Parques eólicos de ida y vuelta: frenazo judicial al boom de renovables en Galicia

El cuento de los eólicos coexistiendo idílicamente con las vacas y ovejas en los verdes pastos ya no cala en Galicia. Prácticamente cada permiso de instalación se pelea en el juzgado, como una liga partido a partido. En pocos días, el Tribunal Superior de Xustixa de Galicia (TSXG) paró dos veces los pies al gobierno gallego de Alfonso Rueda y suspendió los permisos para los parques eólicos de Campelo y Lagoa II, en A Coruña. Un toma y daca donde el ejecutivo autoriza y el juzgado paraliza. Lo que inquieta a las eléctricas, satisface a comunidades locales, que lo celebran como una pequeña gran victoria y donde los colectivos ecologistas hacen el trabajo más laborioso: de recopilación legal y ambiental que fundamenta los recursos.

TE PUEDE INTERESAR

El despliegue de las renovables resucita el regionalismo energético

Marcos Lema Lourdes Barragán Gráficos: Miguel Ángel Gavilanes

Esta batalla, hasta ahora silenciosa, tuvo un nuevo episodio más ruidoso en los últimos días con un cruce de comunicados entre la patronal eólica -a través de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)-, que se quejó de la "inseguridad jurídica" de sus inversiones y la "desautorización judicial" a los parques y enfrente, la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia Galicia, que defendió con fiereza la "independencia y dignidad" de los magistrados en sus autos.

Es la punta del iceberg de un problema caleidoscópico en el que se cruzan la ambición económica de las grandes empresas energéticas, que tributan lejos de Galicia en su apuesta inversora por las energías renovables y que chocan con una legislación ambiental más estricta. También con una mayor conciencia de los vecinos, descreídos de las promesas de rentabilidad que nunca obtuvieron tras el sacrificio inútil de sus terrenos y prados. Son los habitantes del rural gallego, pero también los urbanitas, los que se revuelven contra la "invasión eólica" y han adoptado un rol muy activo en la defensa del territorio, de un sector primario sin interferencias eólicas y de un paisaje libre de aspas.

El primero de los dos parques que el TSXG paralizó estos días fue el de Campelo. La sección tercera de la Sala Contencioso Administrativo anuló la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública que la Xunta -que entonces presidía Alberto Núñez Feijóo- le concedió el 18 de noviembre del 2021.

A medio camino entre los municipios Coristanco y Santa Comba, en el interior de A Coruña, lo promovía Greenalia donde se recolocó como ejecutiva energética Beatriz Mato, la exconselleira de Medio Ambiente del Ejecutivo gallego durante una década, del 2009 al 2018. Es uno de los casos más sonados de puertas giratorias entre la política y la empresa. La misma persona que había estado al frente de la protección ambiental gallega y la ordenación del territorio ejerce ahora como alta ejecutiva y directora de Sostenibilidad de la firma.

TE PUEDE INTERESAR

En mi pueblo, "no": por qué la España vaciada se opone a los megaproyectos

Inés P. Chávarri Álvaro Sierra. Zaragoza

El auto judicial, fechado en junio, señala que se produjo una “fragmentación indebida” al postular tres parques en Campelo, Bustelo y Monte Toural que “no eran autónomos, sino integrados y dependientes entre sí, al compartir estructuras y conexiones”. Da la razón al recurso interpuesto por ADEGA (Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galiza) y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. Greenalia, por su parte, se queja “de la inseguridad jurídica” que le provoca este varapalo y estudia los pasos a dar.

El segundo jarro de agua fría contra los planes eólicos aprobados por la Xunta nos lleva hasta el municipio de Zas. La misma sección de la misma sala del TSXG suspendió el pasado 19 de junio de forma cautelar las autorizaciones del Ejecutivo gallego para instalar el parque de Lagoa II y estima el recurso de la asociación local Petón do Lobo contra el proyecto de Engasa Lagoa, que pasaba por instalar 7 autogeneradores de 112 metros. La empresa sí logró sacar adelante, por ahora, el parque Lagoa I, con 4 molinos.

"Tunda judicial" al boom eólico

El toma y daca de los eólicos llegó hace unas semanas al Parlamento gallego en un cruce de acusaciones entre el Gobierno de Rueda, que asegura ser “super estricto” con las tramitaciones, y un BNG -desde la oposición- que pide explicaciones por el “chaparrón y la tunda judicial” a los permisos de la era Feijóo y exige que se ponga fin al “boom eólico depredador del expolio energético” al viento gallego que tributa en las sedes sociales de grandes empresas de Madrid.

TE PUEDE INTERESAR

Por tierra, aire y ¿mar? Galicia se lanza a la conquista de la energía eólica marina

Lourdes Barragán

La Xunta anunció este miércoles que descarta 66 proyectos eólicos -2.000 megavatios que van al cajón-, pero son muchos más los que están pendientes de resolver tras lo que fue un auténtico aluvión de peticiones para Declaración de Impacto Ambiental (DIA): más de 140, solo en Galicia a primeros de año.

Mientras los vecinos se revuelven en proyectos como aldeaslibresdemacroeólicos, donde se agrupan más de 15 colectivos. De Norte a Sur, del Cabo Ortegal a Pena Trevinca, o de Este a Oeste, de la Mariña de Lugo a Costa da Morte, no hay prácticamente un municipio donde los vecinos no se esten revolviendo contra “la invasión eólica”.

La últimas águilas reales

La supervivencia del águila real en Lugo también está amenazada por las aspas. Adega, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, una de las más longevas, minuciosas y alineadas con WWF, denunció este miércoles que recurrirá los proyectos de tres parques en Xeada, Orballeira e Neboada, en las sierras de O Courel y Valdeorras -tierras protegidas como corredores ecológicos y reservas de la biosfera- por suponer una amenaza para la última pareja de ejemplares de esta especie documentada en la provincia. “Los molinos afectarán de forma crítica a la única pareja de aguilas reales de Lugo, así como a otras aves vulnerables como la gatafornela y la tartaraña”, denuncian. No limitan a las aves sus críticas al proyecto. “Es un único macroparque de 10 unidades que dividen en tres partes para esquivar la evaluación ambiental, por lo que podrían incurrir en un fraude de ley”, denuncia un portavoz del colectivo. Por fragmentación indebida, el TSXG acaba de suspender un permiso a Greenalia.

Desde Adega tienen un marcha #TiPodesParalos con lo que denominan 22 desafíos que corresponden a otros tantos parques eólicos que “ponen en riesgo el medio ambiente y el patrimonio natural de Galicia y que son potencialmente recurribles”. Impugnarlos en los tribunales es costoso y hasta la fecha, tal y como publican en su web, han recaudado 52.000 euros. “Una cifra histórica que evidencia el rechazo social a una política eólica depredadora impulsada por la Xunta y el Estado con la connivencia del oligopolio energético”, concluyen.