El hotel okupado en una protesta contra Israel denuncia ante la Generalitat el "acto brutal y antisemita"

La Generalitat de Cataluña ha recibido la denuncia de las empresas propietarias y gestoras del Hotel Cortes de Barcelona por haber sido okupado durante una manifestación, el pasado 21 de octubre, contra los bombardeos en Gaza. Las entidades convocantes justificaron el asalto porque la propiedad corresponde al empresario Haim Tsuff, uno de los hombres más ricos de Israel. El escrito se ha presentado ante la Conselleria de Igualdad porque se da la circunstancia de que hace tres años la Administración catalana se dotó de una ley de igualdad, precisamente para sancionar este tipo de acosos en actuaciones políticas por motivo de raza, origen o religión.

La denuncia, a la que ha accedido El Confidencial, atribuye a los manifestantes un “delito de odio”, al considerar que se violó la Ley 19/2020, de Igualdad, que impulsó la propia Generalitat y que en su artículo 43.6 d) considera infracción muy grave “la convocatoria de espectáculos públicos, actividades recreativas, eventos políticos, manifestaciones o reuniones públicas de cualquier índole que tengan un carácter discriminatorio en tanto que en ellos se atente contra la igualdad de trato o se vulnere la dignidad de las personas, se practiquen o promuevan conductas de intolerancia, de odio o de violencia o se incite a cualquier forma de discriminación”. La norma prevé que las infracciones de este tipo puedan ser sancionadas con multas que van de los 40.000 a los 500.000 euros.

En el escrito se solicita “la incoación del oportuno procedimiento. Igualmente por los delitos que se deriven de la causa así como de sus autores. Una vez conocido el perjuicio económico, deberá procederse a exigir fianza, para aseguramiento de sus responsabilidades pecuniarias”.

La Generalitat no inició en su día un proceso de oficio, aunque la Conselleria de Igualdad, que encabeza Tània Verge, cuenta con competencia para ello gracias a esta ley. El Govern creó la Oficina de igualdad de Trato y No Discriminación (OITND), que dirige la activista de raza gitana Manuela Fernández.

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Cuando Verge presentó la OITND el 25 de marzo de 2022, se planteó este nuevo organismo como “una iniciativa del Departamento de Igualdad y Feminismos que se hará responsable del despliegue de la Ley 19/2020 de igualdad de trato y no discriminación”. En el preámbulo de esa ley se afirma que la norma “pretende promover la erradicación del racismo y la xenofobia; del antisemitismo (…)” entre otras ideologías de superioridad étnica o religiosa. La embajada de Israel calificó la ocupación del Hotel Cortes como “acto brutal y antisemita”.

Juez y parte

En la protesta que acabó con la ocupación del Hotel Cortes para denunciar los bombardeos israelíes en Gaza participaron, entre otros líderes políticos, la exalcaldesa Ada Colau, la diputada Jèssica Albiach y el diputado de la CUP Carles Riera, aunque ellos no formaron parte de la okupación en sí misma. La denuncia no va contra los políticos, sino contra la veintena de entidades convocantes, entre los que sí se encuentra Barcelona en Comú, el partido político de los Comunes en la capital catalana.

Sin embargo, la principal paradoja es que entre los denunciados se encuentra el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, un organismo dependiente de la Conselleria de Derechos Sociales, que encabeza Carles Campuzano, que aparece como entidad convocante de la protesta que derivó en el señalamiento del hotel. Si la Generalitat acaba actuando, se dará la paradoja de que Igualdad estará investigando una actuación de la de Derechos Sociales.

La Generalitat formó parte de la convocatoria a través del Consell de la Joventut

Otras entidades denunciadas son los sindicatos Ustec, CCOO y UGT, además de un grupo de entidades y colectivos vinculados a la izquierda en Cataluña. Para todas ellas sería complicada que se otorgase una de las sanciones que se piden en la denuncia y que prevé la ley en su punto 45. a) “Prohibición de recibir ayudas o subvenciones públicas, por un período de como máximo dos años, que en caso de reincidencia o reiteración se puede alargar hasta un máximo total de cinco años, incluida la cancelación total o parcial de las ayudas o subvenciones ya reconocidas”.

Doble rasero

Se da la circunstancia de que en otros casos la OITND sí que ha actuado. La pasada semana trascendió que, a través suyo, la Conselleria de Igualdad ha abierto expediente a la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, por unas declaraciones suyas a 8TV cuando todavía era solo regidora en las que criticaba de manera genérica a los inmigrantes musulmanes en Cataluña y el difícil encaje de la sharia en las democracias occidentales. El expediente podría derivar en una sanción de 10.000 euros para Orriols, quien ha presentado esta actuación como un ataque a la libertad de expresión. En el caso de la alcaldesa de Ripoll, la Generalitat alega que había una denuncia previa, cosa que ahora también ha acontecido con el señalamiento al empresario israelí.

Sin embargo, llama la atención que la Generalitat haga cumplir la ley en este caso, de infracción grave, y que hasta ahora se haya puesto de perfil para una situación de infracción muy grave que, en teoría debería preocupar, más. Además, en un contexto de alerta terrorista en toda Europa y con el riesgo que eso supone.