El PP no tomará medidas contra Baltar hasta que sea condenado por el Supremo
El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, autorizará el suplicatorio del Alto Tribunal para retirarle la inmunidad parlamentaria. El trámite permitirá abrir un juicio penal por la comisión de un delito contra la seguridad vial
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José Manuel Baltar Blanco está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por una causa penal que trató de dilatar pero que le persigue pertinazmente pese a la protección que ganó como aforado al convertirse en senador: la comisión de un delito contra la seguridad vial. Esta semana, la jueza del Supremo que instruye la causa, Ana Ferrer, elevó una exposición razonada a la Sala de lo Penal instándoles a pedir un suplicatorio a la Cámara Alta, que en la práctica supone levantar la protección legal del cargo público como paso previo a abrir juicio. El TS ha cursado este viernes esa petición.
El PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, autorizará el requerimiento del Alto Tribunal y suspenderá la inmunidad de Baltar para que el procedimiento penal pueda seguir su curso. Pero de momento descartan pedirle el acta o valorar medidas disciplinarias hasta que no sea condenado por el Supremo. La apuesta es ir "paso a paso", tal y como dictan sus estatutos, y respetar la "presunción de inocencia".
El reglamento interno de los populares fija como infracción "muy grave" la de la "condena por un delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido, se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos" del afiliado, y no se valora la suspensión de la militancia hasta que no se resuelva la acusación judicial. Los estatutos establecen también que la expulsión del partido no se impondrá hasta la existencia de una "sentencia firme" que condene al afiliado "a penas de prisión o inhabilitación". El partido puede abrir también expediente informativo, acción que tampoco se ha valorado hasta ahora.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, guardó cautela. “Lo que tiene que hacer es someterse al procedimiento judicial y a sus consecuencias”, dijo el presidente autonómico. “Mientras tanto, presunción de inocencia”, repitió, dejando claro que desde el PPdeG no ven incompatibilidades entre el proceso abierto en el Supremo y el escaño que ocupa como senador autonómico por designación directa del Parlamento de Galicia.
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De acuerdo a las diligencias previas, todo hace indicar que Baltar sobrepasó la velocidad permitida y tiene enfrente pruebas contundentes: la tozudez del radar y un atestado de la Guardia Civil de Zamora que lleva a la jueza instructora a apreciar “indicios racionales de criminalidad contra el senador”. Fue el domingo 23 de abril del 2023 a las 18:43 horas.
Baltar Blanco conducía a 215 kilómetros por hora por la autovía A-52 en uno de los coches oficiales de la Diputación de Ourense en dirección a Madrid a la altura de Asturianos y un radar lo cazó superando en 95km/h la velocidad permitida al volante de un Wolkswagen Passat. Fue el segundo radar del mismo día. El primero, lo retrató a 173 km/h pasando Allariz (Ourense) y el segundo —54 minutos después— a 215 km/h ya en Zamora.
El problema judicial de Baltar fue este segundo radar y el artículo 379.1 del Código Penal, donde se fija como delito superar en más de ochenta kilómetros hora la velocidad permitida en una vía interurbana (120 km/h). Además, una patrulla le dio el alto y lo sancionó in situ (600 euros y 6 puntos del carné), abriendo las diligencias que le han llevado hasta el Supremo. Así lo señala también en su escrito la Fiscalía, que pide para él una pena de seis meses de multa a razón de 10 euros diarios, hasta un total de 1.800.
Ese viaje a toda pastilla por Zamora ya le ha costado dos cargos a Baltar hijo; el más doloroso, la presidencia Diputación de Ourense. La joya de la corona del baltarismo como dinastía donde entre su padre —José Luis Baltar Pumar, que se definía como un “cacique bueno”— y él gobernaron la provincia de forma consecutiva durante 33 años como un granero infalible de votos para el PP en todos los comicios.
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El segundo peaje fue renunciar a la presidencia provincial del PP de Ourense, de la que se vio forzado a apartarse en favor de Luis Menor, hombre próximo a Rueda que también lleva ahora las riendas de la Diputación. A cambio, Baltar ganó un billete dorado al Senado. Un privilegio político al que no parece querer renunciar hasta que una sentencia firme lo obligue.
Maniobras de dilación
Las argucias de José Manuel Baltar por librarse de esta causa han sido muchas y variadas. Retrasó su comparecencia para un juicio rápido en Zamora hasta después de las municipales del mayo del 2023 alegando la indisposición de su letrado y se benefició de la huelga de funcionarios que provocó la suspensión del juicio fijado en Puebla de Sanabria. Posteriormente, rechazó las penas de conformidad con la Fiscalía admitiendo los hechos y el caso cambió de sala a penal.
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Para cuando se pudo retomar la causa, ya estaba aforado y ganó varios meses de calma chicha mientras los juzgados de Castilla y León se inhibían en favor del Alto Tribunal. Dio plantón a la magistrada del Supremo en la primera cita —el 12 de diciembre— por otra afección de su abogado, y cuando por fin prestó declaración el 19 de ese mismo mes, negó circular a esa velocidad o exceder los 200 km/h, cuestionó la precisión de los radares —con un margen de error del 5%— y alegó que ya había sido sancionado para dar el caso por cerrado. La sanción administrativa "no objeta la causa penal", señala la magistrada, que seguirá adelante con el juicio a un político con mucho rodaje que se agarra fuerte a su escaño.
José Manuel Baltar Blanco está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por una causa penal que trató de dilatar pero que le persigue pertinazmente pese a la protección que ganó como aforado al convertirse en senador: la comisión de un delito contra la seguridad vial. Esta semana, la jueza del Supremo que instruye la causa, Ana Ferrer, elevó una exposición razonada a la Sala de lo Penal instándoles a pedir un suplicatorio a la Cámara Alta, que en la práctica supone levantar la protección legal del cargo público como paso previo a abrir juicio. El TS ha cursado este viernes esa petición.