cambio en la ley de juego

Golpe al Grupo Cirsa en Valencia: la familia Lao pierde el monopolio de los casinos

La Generalitat lanza un cambio legislativo que liquida el reparto de licencias de casinos por provincias y desmonta el oligopolio de Cirsa, Acrismatic y Orenes. También eleva la fiscalidad del juego

Foto: Casino Cirsa de Valencia. (casinocirsavalencia.com)
Casino Cirsa de Valencia. (casinocirsavalencia.com)

Giro en la legislación autonómica del juego en la Comunidad Valenciana con consecuencias futuras para sus actuales beneficiarios. La Generalitat acaba de sacar a exposición pública un anteproyecto de ley que, entre otros cambios, fulmina las barreras legales a la competencia en el sector de los casinos y elimina la restricción de un único operador por provincia, lo que abre la puerta a liquidar el monopolio provincial del que ahora disfrutaban, en la práctica, los actuales licenciatarios: Cirsa, en Valencia; Acrismatic, en Alicante, y el Grupo Orenes, en Castellón.

La modificación legislativa, que contempla un discreto incremento de la presión fiscal sobre los operadores de juego, incluye además la liberalización 'de facto' de los proveedores de máquinas tragaperras (tipo B) para bares y locales de restauración y hostelería, un negocio que hasta ahora también estaba restringido a un puñado compañías especializadas. La nueva ley debe completarse con un reglamento específico, pero elimina el tope de licenciatarios autorizados, entre ellos la propia Cirsa o Recreativos Franco, que en apenas unos años, cuando expiren las licencias actuales, podrán sentir la presión de nuevos competidores en el mercado.

Casino de Cirsa.
Casino de Cirsa.

En lo que se refiere a la legislación de casinos, el texto propuesto (consulte aquí el anteproyecto) elimina la barrera legal que bloqueaba la puesta en marcha de más de un casino por provincia y reduce de siete a dos las salas anexas que este operador solitario podía desplegar. La restricción monopolística se introdujo en la ley original por razones de control de una actividad considerada de riesgo, pero fue mutando en las sucesivas legislaturas anteriores a petición de los licenciatarios provinciales, que querían abrir nuevas salas bien por ausencia de rentabilidad o por ampliación del negocio. Los cambios terminaron por propiciar un modelo de monopolios provinciales de casinos en la Comunidad Valenciana que habilitaba a los operadores a abrir varias salas pero impedía la entrada de nuevos licenciatarios.

Este fue uno de los escollos que encontraron inversores interesados en abrir nuevas salas o montar hoteles con casino incorporado en la costa valenciana, como propuso la firma ARC Resorts junto a la Marina de Valencia, un proyecto que fue descartado finalmente por el ayuntamiento que dirige Joan Ribó. Presionado por inversores del tipo de ARC, el popular Alberto Fabra trató de suavizar el modelo dando la opción de entrada a nuevos actores con un cambio legislativo muy tímido que en la práctica permitía a los actuales señores del juego en la autonomía vetar nuevos proyectos y a la vez les dio la opción de abrir 24 horas al día.

Cirsa, Acrismatic y Orenes se reparten ahora un negocio a la baja, cada uno en una provincia. La nueva ley elimina la restricción de licencias

Ahora se eliminan esas barreras, pero aun así la puesta en marcha de nuevas salas de juego dependerá de la convocatoria de concursos públicos, como establece la ley, por lo que en cualquier caso la Generalitat tendrá la última palabra a la hora de autorizar estas actividades. El cambio legislativo amenaza principalmente a Cirsa, que no ha logrado todavía consolidar el casino urbano que inauguró en 2010 en Valencia frente al Palacio de Congresos de Norman Foster. Las cuentas de 2016 todavía no son públicas, pero los balances de 2015 y 2014 reflejan pérdidas de explotación acumuladas y resultados negativos de 1,5 y más de cuatro millones de euros, respectivamente, que revelan que el negocio no termina de arrancar. La matriz de Casino Cirsa Valencia, Global Casino Technology Corp, cerró 2016 con 2,8 millones de euros de pérdidas. Fuentes de la filial valenciana declinaron ofrecer datos económicos actualizados sobre la actividad del casino, pero señalaron que en el último ejercicio se ha producido una “recuperación” acorde con “la recuperación de la ciudad”.

Manuel Lao Hernández, en primer plano. Detrás, su hijo, Manuel Lao Gorina. (EFE)
Manuel Lao Hernández, en primer plano. Detrás, su hijo, Manuel Lao Gorina. (EFE)

En cualquier caso, el impacto del negocio valenciano en las cuentas del grupo Cirsa es relativamente pequeño. La compañía que controlan Manuel Lao Hernández y su hijo, Manuel Lao Gorina, tiene más de 250 sociedades y, según sus datos oficiales, obtuvo un beneficio operativo de más de 100 millones de euros en el primer trimestre de 2017.

Directivos de la empresa que dirige Lao se reunieron de forma privada con Ximo Puig hace varios meses para tratar de frenar el texto legislativo, pero el anteproyecto de ley, que cuenta con el respaldo de Compromís, ha seguido su camino. La Asociación de Casinos, en su versión autonómica y en la que se integran los tres licenciatarios, ha presentado alegaciones dentro del plazo aunque ha evitado hacer público el contenido de las mismas. Fuentes de la Conselleria de Hacienda han manifestado, a preguntas de El Confidencial, que en la actualidad se están “examinando y valorando” las citadas alegaciones. Los cambios legislativos en el subsector de máquinas tragaperras también han suscitado alegaciones por parte de las asociaciones correspondientes.

Los hoteleros, al acecho

El Grupo Orenes tampoco ha depositado todavía el balance de 2016 de Casino de Castellón Costa del Azahar. Por su parte, Acrismatic, la compañía que opera salas de casinos en Alicante, Orihuela y Benidorm, puede presumir de balance saneado en 2015, con 21 millones de euros de cifra de negocio y más de 2,2 millones de beneficio neto. El grupo que controla Jesús Álamo, uno de los que más han influido en el modelo legislativo valenciano que ahora decaerá, tiene intereses también en subsectores como el de las máquinas de azar. En conjunto, factura casi 70 millones al año y presenta un patrimonio neto de más de 34 millones de euros. Acrismatic podría verse afectado por la entrada de nuevos operadores de juego de casino en las poblaciones más turísticas de la Comunidad Valenciana si estos consiguen que la Generalitat abra la mano a nuevas autorizaciones.

Los cambios legislativos podrían derivar la aparición de nueva oferta de juego físico, pero en realidad se trata de un sector que está sufriendo una fuerte transformación como consecuencia de la aparición del juego ‘online’. La Generalitat valenciana ha perdido en el último lustro casi el 40% de los ingresos tributarios previstos. Si en 2013 la previsión de recaudación era de 227 millones, esa cifra se ha ido reduciendo año tras año, hasta los 137 millones de ingresos previstos para 2017, una estimación mucho más realista por parte de la Conselleria de Hacienda. El grueso de la recaudación prevista por la Generalitat valenciana procede de las máquinas tragaperras (86 millones), seguido de la aportación fiscal de los bingos (34 millones) y los casinos, que apenas dejarán este año 11 millones en las arcas autonómicas en forma de impuestos.

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