rafael tomás codoñer seguí

Podemos acusa a la directora del IVIMA de adjudicar 2.935 pisos a su exsocio

Ana Gomendio, imputada en un juzgado por esta venta, fue socia en otra empresa de un representante de Bancaja en Azora Europa. Podemos le acusa de corrupción en la Asamblea

Foto: Ana Gomendio, en su comparecencia en la Asamblea de Madrid
Ana Gomendio, en su comparecencia en la Asamblea de Madrid

La primera sesión de la comisión de corrupción puesta en marcha en la Asamblea de Madrid ha deparado este viernes alguna que otra sorpresa y una grave acusación. Los grupos parlamentarios intentan dilucidar si la venta de 2.935 viviendas protegidas que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) hizo al fondo de inversiones Azora-Goldman Sachs fue irregular o no. Ana Gomendio, ex directora gerente del Ivima, que ya está imputada en un juzgado madrileño por esta venta, aseguró en su tensa comparecencia que esta operación estuvo "ajustada a derecho", aunque Podemos aseguró que la venta es "un caso de corrupción de libro" porque Gomendio adjudicó los pisos al que fue su socio.

"Aquí está la clave de la cuestión. El consejero delegado de Azora, a la que usted adjudicó la venta, fue su socio en dos empresas inmobiliarias. Por eso usted comparece en una comisión de investigación y por eso usted está imputada en un juzgado por prevaricación y malversación", le espetó el diputado Ramón Espinar. Rafael Tomás Codoñer Seguí era el representante de Bancaja en el Consejo de Azora Europa, unas de las sociedades de inversión que gestiona el grupo Azora. Este empresario inmobiliario es, según el registro mercantil, ex consejero delegado de la empresa Urbanizadora la Viña del Mar, sociedad en la que Gomendio ocupó el mismo cargo hasta su cese en agosto del año 2010. De hecho, varios familiares de Gomendio siguen hoy como directivos de esta empresa.

Desde Azora niegan tener cualquier relación con Rafael Tomás Codoñer. En un comunicado, la compañía afirma que Codoñer Seguí nunca ha sido empleado ni socio, ni ha tenido nunca relación mercantil o comercial alguna con Azora ni con su grupo y que ni Ana Gomendio ni sus socios han tenido nunca relación mercantil o comercial alguna con Azora ni con su grupo. Como empleado del Grupo Bancaja, Rafael Tomás Codoñer fue representante legal en el consejo de Azora Europa por parte de Bancaja Hábitat, que tenía inversiones en decenas de firmas inmobiliarias, un cargo no retribuido que abandonó en marzo de 2013, cuando fue relevado en su puesto como representante legal.

El diputado Espinar habló de dos empresas, pero realmente se trata de la misma que cambión de nombre. Urbanizadora la Viña del Mar, con sede en Valencia, fue constituida en enero de 2003. Antes se llamaba Casa Magenta Inmuebles sociedad limitada. Gomendio no negó la acusación y durante toda su comparecencia, que crispó bastante a los tres grupos de la oposición, se limitó a defender la legalidad de la venta de las viviendas protegidas.

Podemos denunció que los 2.935 pisos, repartidos en 32 lotes en 11 municipios de Madrid que pertenecían al Plan Joven, tenían un valor contable de 300 millones de euros, que el IVIMA tasó inicialmente en 168,9 millones. Doce empresas fueron invitadas por el IVIMA para pujar por las viviendas, que al final se vendieron a la gestora inmobiliaria Azora (con la financiación de Goldman Sachs) por 201 millones de euros, "un quebranto de 100 millones de euros para favorecer a su exsocio", le acusó Podemos.

Imputada en el juzgado 48

Gomendio fue nombrada directora gerente del IVIMA en abril de 2013. Reconoció este viernes en la Asamblea que se trataba de su primera experiencia en el sector público. Un año después, el abril de 2014, el juzgado de instrucción número 48 de Madrid la imputó tras admitir a trámite una querella interpuesta por varios diputados socialistas, a la que luego se unió una plataforma de vecinos afectados. Está acusada de malversación de caudales públicos y prevaricación.

En su comparecencia de este vienes defendió lo mismo que dijo ante el juez: que la operación de venta fue transparente y legal, que Goldman Sachs superó un 20% el precio de licitación y fue la "oferta más ventajosa" entre todas las aspirantes, y que los inquilinos de los pisos, aunque han cambiado de casero, no ha perdido ningún derecho.

 

 

 

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