La cara oculta de las monterías de la 'jet set': “Los animales se comen nuestras cosechas”

Más de medio centenar de ejemplares abatidos se extienden sobre una lona de plástico en medio del monte. La fotografía es impactante. Los cadáveres de ciervos, muflones y jabalíes se amontonan entre charcos de sangre en una imagen mortuoria al tiempo que los cazadores observan la escabechina. Es domingo 29 de enero de 2017 y ha terminado una de las batidas masivas que, aunque legalmente “excepcional”, se producen periódicamente en el interior de la provincia de Valencia en cotos de caza mayor. En este caso, ha sido en la partida de La Hunde, un vedado de monte público de casi 5.000 hectáreas propiedad de la Generalitat en el municipio de Ayora, declarado zona de caza controlada, muy cerca de la Reserva Nacional de Caza de la Muela de Cortes, también en manos de la Administración autonómica y donde es posible cobrarse cornamentas por las que se pagan casi 9.000 euros la pieza y se obtiene medalla de oro.

No muy lejos de esta área pública, aunque explotada por clubes y asociaciones ligadas a la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, se ubican también en Ayora otros cotos mucho más exclusivos, como las fincas Marines y Peralta, dos reservas cinegéticas que suman más de 2.600 hectáreas y cuya licencia está a nombre de Cortijo de Trifillas, una sociedad controlada por el Grupo Azarbe, propiedad del millonario Vicente García, también conocido como ‘el zapatero de Inditex’ y dueño al 50%, junto con Amancio Ortega, de Tempe, el proveedor de calzado de la red de tiendas del magnate gallego.

La escena de la batida de La Hunde no es tan excepcional como marca su autorización de la Conselleria de Medio Ambiente. Se repite periódicamente en los últimos años. Hace tiempo que el control de ejemplares de especies cinegéticas se ha desbaratado en las zonas montañosas del interior de Valencia, un fenómeno extendido también a otras regiones de España, como la vecina Cuenca. La consecuencia de la superpoblación es que jabalís, cabras montesas, ciervos, corzos, gamos, muflones o, recientemente, los arruís, un carnero originario del Magreb montañoso, campan a sus anchas por los montes, están bajando a las zonas de cultivo y se alimentan de los frutos, brotes o cortezas de almendros, viñas, melocotoneros y hortalizas.

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El año pasado se mataron 26.300 jabalís en la Comunitat Valenciana, más del doble que cinco años antes. Lo mismo ha ocurrido con especies como el muflón, con casi 800 capturas, un 70% más, o las cabras montesas, con casi 1.500 piezas abatidas.

“Bajan manadas de treinta o cuarenta cabras y en una noche te destrozan el campo. Hay todo un negocio con la caza. Vienen los potentados a disparar, pero estamos alimentando nosotros a los animales. Se están comiendo nuestras cosechas”. Habla Ismael, presidente y promotor de la Asociación Solidaria de Protección Agrícola (ASPA) una entidad que agrupa a 400 agricultores y que pretende defenderse de los daños que generan en sus explotaciones los animales en busca de alimento. Ismael ha tenido que instalar un pastor eléctrico (una valla electrificada) en su explotación de almendros en Cofrentes para evitar que accedan las cabras o los ciervos. Lo ha pagado de su bolsillo.

Su asociación agrupa a agricultores de las comarcas del Valle de Ayora, Canal de Navarrés y Requena-Utiel, todas en el interior valenciano y lindantes con Cuenca o Albacete. La zona se caracteriza por la concentración de licencias de caza mayor en numerosos cotos gestionados por clubes y asociaciones populares de cazadores. Según datos facilitados por la Conselleria de Medio Ambiente, tras una petición de El Confidencial a través de los servicios de Trasparencia, hay 360 cotos de caza mayor autorizados en la Comunitat Valenciana, 280 de ellos en la provincia de Valencia. En el área afectada también hay explotaciones cinegéticas ligadas a familias adineradas como el Coto Manglano (Gómez-Trénor, Coca-Cola), Los Alcóceres (Soler-Boluda), La Madroñera (Grupo Guzmán), San Onofre (Ricardo Císcar, de Arroz Dacsa) o El Tochar y El Retorno. Estas últimas son propiedad del magnate de las máquinas tragaperras Jesús Franco a través de la mercantil Hispano Chilenos y se ubican en el término de Venta del Moro. Los dos cotos son un clásico de las grandes monterías de la 'jet set' española. Aquí fue donde el rey emérito, Juan Carlos I, obtuvo su mejor puntuación con un arruí en el año 2000.

"Hay todo un negocio con la caza. Vienen los potentados a disparar, pero estamos alimentando nosotros a los animales", dice Ismael, agricultor

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha denunciado que el crecimiento “sin control” de la fauna salvaje está provocando graves pérdidas en el sector agrario local. Sus cifras hablan de 26 millones anuales en 2016, un 30% más que el ejercicio anterior. “La presencia de algunas especies se ha duplicado y en casos como el del ciervo o el corzo casi se ha multiplicado por siete entre los años 2010 y 2015. Los perjuicios que causan las especies silvestres se producen en todos los cultivos, ya que en pocas horas pueden arrasar explotaciones enteras. Además, provocan serios destrozos en la madera del arbolado, en instalaciones de riego por goteo, infraestructuras, transmisión de enfermedades y accidentes de tráfico”, afirman desde AVA.

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En la búsqueda de soluciones, AVA se ha cogido de la mano de la Federación de Caza y está presionando a la Conselleria de Agricultura para que habilite un plan de choque que incluya planes cinegéticos contra especies invasoras o ayudas para instalar pastores eléctricos. “De lo que se trata es de buscar un equilibrio y la convivencia entre la fauna silvestre y los intereses agrarios”.

Los agricultores y los cazadores atribuyen la superpoblación a factores como el abandono de tierras, el aumento de la masa forestal, la disminución de cazadores y las “restricciones que tienen que afrontar a la hora de ejercer su actividad,” así como la incidencia de la sequía, que empobrece su hábitat natural y obliga a los animales a bajar a las zonas de cultivo en busca de agua y sustento. Raúl Esteban, de la Federación de Caza, se queja de que muchas veces los permisos para hacer batidas controladas llegan tarde y que hay cotos y montes públicos donde no está permitido cazar en los que los animales se refugian y se cobijan para bajar por la noche a alimentarse a los campos. Se producen problemas añadidos, como los accidentes de tráfico, casi 1.300 entre 2007 y 2016 causados por impactos con animales, según los datos de Esteban, que defiende la obtención de mayores cuotas para poder abatir más piezas. “Donde los cazadores actúan no hay problemas con la caza mayor”, asegura.

También David Burgui, propietario de Gama Medio Ambiente, una empresa especializada en gestión de cotos y organización de monterías, defiende que el problema no lo generan las fincas privadas porque “tienen su control y sus vallados”. Burgui señala al abandono de campos, la menor presencia de cazadores y “el conservacionismo” como posibles causas de la superpoblación.

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Sin embargo, no todos piensan igual que los cazadores. Carlos Feuerriegel, de Ecologistas en Acción, lleva años denunciando causas más profundas que explicarían cómo se ha llegado a esta situación. Según este activista, que también es agricultor en Ayora, la propia Administración ha propiciado el problema al permitir, a partir de los años noventa del siglo pasado, la puesta en marcha de vallados cinegéticos y negocios ligados a la caza mayor en montes que, reconoce, tampoco tienen otras grandes rentabilidades directas. “Los animales no tienen la culpa. Esto no son las dehesas de Ciudad Real o los grandes cotos andaluces. Nuestro clima y nuestra orografía no tienen nada que ver. Se han introducido especies que no son de aquí, como el arruí o los jabalís y los ciervos de centro Europa, que son más grandes que los nuestros. Y el problema principal es que no tienen alimento porque el monte mediterráneo no es la dehesa, no hay pastos ni bellotas. Los animales pasan hambre y los dueños de los vallados solo tienen dos soluciones: o alimentarlos artificialmente o dejar que se escapen. Han dejado que se escapen y ahora hay mucha densidad de animales”.

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Además de criticar el impacto que las explotaciones y los cotos han tenido en cañadas reales o caminos públicos por los vallados, Feuerriegel cree que se están saltando normas que afectan a otras especies no cinegéticas como las ginetas o el gato montés, desplazadas por la presión en el monte. También el carnero arruí está desplazando a la cabra montés.

A la hora de buscar soluciones, este ecologista no cree que las batidas masivas sirvan para arreglar el problema. Apuesta por vallar campos, establecer parcelas de ensayo en zonas forestales con medidas alternativas, instalar pastores eléctricos o emplear productos químicos inocuos que alejen a los animales de los cultivos.

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Pero Feuerriegel recuerda que se trata de especies que no tienen depredadores naturales y que su tendencia es a reproducirse libremente. “No veo más solución que la extensión de enemigos naturales como el lobo, esto ya se ha hecho en Guadalajara”, dice. “Es la única solución natural al problema. Es una zona con pocos pastores. La batida y la montería se han convertido en un negocio que mueve mucho dinero, con realas, con puestos de comidas. Una vez se ha creado es muy difícil deshacerlo. Si disminuye la población, soltarán más animales para que siga habiendo batidas”, afirma para concluir que la introducción del depredador natural es la única forma de controlar la superpoblación.

Antonio Marzo, director general de Medio Natural de la Conselleria de Agricultura, controlada por Compromís, admite a El Confidencial que tienen un problema. A la Generalitat le preocupa que se genere la imagen de que está propiciando matanzas masivas con las batidas de control, una suerte de “escopeta nacional” a la valenciana. “La batida es una herramiemta más de control de población. Son extraordinarias y se organizan cuando se constatan daños sobre la agricutura en un punto determinado del territorio”. Marzo explica que su objetivo principal es que lo cotos cumplan con los denominados planes técnicos, es decir, la programación de abatimiento de piezas. Aún así, admite que la presión cinegética existente es insuficiente para controlar a determinadas especies como el jabalí y que hay que buscar fórmulas alternativas. “Más que una superpoblación lo que hay también es un problema de distribución de la especies. Estamos trabajando con los agricultores y los cazadores para buscar soluciones conjuntas”.

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