entre ellos Rafael Louzán y Abel Caballero

Imputados 46 políticos, empresarios y funcionarios en la Operación Patos

La magistrada acepta la inmensa mayoría de las propuestas por el Fiscal, e imputa a todas las personas que solicitaba el Ministerio Público, excepto a tres

Foto: El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero es uno de los imputados. (EFE)
El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero es uno de los imputados. (EFE)

El sur de Galicia ya tiene la réplica de los casos Campeón y Pokémon, con epicentros en Lugo y La Coruña. La jueza de instrucción número 4 de Vigo ha notificado este viernes la imputación de 36 personas en el marco de la Operación Patos, lo que eleva a 51 el total de los implicados en esta trama de presuntos amaños de contratos públicos y recepción de regalos. El auto afecta a empresarios, funcionarios y políticos, en su mayor parte del PP, aunque el de mayor relevancia pertenece al PSOE. Se trata de Abel Caballero, alcalde de Vigo y elegido el pasado sábado presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

A Abel Caballero se le acusa de aceptar supuestamente un reloj y una pluma estilográfica de oro y plata como regalo de Navidad, extremo negado por el alcalde vigués, que ha presentado un documento incorporado al sumario que refleja la devolución de este último agasajo. Con él están imputados tres concejales del Ayuntamiento de Vigo, dos de ellos por presuntos amaños en contratos y obras públicas del Ayuntamiento de Vigo.

La delegada del Gobierno gallego en Vigo, María José Bravo Bosch, es otro de los principales imputados por la jueza, que le atribuye una colaboración muy estrecha con el personaje central de la presunta trama, el empresario Enrique Alonso País, al que la propia Bravo define como “un hombre de partido”. Los pinchazos al teléfono de la delegada revelan varios mensajes de móvil dirigidos al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en los que le planteaba los problemas de dos empresarios, uno del naval afectado por la crisis del tax lease y el otro de la construcción, con dificultades para renegociar una deuda.

La lista de contratos supuestamente amañados asciende a 44 y a un importe conjunto de 17 millones de euros

La lista de políticos imputados se completa con el expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán, al frente de la institución provincial entre 2000 y 2015, y el exvicepresidente de la misma José Manuel Figueroa. La jueza ha acordado la creación de una pieza separada que se tramitará en el mismo juzgado relativa a los hechos del sumario que afectan al Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra), con 16 imputados, que se suman a los 35 de la causa principal, y se ha inhibido a favor de otros cuatro juzgados para tramitar flecos del caso en Pontevedra, Ponteareas, Ourense y Santiago.

La investigación comenzó en el 2013 como consecuencia de las escuchas telefónicas a Alonso País, administrador único de la constructora Eiriña y considerado como el cerebro de la trama. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) recoge también documentos requisados en esa empresa y Cespa –filial de Ferrovial– y en despachos de seis ayuntamientos. País fue detenido en febrero de 2014 junto con dos trabajadores de Cespa, otro directivo de Eiriña y el exconcejal de Vías y Obras de Nigrán.

De acuerdo con los informes policiales que forman parte del sumario, País lograba presuntamente mediante regalos y otros favores –en al menos un caso, el pago de servicios sexuales– que políticos y funcionarios simulasen los cauces legales en concursos de obras públicas que en realidad estaban amañados. La constructora de País resultaba adjudicataria de contratos en los que se simulaba la concurrencia competitiva de empresas en procedimientos negociados sin publicidad, mediante la invitación a contratistas con los que se había acordado que presentarían una oferta peor.

“Este tipo de artimañas constituyen un claro fraude a la legislación del sector público, realizadas con pleno conocimiento de su ilegalidad, en las que se exige una cierta participación de personas del sector público, quienes de corroborarse los documentos presentados, cooperarían necesariamente en los hechos, realizando las invitaciones sugeridas y posteriormente adjudicando contratos de forma totalmente arbitraria e injusta y a sabiendas de su ilegalidad”, afirma el informe de la UDEF.

La lista de contratos supuestamente amañados asciende a 44 y a un importe conjunto de 17 millones de euros. De acuerdo con los informes policiales, el cerebro de la trama también realizaba mediaciones para otras empresas, a cambio de presuntas comisiones que solían rondar el 10% de los importes adjudicados. En algunos casos, era la propia empresa Eiriña la que inflaba los presupuestos para asegurarse su beneficio económico, una maniobra “en claro perjuicio del erario público”, sostienen los investigadores.

La investigación comenzó en el 2013 como consecuencia de las escuchas telefónicas a Alonso País, administrador único de la constructora Eiriña

Como en los casos Pokémon y Campeón, con un centenar ya de imputados, los pinchazos telefónicos, que se prolongaron durante un año, permitieron hilvanar la investigación policial hasta que el caso estalló el 18 de febrero de 2014. Ese día se produjeron los registros simultáneos en los ayuntamientos de Nigrán, Ponteareas, Santiago, Pontevedra, Vigo y Ourense y en la Diputación de Pontevedra, entre otras instituciones. “Que la medalla se la lleve mi concejal. Nosotros le hacemos el trabajo sucio y que se lleve la medalla y que nos adjudique el concurso (...); esa es la ecuación”, comentaba un directivo de Cespa a una interlocutora en mayo de 2013. Lo hacía en referencia al concejal de Vigo Ángel Rivas, al que se dirigía así como “el concejal más guay del Paraguay” tras resolverle un problema de la empresa, según publicó Faro de Vigo.

La policía atribuye a Enrique Alonso País una posición de “supremacía” sobre la delegada de la Xunta en Vigo, hasta el punto de “permitirse el lujo” de renunciar a contratos por considerarlos menores. El responsable de Eiriña disponía en todo momento “de información privilegiada” aportada presuntamente por funcionarios de la Xunta o por la propia Bravo Bosch, que, siempre según el informe policía, “le informan de las ofertas presentadas por otras empresas competidoras”, para competir así de forma ventajosa.

En el caso de la Diputación de Pontevedra, la UDEF considera ilegales cuatro contratos adjudicados a Eiriña para dos campos de fútbol en Coia y Coruxo (Vigo) y dos en Moraña, con contratos que superan los tres millones de euros. La unidad estima acreditadas las influencias ejercidas sobre funcionarios y el entonces presidente de la Diputación para conseguir los cuatro contratos. En pinchazos telefónicos, el dueño de Eiriña, Enrique Alonso País se jacta de “ponerle las pilas” a Louzán y de exigirle que le “tiene que dar obras con las que ganar dinero”. Tras perder la Diputación en las últimas municipales, Louzán es ahora presidente de la Federación Gallega de Fútbol. A la inauguración del campo de vigués Coia asistió el presidente de la Española de Fútbol, Ángel María Villar.

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