Caso Déborah: 20 años de "negligencias" y un ordenador manipulado bajo custodia judicial

El pasado 30 de abril se cumplieron 20 años de la desaparición en Vigo de Déborah Fernández. Ya no habrá más investigados relacionados con su muerte que su exnovio, el único imputado judicialmente antes de la prescripción en esa fecha. Pero el caso sigue deparando sorpresas. La última, el informe que revela que el ordenador de la joven fue manipulado cuando estaba bajo custodia policial, ha reactivado la indignación de la familia de la víctima y respalda sus tesis de negligencias en la investigación. "Es de una gravedad tremenda", zanja el abogado de los familiares de Déborah.

El análisis del ordenador de Déborah —la joven viguesa que desapareció en 2002 cuando salió a hacer deporte y que fue encontrada muerta en una cuneta diez días después— es una de las últimas pruebas que se incorporaron al caso, reabierto en noviembre de 2019. La jueza que lo instruye tuvo incluso que instar a la empresa que lo inspeccionó a concluir su trabajo con celeridad, por si de sus resultados se derivara alguna nueva imputación. Pero lo más relevante del peritaje ha sido la dudosa custodia de una prueba considerada fundamental. Como se sabía, la computadora personal ha sido manipulada, probablemente para borrar pruebas. Lo que se desconocía es que ese borrado se produjo después de 2016, cuando ya estaba en poder de la Policía.

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Los familiares de Déborah pedirán al juzgado que instruye la causa, el número 2 de Tui, la apertura de una pieza separada para tratar de aclarar quién hackeó el ordenador de la joven. Pero sus reclamaciones no acaban ahí. Son tantas las "deficiencias" de la instrucción que vienen denunciando, que demandan que se amplíe la investigación a todas esas circunstancias "extrañas" de la investigación policial. Las más relevantes, relacionadas tanto con el ordenador personal como con el análisis del teléfono de víctima. Un teléfono que, al igual que el disco duro, la Policía no reclamó hasta que habían transcurrido cuatro años desde la muerte de Déborah.

La Policía Nacional no requirió ninguno de los dos dispositivos hasta el 19 de septiembre de 2006. Los recogió en la casa de sus padres, donde vivía, y permanecieron tres años bajo custodia policial. Fue 2019, tras la reapertura del caso, cuando su disco duro fue entregado a la juez, que encargó su análisis a la empresa Lazarus Technology, la misma que recuperó los datos del móvil de Diana Quer, después de que el servicio de Ingeniería de la Guardia Civil de Madrid informase de la imposibilidad de extraer su información.

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Tal y como ya había advertido Lazarus, alguien realizó una alteración de fechas y un borrado a conciencia del ordenador que Déborah tenía en su cuarto, lo que ha impedido rescatar conversaciones de Messenger consideradas cruciales. De acuerdo con el peritaje, el ordenador fue alterado poco después de que agentes de la comisaría de Vigo lo recogiesen en la casa de la joven viguesa. El disco duro fue rápidamente enviado a Madrid, por lo que no se ha aclarado si fue en Galicia o en la unidad central donde fue manipulado. El informe pericial es el tercero que emite Lazarus y matiza uno anterior, en el que advertía de una manipulación previa a la entrega del dispositivo a la policía.

La gravedad de la nueva revelación ha llevado a la familia a expresar su convicción de que, más que una mala investigación, han existido "mala fe y sobornos". A través de un comunicado, sostiene su convicción de que alguien se valió de su influencia y dinero para borrar huellas. "Si hay o hubo alguna duda sobre el interés de Policía y juzgados en esclarecer el caso de nuestra hermana, ya tiene la respuesta. A todos los que nos tacharon de locos por afirmar que hay una mano negra, aquí también tienen su respuesta", afirman.

Un trato favorable para el acusado

La tenacidad de los familiares de Déborah consiguió que el caso se reabriera en 2019, 17 años después del crimen y con el plazo de prescripción de los delitos ya próximo. Fue un logro que vino a demostrar, según su interpretación, que la investigación inicial había estado rodeada de circunstancias inexplicables, que a su juicio trataban de encubrir al exnovio, que no fue imputado hasta febrero de este año, cuando fue llamado a declarar como investigado.

Pese a la reapertura del caso, el abogado de la familia mantiene su denuncia de irregularidades. Entre ellas, la propia declaración del exnovio, quien según el letrado, Ramón Amoedo, fue interrogado sin la necesaria "intensidad". "El interrogatorio de la juez y del fiscal fue una conversación entre amiguetes, sin incomodar. Fue una conversación para cumplir el trámite", acusa.

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Antes de eso, la familia y el abogado habían enumerado hasta quince deficiencias en la investigación. Y una de ellas tenía que ver con el trato dispensado al que fue siempre el principal sospechoso para los familiares de Déborah. No fue llamado a declarar hasta nueve días después de la desaparición. Después, se ausentó de España por motivos laborales y no se le volvió a citar hasta diciembre, una declaración que se envió a los juzgados en 2019.

No consta en autos judiciales si se investigaron las cámaras de la zona, ni fueron llamados a declarar hasta 17 años después ni el padre ni la hermana de Déborah. De la declaración de su hermana solo se registró una pequeña parte. La Policía tampoco visitó hasta muchos meses después el campo de fútbol donde, supuestamente, el principal sospechoso estuvo jugando el día que la joven desapareció, cuyo vehículo fue inspeccionado ocho años después.

Pero las principales presuntas irregularidades se centran en el ordenador y en el teléfono de la víctima. Siempre según la versión de la familia, no se investigaron las llamadas efectuadas en aquellos días desde el teléfono del exnovio, como tampoco los de las amigas de Déborah. Cuando en 2020 la familia denunció "negligencias" en la investigación policial, apuntó que el móvil de la joven "se extravió" después de 2006. Recientemente, añadió que en el listado de llamadas entrantes del móvil hay "28 espacios en blanco" que han impedido identificar por quién fueron realizadas.