrativos y el Servicio Jurídico del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), para mejorar la asistencia jurídica en estas dos áreas tan sensibles. Los 13 nuevos letrados se incorporarán previsiblemente en noviembre.

Casos de violencia de género

Desde la Abogacía destacan el papel que está llevando este departamento en la personación de los casos de violencia machista. A pesar de que la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, de diciembre de 2005, permite al Ejecutivo autonómico "ejercer la acción popular en los procedimientos penales por causa de muerte, lesiones graves o mutilación genital de la víctima, en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal", el Ejecutivo autonómico no se había personado en ningún caso hasta que no llegó Cifuentes a la presidencia regional. Ahora ya lleva 19 personaciones. "Ya hemos conseguido dos condenas. En estos casos estamos siendo una acusación muy activa, y a veces los juzgados son los que nos piden que nos personemos", explican desde la Abogacía.

Pero a veces el propio departamento jurídico no puede abarcar todo el trabajo y se recurre a ayuda externa. Por ejemplo la Comunidad contrató al prestigioso bufete Garrigues para que la asesore en la defensa jurídica tras la demanda que presentó la empresa Airina SL, propiedad de la sociedad Agrolimen, que comercializa las famosas sopas Gallina Blanca. Airina reclama desde mayo de 2016 una indemnización de 62.916.000 euros, a los que hay que sumar 9.631.319 euros de intereses, por el fallido pelotazo en los terrenos que esta compañía tenía en Arganda del Rey y que vendió al Gobierno regional.