Los diputados no pueden saber si los cabecillas de la Púnica visitaron la Asamblea

Los diputados de la Asamblea de Madrid no tienen forma de comprobar si los cabecillas de la trama Púnica han visitado las instalaciones de la Cámara madrileña para visitar a sus señorías. Y no pueden porque el registro de visitas de la Asamblea se destruye a los 30 días. Esta es la respuesta que se ha encontrado el diputado de Podemos Miguel Ongil cuando la mesa de la Asamblea (el órgano de Gobierno) le ha rechazado varias peticiones de información.

Ongil presentó el 2 de noviembre varias peticiones para conocer si David Marjaliza, Maurice Didier y Alejandro de Pedro habían entrado a la Asamblea en las dos últimas legislaturas, "detallando fecha exacta de las entradas y personas a las que acudían a visitar". Marjaliza, empresario y amigo de Francisco Granados, es el principal cabecilla de la trama. Maurice Didier es el exdirector general de Cofely España, firma investigada por pagar presuntamente comisiones por obtener contratos públicos. Alejandro de Pedro es el dueño de la firma EICO, que se dedicaba a mejorar la reputación en internet de muchos de los políticos salpicados por el caso.

La mesa de la Asamblea, presidida por la popular Paloma Adrados, argumenta la no admisión a trámite de las peticiones de Ongil "por no ser competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid". La respuesta, en principio, parece solo una negativa de procedimiento: la Asamblea no se lo puede pedir al Gobierno regional porque este no tiene competencia sobre las entradas y salidas a la Cámara madrileña. Y la Asamblea, por su parte, no guarda los registros más de 30 días, según la respuesta que le dieron a Ongil.

Actas de las decisiones de la Asamblea

"Nos estamos encontrando que la mesa de la Asamblea está entrando mucho en los contenidos y no solo en las formas de la comisión de corrupción, que debería tener autonomía. La mesa está vetando muchas peticiones de información y peticiones de comparecencia sin argumentos. Y lo más grave es que no se están levantando actas de las reuniones de la Asamblea en que se argumenten esos vetos", señala Ongil. El artículo 19 del reglamento de la Asamblea especifica que "para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los diputados tendrán derecho a recibir las actas y documentos de los órganos de la Asamblea, salvo las que correspondan a actuaciones que, según lo dispuesto en este Reglamento, tengan carácter secreto. La solicitud se dirigirá en todo caso a la mesa, que autorizará a la Secretaría General para que facilite las actas y documentos requeridos".

Un portavoz de la Asamblea señala que se destruyen los registros a los 30 días porque así lo dice la ley de protección de datos. La norma quinta de la Instrucción 1/1996 "sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios" especifica que "los datos de carácter personal deberán ser destruidos cuando haya transcurrido el plazo de un mes, contado a partir del momento en que fueron recabados".

Ongil recalca que "se nos están dando muchas negativas con motivos técnicos o administrativos que impiden la transparencia en el trabajo de la Asamblea". No hay que olvidar que en un principio la mesa de la Asamblea se opuso a retransmitir por 'streaming', abiertas a toda la ciudadanía, las reuniones de la comisión de corrupción. "También se nos dijo que no había recursos para habilitar en la intranet de la web de la Asamblea un espacio común donde todos los diputados pudieran acceder a la documentación que está generando la comisión, y ahora nos encontramos con que se han eliminado los registros de acceso", concluye el diputado de Podemos.