el texto aún debe ser debatido en la asamblea

Cifuentes pagará 107 millones a las víctimas 'madrileñas' que hayan sufrido un atentado

Madrid quiere dar una ayuda extra del 30% de lo que ya abona el Estado. Será retroactiva desde 1960, pero solo para las víctimas empadronadas que padecieron ataques en la región

Foto: Cristina Cifuentes, en los premios de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Cristina Cifuentes, en los premios de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes quiere apoyar económica y asistencialmente a las víctimas del terrorismo, con una aportación de 75.000 euros para las familias de los fallecidos, que se eleva a los 150.000 euros en el caso de los heridos más graves. Un dinero complementario a las ayudas que ya concede el Gobierno central. La Comunidad de Madrid aprobó este martes el proyecto de Ley para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, que aún deberá ser debatido en la Asamblea madrileña y cuyo objetivo es amparar a todos los ciudadanos empadronados en la región que sufran un atentado terrorista, con independencia del lugar donde este se produzca.

No solo a futuras víctimas. La ley también quiere ser retroactiva y reconocer a las víctimas que ya hayan sufrido un atentado desde 1960. Pero con condiciones. Todas estas víctimas 'retroactivas' deberán haber sido reconocidas ya como víctimas por el Gobierno central, haber padecido el ataque en suelo madrileño y llevar al menos dos años empadronadas en la región cuando este se produjo. Por ejemplo, no podría acogerse a la ley un madrileño que ya haya sufrido un atentado de ETA en el País Vasco. El texto elaborado va más allá y el Ejecutivo autonómico también quiere que contenidos relacionados con el terrorismo se impartan en los colegios e institutos madrileños, potenciar la investigación sobre la materia en las universidades y crear un centro interactivo para la memoria de las víctimas.

El Gobierno central ya regula ayudas a las víctimas desde el año 2011. Las familias de los fallecidos por atentado terrorista reciben 250.000 euros. Los heridos clasificados con "gran invalidez" perciben 500.000 euros. Otros heridos, en función de su incapacidad, reciben entre 180.000 y 75.000 euros. La nueva ley que prepara la Comunidad quiere sumar un 30% a las cantidades que ya paga el Estado. Así, los familiares de los muertos recibirán, junto a los 250.000 que ya entrega el Ejecutivo central, otros 75.000 que aportará Madrid. Cuando entre en vigor la ley, esta será de aplicación para los madrileños que lamentablemente sufran un atentado en cualquier parte del mundo. Solo se exige como requisito que el Estado los reconozca previamente como víctimas y que lleven empadronados en la región al menos los dos años inmediatamente anteriores al acto terrorista.

La ley también será retroactiva. Podrán acogerse a las indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos o psíquicos las víctimas de acciones terroristas cometidas en la región desde el año 1960 y hasta la entrada en vigor de la norma, siempre que el atentado se haya producido en la comunidad de Madrid y la víctima estuviera empadronada al menos en los dos años anteriores al ataque. La Comunidad ha justificado esta retroactividad porque en Madrid "hemos padecido grandes atentados, entre ellos el mayor atentado terrorista de nuestro país. Si en esta ley no hubiéramos contemplado esta retroactividad, las víctimas de ETA y del 11-M se hubieran quedado fuera".

Pancarta en la sede de la Comunidad de Madrid en apoyo de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA.
Pancarta en la sede de la Comunidad de Madrid en apoyo de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA.

Desde 1960, el Gobierno regional tiene cuantificadas cerca de 2.800 víctimas susceptibles de recibir ayudas, 584 de ellas mortales. Los 75.000 euros a los que tienen derecho las familias de estas últimas suman un total de 43,8 millones. Las indemnizaciones a los 2.189 heridos suponen para las arcas regionales una media de 63,7 millones de euros. El compromiso económico que conlleva esta ley supera por tanto los 100 millones de euros solo en ayudas. La Comunidad de Madrid también quiere incluir dentro de la condición de víctima del terrorismo a las personas que acrediten, en los términos previstos en la ley estatal, haber sufrido amenazas o coacciones directas y reiteradas de organizaciones terroristas y que, por ello, hayan tenido que abandonar su comunidad autónoma de origen y hayan fijado su residencia en la región, "al menos los dos años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de la ley".

Pero la ley no solo se centra en el apartado económico. Incorpora novedades como la asistencia psicológica especializada para víctimas y sus familiares; medidas para promover su contratación por parte de empresas madrileñas y, en el caso de empleados públicos, facilidades para que se les asignen puestos de trabajo más adecuados a sus peculiaridades físicas y psicológicas. También contarán con facilidades para acceder a viviendas de protección pública y se fijarán bonificaciones en los precios de las actividades de tipo cultural y deportivo que dependan de la Comunidad. El Ejecutivo también ha aprobado destinar 300.000 euros este año 2017 a la convocatoria de ayudas para asociaciones de víctimas, un 30% más que en 2016.

Madrid

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