Diez años de espera y un giro inesperado: la Fiscalía carga contra el maquinista y exculpa a Adif en el juicio del Alvia

¿Toda la culpa? Del maquinista. Un error humano y ninguna responsabilidad de Adif, el administrador ferroviario, por no aplicar las medidas de seguridad más exigentes y desconectar el sistema de frenado automático en un tramo con una curva peliaguda; un peligro del que ya habían advertido con insistencia otros conductores de tren. Con este argumento (inesperado) se descolgó esta semana la Fiscalía en la recta final del macrojuicio por el accidente de Angrois para sorpresa e indignación de las distintas plataformas en las que se agrupan víctimas, familiares y afectados que ejercen la acusación popular y pelearon con uñas y dientes, -y muchas concentraciones ante el Congreso o llamando a las puertas de la Unión Europea- para sentar en el banquillo de los acusados a Andrés Cortabitarte, exdirector de seguridad de Adif.

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Europa Press

La sorpresa saltó el miércoles 20, en el primer día de las conclusiones del macrojuicio penal por el accidente del Alvia -arrancó en octubre del 2022- después de siete años de instrucción y largas vistas con los estremecedores testimonios de los supervivientes y de los familiares de las 80 víctimas que viajaban en el tren Alvia 04155 de Madrid a Ferrol el 24 de julio del 2013. No llegaron a la estación de Santiago, que apenas distaba 3.000 metros. El convoy se estrelló en la curva de A Grandeira (Angrois) a 191 kilómetros por hora, el doble de lo que se podía y debía en un tramo complicado, sin balizas, con escasa señalización física ni mecanismos adicionales de frenado automático a la pericia de una sola persona: Francisco José Garzón Amo, el maquinista.

El fiscal, Mario Piñeiro, abrió la fase de conclusiones haciendo suyos los argumentos de la Abogacía del Estado -que defiende a Adif- y retiró la petición de 4 años de cárcel para Cortabitarte -idéntica a la que sí mantiene contra el maquinista- por el “galimatías jurídico" de los protocolos de seguridad, como proclamó en la sala para sorpresa de un centenar de letrados que representan a las partes. Al tiempo, arramplaba contra el otro imputado por contestar a una llamada “irrelevante”. Para la Fiscalía, Cortabitarte no tiene ninguna responsabilidad penal pese a haber firmado un informe certificando la seguridad "cien por cien" de una línea cuyos riesgos no se habían estudiado o autorizando la desconexión del sistema ERTMS -frenado automático- ya que actuó como un "burócrata".

Con este cambio de criterio del Ministerio Público, el Administrador ferroviario -que depende del Ministerio de Transportes- no tendría ninguna responsabilidad penal en la mayor tragedia ferroviaria de España en democracia, tras aquel otro descarrilamiento en 1944 en Torre del Bierzo, cuyo número de víctimas nunca se supo con certeza. No concuerda con el testimonio del jefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, Christopher Carr, que en diciembre declaró que Adif y Renfe debían haber adoptado medidas ya que “la normativa europea obligaba a evaluar el riesgo” de la curva. No se hizo.

La soledad del maquinista

El fiscal del caso Alvia soltó toda la artillería contra el maquinista: Francisco José Garzón Amo, un conductor veterano que cometió un error fatal; contestó a una llamada "irrelevante" del interventor al teléfono corporativo que lo interrumpió durante 100 segundos -poco más de minuto y medio- para saber cómo era el andén de Pontedeume (A Coruña) en el que debía apearse una familia con dos niños. La madre, Lidia M. y la hija pequeña fallecieron. El padre Rafael R, regresó a una casa medio vacía con el hijo mayor y la vida partida.

La llamada entró en el peor momento y distrajo al maquinista del trazado hasta que tuvo la curva encima. Frenó, ya sin tiempo para evitar el descarrilamiento. Garzón, fotografiado ensangrentado y desnortado tras el accidente, ha representado cómo nadie la soledad de la culpa de un accidente que se cobró 80 vidas y truncó otras muchas en secuelas, ausencias y lesiones. Sobre él pesan las acusaciones por 80 delitos de homicidio y 145 por lesiones por imprudencia profesional grave.

A Garzón sí lo arropan los suyos, el sindicato de maquinistas (Semaf), que lo acompañaron a las puertas de la Cidade da Cultura del Monte Gaiás, donde se ha celebrado el juicio. Para ellos, su compañero es "una víctimas más" por un error humano con un desenlace fatal.

Indignación de las víctimas

Sorpresa, indignación y decepción, incluso. Así se pronunciaron a la postre los abogados de las plataformas de víctimas tras el cambio de criterio del Fiscal. "Perro no come perro", proclamó de forma gráfica, Manuel Alonso, letrado de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, en referencia a que la responsabilidad de Adif sería, también, la del Gobierno en el que se enmarca el Ministerio Público.

Perro no come perro

Tanto la Plataforma Víctimas Alvia 04155 como la Asociación de afectados (Apafas), mantienen la petición de cuatro años de cárcel para Andrés Cortabitarte (Adif) y otros cuatro para Garzón Amo (maquinista), quien pidió "perdón, perdón, perdón" con insistencia en todas sus declaraciones. Demandan una sentencia justa y entienden que un solo hombre no puede cargar con toda la responsabilidad de una catástrofe solo por contestar "a una llamada". Irónicamente, manifestó la plataforma en un comunicado, achacan el cambio de postura del fiscal Piñeiro a otra "llamada corporativa", la de su jefe: el Fiscal General del Estado.

El caso, que acumula más de 50.000 folios a doble cara, quedará visto para sentencia el 27 de julio: una década después de la tragedia a la que víctimas y familiares todavía no han podido llegar a la estación final. Los afectados, que se sienten abandonados por la Fiscalía, miran ahora hacia la jueza titular de la sala de lo Penal 2 de Santiago, Elena Fernández Currás, que dictará su fallo en otoño.