Cifuentes multará con 6.000 euros a las ambulancias que lleguen seis minutos tarde

"Les puedo garantizar que la Administración va a velar por el cumplimiento de lo reflejado en los pliegos. Vamos a ser estrictos". Con estas palabras, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid explicó hace unos días en la Asamblea de Madrid las sanciones incluidas en el nuevo contrato del "transporte sanitario terrestre, urbano e interurbano", que aún se está licitando, porque la empresa que ganó no ha podido demostrar la solvencia económica de la oferta que presentó. El contrato, que el Gobierno regional espera adjudicar en breve, conllevará sanciones de entre 2.000 y 6.000 euros al día si se incumplen los tiempos de respuesta establecidos.

Estos tiempos de respuesta están establecidos en un promedio diario: de 25 minutos en el medio urbano y 35 minutos en el medio rural. No se podrá superar en ningún caso los 45 minutos. Si la desviación excede entre minuto y medio y tres minutos, la multa será de 2.000 euros. Si es entre tres y cinco minutos, 4.000 euros. Y si es superior a los cinco minutos, 6.000 euros. "La no realización de un servicio ordenado por el centro coordinador son 12.000 euros". Según la Consejería de Sanidad, "se ha puesto especial énfasis en las penalizaciones por incumplimiento de estos tiempos de respuesta".

De las 96 ambulancias, 43 cuentan solo con una persona trabajando: un técnico conductor

El PSOE no piensa lo mismo. "El tiempo de respuesta siempre se trampea. ¿Por qué? Porque se mide desde que el centro coordinador del SUMMA 112 da la orden de servicio a una ambulancia. Y la da cuando sabe que hay una ambulancia libre y puede hacer el servicio, no desde que por ejemplo un hospital la reclama", señala el diputado socialista José Ángel Gómez-Chamorro Torres. Desde el sindicato CSI-F, no creen que se vayan a poner muchas sanciones y destacan que lo grave del contrato es que 43 de las 96 ambulancias que se pondrán en servicio solo llevan una persona a bordo. "El otro día, uno de los vehículos tuvo que asistir a un ciclista accidentado. Como solo va una persona en la ambulancia, no pudo inmovilizarlo, porque se necesitan dos. Hubo que llamar a otra ambulancia".

El contrato divide la dotación de vehículos en 27 ambulancias asistenciales de clase B, de soporte vital básico, con dos personas (técnico conductor y ayudante), y 69 ambulancias no asistenciales de clase A1, de las que solo 26 tienen dos personas. Además, del total de 96 ambulancias, solo 35 están disponibles las 24 horas. En horas de trabajo: 532.900 para los técnicos conductores y 353.320 horas para los ayudantes, "cuya presencia o no en la ambulancia queda determinada por las características del traslado". Según CSI-F, solo las 27 de clase B sirven para tratar correctamente una urgencia, aunque todas estén dotadas de desfibriladores.

Estas ambulancias, llamadas también de transporte urgente (atienden urgencias y realizan los traslados programados a los hospitales), complementan a las del SUMMA 112. El personal se distribuye en 271 conductores, 160 ayudantes, seis jefes de tráfico y cuatro oficiales administrativos. Estas ambulancias realizan una media de 330.000 servicios anuales.

Nuevo contrato, desde noviembre de 2015

El nuevo contrato debería estar vigente desde noviembre de 2015 (en esa fecha ya llevaba un año prorrogado). El precio de licitación era de 82,8 millones de euros por cuatro años. Se presentaron cinco empresas y ganó Alerta, que presentó una oferta de 72,3 millones de euros. Sin embargo, esta compañía no pudo presentar un plan de viabilidad y ha sido rechazada. Entra entonces en liza el segundo adjudicatario, la UTE SAFE-Ferrovial (Ferrovial es la actual adjudicataria), que ofrece 77,3 millones de euros.

La Asociación Madrileña de Empresarios de Transporte en Ambulancia (Ametra), la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) y seis sindicatos impugnaron la licitación ante el Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid porque consideraban inviable económicamente las condiciones que están recogidas en los pliegos. Según sus cifras, las 96 ambulancias cuestan 4,38 millones de euros, y los salarios y las condiciones laborales vigentes de los trabajadores por ley suman otros 75,9 millones. A los que hay que añadir 2,52 millones en combustible, teléfono y uniformes de los trabajadores.

SAFE-Ferrovial presentó su plan de viabilidad el 1 de marzo. Sin embargo, desde la consejería existen dudas legales "en cuanto a las competencias para requerir información técnica directamente por el órgano contratante, en lugar de la mesa de contratación". Es decir, Sanidad quiere garantías plenas y ha exigido que el contrato dé varios pasos marcha atrás y vuelva a la mesa de contratación para que esta "requiera informes técnicos adicionales para poder tomar la determinación debidamente fundamentada".