la 'operación qatedra' comenzó el pasado agosto

Un juzgado investiga todos los cursos de formación de Galicia

La policía judicial reclama a la Xunta datos de todas las subvenciones para formar ocupados y desempleados, tras el estallido de un nuevo presunto fraude que se suma a la Operación Zeta

Foto: El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoó. (EFE)
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoó. (EFE)

Cuando el silencio de la investigación acallaba el ruido que provocó la Operación Zeta, la trama de los cursos de formación supuestamente falsos que estalló hace un año en las manos de Feijóo, su Gobierno tiene que hacer frente a un nuevo escándalo de similares características. El nuevo caso, bautizado como Qatedra, trata de lo mismo: masivos cursos para ocupados y desempleados que presuntamente no llegan a impartirse, pero sí a cobrarse. Otro mal trago para la Xunta, a la que, a raíz de los nuevos indicios de fraude, la Policía Judicial le ha reclamado documentación sobre todos los cursos subvencionados en Galicia desde 2010 y sobre los controles y auditorias llevados a cabo.

La Operación Qatedra se desató el 25 de agosto y se saldó inicialmente con tres detenidos, los dos socios de una empresa de Lalín (Pontevedra) llamada Prosem y la mujer de uno de ellos, a los que se acusa de estafa y falsedad en documento público. El caso es consecuencia de una inspección de la Agencia Tributaria y, según diversas fuentes, forma parte de una operación mayor que afecta a varias empresas de Galicia que imparten los cursos de formación que subvencionan Xunta y Unión Europea, pero que reparte la Administración autonómica.

La alarma que ha provocado la nueva operación se multiplica por el recuerdo de la Operación Zeta, por la que tuvo que dar explicaciones el propio presidente de la Xunta, amigo personal de Francisco Ramón Pachi de Lucas, empresario al que la policía considera el “intermediario” entre los imputados y el Gobierno gallego. La Zeta explotó hace exactamente un año, cuando un juzgado de A Coruña imputó a más de 30 personas por un presunto fraude en subvenciones y adjudicaciones públicas para cursos de formación que nunca se realizaron o recayeron en entidades ficticias con el objetivo de captar hasta 20 millones de euros.

En el centro de la supuesta trama Zeta se sitúa Gerardo Crespo Riestra, un conocido empresario coruñés con excelentes relaciones con la clase política no solo de la ciudad, sino de toda Galicia. La también coruñesa Beatriz Mato, conselleira de Benestar Social, el departamento que reparte las subvenciones, admitió haber recibido un bolso como regalo de la trama. Y un día antes de ser citado a declarar, un director general de su departamento, Odilo Martiñá, dimitió de forma sorprendente y misteriosa, después de acumular más de una década en puestos de responsabilidad del área de Traballo en la Xunta.

La Zeta explotó hace un año, cuando un juzgado de A Coruña imputó a más de 30 personas por un presunto fraude en subvenciones y adjudicaciones públicas

La diferencia fundamental entre la Zeta y la Qatedra es que esta no emerge en una ciudad como A Coruña, sino en la pequeña localidad de Lalín (Pontevedra). Pero eso no ha hecho sino incrementar las sospechas de los investigadores, que se preguntan cómo en una localidad de apenas 20.000 habitantes, una pequeña sociedad fundada en marzo de 2011 con 3.210 euros de capital social ha podido generar tal cartera de contratos con la Administración, con 800.000 euros facturados en uno solo de los años objeto de investigación. Y no solo a la Administración autonómica, sino a unos cuantos gobiernos autonómicos como los de Madrid, Valencia o Extremadura, entonces gobernados por el PP.

La diputada en el Parlamento de Galicia Marisol Soneira asegura que existe una vinculación de Prosem con el PP. “Hay mucha gente con el carné del Partido Popular que trabaja o ha trabajado en esa empresa”, sostiene. Y sustenta su acusación en un dato concreto: la directora general de Juventud y Voluntariado, Cecilia Vázquez, también de la Consellería de Benestar, que, según Soneira, formó parte con anterioridad de la plantilla de Prosem. Pero eso solo sería, según la diputada, un caso entre muchos otros de vinculación de la empresa de Lalín con los populares y, en particular, con Nuevas Generaciones.

El asunto llegó el pasado viernes al Parlamento de Galicia. En él, la directora de Empleo de la Xunta, Ana María Díaz, confirmó que la investigación de la Policía Judicial de Lalín se ha extendido a todos los departamentos de la Xunta con competencias sobre cursos para ocupados o desempleados, principalmente Benestar, y que abarca desde el año 2010, y aseguró que el Gobierno gallego está “colaborando estrechamente” en esas indagaciones. “No hay nadie más interesado que la propia Xunta en que se esclarezcan irregularidades en el caso de que las hubiese”, declaró. Díaz reconoció que los controles de este tipo de cursos los realiza una empresa privada, empresa que en el caso de Prosem no puso en duda “que se hubieran hecho estos cursos", por lo que aseguró no entender que "los controles fallasen".

El caso es consecuencia de una inspección de la Agencia Tributaria y forma parte de una operación mayor que afecta a varias empresas de Galicia

El registro de la sede de Prosem se prolongó durante más de tres horas, y permitió la incautación de 12 ordenadores, varios discos duros, un servidor y numerosa documentación que ahora se analiza para aclarar la forma en que actuaba la trama. La investigación judicial previa reveló la existencia de alumnos y profesores vinculados a cursos presenciales simultáneos en localidades distintas, según una información publicada por El Mundo la víspera de las detenciones. Todos los que recibían la formación conseguían resultados satisfactorios –las empresas cobran solo por los alumnos aprobados–, pero cuando algunos de ellos fueron preguntados por la policía judicial, reconocían que no habían asistido a curso alguno ni sabían de su existencia.

El modelo de Prosem es muy similar al de Azetanet, la empresa que está en el centro de las investigaciones de la Operación Zeta, en la actualidad pendientes de un informe de la Agencia Tributaria. En este caso, la compañía de Gerardo Crespo se apoyaba principalmente en la denominada Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), presidida por el también imputado Eliseo Calviño y principal cliente de la consultoría de Crespo, que cobraba por cursos que presuntamente nunca había impartido.

Muchas estas presuntas irregularidades en los cursos de formación, ahora objeto de una investigación global, fueron detectadas por el Consello de Contas de Galicia, el equivalente autonómico al Tribunal de Cuentas. En un informe presentado en noviembre de 2014, Contas advertía del limitado control de este tipo de actividades, a las que la Xunta destinan anualmente cantidades millonarias. Y revelaba especialmente la subcontratación de los cursos a entidades afines ajenas al control de la Administración. El informe no era sospechoso: fue entregado por el entonces presidente del Consello, el exsecretario general del PP de Galicia Xesús Palmou.

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