Añón, Urgoiti, los Campo… El TS certifica el descalabro de fortunas en el Banco Gallego

Malas noticias para algunas de las mayores fortunas de Galicia. El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de indemnizaciones por lo que les ocurrió con el Banco Gallego a sus principales accionistas, que no fue otra cosa que unas pérdidas millonarias como resultado de una operación acordeón que atrapó buena parte de su patrimonio. Manuel Añón, Juan Manuel Urgoiti y los herederos de Epifanio Campo son algunos de los perjudicados, aunque la lista alcanza a casi 40 personas y sociedades, con cantidades que en algunos casos alcanzan los 28 millones de euros.

La sentencia del Supremo, del 24 de enero, ratifica el fallo de la Audiencia Nacional que en 2016 avaló el modo de actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tres años antes había rescatado el Banco Gallego para venderlo después por un euro al Banco Sabadell. El FROB impuso su mayoría accionarial en la junta de accionistas del 29 de enero de 2013, para aprobar una operación que redujo a cero el capital y se llevó por delante el dinero de los accionistas, además de certificar la pérdida de otro de los emblemas del sistema bancario gallego, una entidad que extendía sus raíces en el siglo XIX.

Campo se mantuvo en la entidad hasta el final, con un 11,5% del capital que perdió en el proceso de reestructuración, antes la entrega al Sabadell

Los herederos de Epifanio Campo, fallecido en agosto de 2016, son los que peor parados salen con la sentencia. Él fue, junto con Amancio Ortega, Juan Manuel Urgoiti y la familia Entrecanales, uno de los socios fundadores del Banco 21, con sede en Madrid, para después comprar el Banco Gallego y fusionar ambos en 1998. Campo se mantuvo en la entidad hasta el final, con un 11,5% del capital que perdió en el proceso de reestructuración bancaria, previo a la entrega del banco al Sabadell. Su capital en el Gallego, gestionado a través de las empresas Rodonita e Inverpuente, estaba valorado en casi 30 millones de euros.

Urgoiti, estrechamente vinculado a Galicia desde su entrada en el consejo de Inditex, en 1993, presidía el banco cuando fue rescatado. Sus inversiones ascendían a 6,8 millones de euros a través de Activest y a otros 6,6 mediante la Fundación José Antonio de Castro. Mucho menores son las pérdidas de Manuel Añón, según Forbes, poseedor de una fortuna de 400 millones de euros que lo sitúa entre los cien empresarios más ricos de España. De acuerdo con la sentencia de la Audiencia Nacional, su quebranto económico no alcanzó el millón de euros.

Es poco si se compara con los 25 millones que reclama Añón por un caso similar en NovaCaixaGalicia (NCG), la entidad heredera de las cajas de ahorros gallegas. Según su testimonio, el presidente de NCG, José María Castellano, le convenció para invertir 26,4 millones en la nueva corporación, en una campaña respaldada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para obtener liquidez para las cajas entre los empresarios más acaudalados de Galicia. La historia acabó como la del Banco Gallego: en una operación acordeón del FROB que borró a los anteriores accionistas, entre ellos Manuel Jove, Gadisa, Coren y Metalships.

En el caso del Banco Gallego, hubo muchos otros socios que vieron cómo se esfumaban sus inversiones. NovaCaixaGalicia controlaba la entidad con un 49% de un capital que súbitamente se redujo a cero, aunque por entonces la heredera de las cajas ya había sido nacionalizada y pertenecía al FROB. Junto a ella, y además de Epifanio Campo, entre los principales accionistas estaban Javier Hungría (11,48%); Juan Manuel Urgoiti (7,41%); Ramón Bahamonde (3,65%); BNP Paribas (3,13%) e Inditex (2,46%).

La histórica entidad bancaria gallega desaparecería al decidir el Sabadell integrarla en su negocio

Los dirigentes de NCG venían anunciando desde hacía meses que sería el Estado el que controlaría, vendería o liquidaría el Banco Gallego, que había quedado desligado del plan de reestructuración de la caja fusionada. La operación acordeón se aprobó ese 29 de enero de 2013 en una tensa reunión en un hotel de Santiago, en la que algunos de los accionistas mostraron su indignación por las decisiones tomadas y protestaron por el rechazo del FROB a propuestas como aumentar el capital a 170 millones de euros, con derecho de suscripción preferente para los accionistas.

La nacionalización se selló en marzo de ese año, después de que solo acudiesen a la ampliación el FROB, a través de NCG Banco, y otros pequeños inversores. El Estado inyectó 80 millones de euros, con lo que el 99,95% del capital estaba ya bajo su control. Banco Sabadell, Banco Espírito Santo y Banescopresentaron sus ofertas para hacerse con la entidad, y sería el primero de ellos el que se quedaría con el Banco Gallego por el simbólico precio de un euro, tras la inyección previa de 245 millones de euros por parte del FROB para completar su saneamiento. Las ayudas públicas ascendieron en total a 325 millones de euros. La histórica entidad bancaria gallega desaparecería como tal al decidir el Sabadell integrarla en su propio negocio.

La sentencia del Supremo considera que no existió "un funcionamiento anormal en la actuación del FROB en el proceso de reestructuración de Banco Gallego, al haberse sujetado a las normas reguladoras de los mecanismos paliativos de insolvencia previstos" en la normativa. Precisa además que el 25 de julio de 2013, la Comisión Europea aprobó una versión modificada del plan de recapitalización y reestructuración del banco en el que figuraban como anexo "los términos y condiciones de la gestión de instrumentos híbridos y obligaciones subordinadas" de la entidad. En el examen de las reclamaciones de los antiguos accionistas no se apreció "funcionamiento anormal en la actuación del FROB", por lo que "no puede predicarse de dicho actuar la existencia de un daño antijurídico".

La sentencia del Supremo señala que la demanda de responsabilidad patrimonial "no puede ser un instrumento para revisar el procedimiento". "Se podrá o no estar de acuerdo con tal consideración y con las consecuencias que supone, pero lo que no puede aceptarse es la alegación de que la sentencia no resuelve la cuestión o cuestiones planteadas en la demanda e incurre así en incongruencia omisiva", argumentan los jueces, que añaden que "la vía de responsabilidad patrimonial no es viable para revisar el procedimiento que abocó a la declaración de la resolución del banco".