"La Generalitat ha metido 27 adolescentes de acogida en nuestro edificio"

Cuando Enrique y Noelia volvieron a casa después de dar a luz en el hospital, su edificio ya no era el mismo. Ese mismo día, 27 menores no acompañados en riesgo de exclusión entraron a vivir en el bloque. Desde entonces, conviven con ruidos a todas horas, portazos, carreras por las escaleras, meadas en el portal y peleas en los rellanos.

“Es un infierno, no sabemos qué hacer. No tenemos nada en contra de ellos, pero no dejan de ser 27 adolescentes. Es como vivir en un instituto”, se queja Enrique sobre la situación con la que conviven desde hacer cuatro meses. “Muchos días no quiero ni volver a casa después de trabajar, es desesperante”.

Los casi 30 menores de entre 16 y 18 años se distribuyen en tres pisos de un bloque situado en la calle Pere IV de Barcelona. Nueve por casa. Y dos de ellos caen justo encima de la casa de Enrique. “Oímos todo lo que hacen: cuando comen, cuando cenan, cuando juegan al fútbol… No podemos ni oír la tele”, cuenta junto a su pareja Noelia. “La pequeña se despierta sobresaltada todo el tiempo y yo estoy con ansiedad”, comenta ella. Su único descanso es cuando los jóvenes van a clases de castellano o salen de excursión.

Quejarte es perder el tiempo, a la semana llegan otros y vuelta a empezar

Los tres pisos han sido alquilados a Ibn Battuta, una fundación contratada por la Generalitat para dar acogida a los menores que están bajo su tutela porque llegaron a España sin familia. Al tratarse de un recurso intermedio y de urgencia, los menores rotan todo el tiempo, pero también los educadores que cuidan las 24 horas de ellos. Siempre hay uno por cada piso, en turnos de ocho horas. “Si subes a quejarte, es perder el tiempo, porque por mucho que les digan, a la semana se van y llegan otros y vuelta a empezar”. Las visitas de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana son habituales tanto por las denuncias de los vecinos como por las broncas que se producen.

Los propios educadores reconocen que la situación tampoco es idónea para los adolescentes, pero que la Generalitat se está viendo desbordada por la llegada masiva de inmigración de las últimas semanas. “Algunos se han ido porque no estaban de acuerdo con la situación, no podían trabajar en un sitio donde estaban haciendo mal a otras personas”, comenta Noelia. “Entendemos la necesidad de la existencia de pisos de tutela de menores, pero creemos que debería regularse tanto el número de viviendas en un mismo edificio como la cantidad de jóvenes que pueden habitarlos. Incluso participaría en su inclusión, pero es que así es imposible”, comenta Enrique mientras en la escalera se oyen los gritos de los menores.

En estos pisos pasan una temporada hasta que se tramita el lugar definitivo donde estarán acogidos: otro piso tutelado, un centro de menores o, si no hacen por adaptarse, la calle, según cuenta una educadora. “Lo ideal no es que haya nueve en un piso y menos 27 en el mismo edificio, porque no se va a trabajar bien con ellos tampoco. Sobre todo si además solo hay tres educadores a la vez”, reconoce.

Gentrificación en la zona

Los ocho vecinos del bloque comparten la indignación y han firmado una carta a la Generalitat donde denuncian punto por punto todos los problemas de la convivencia, pero tienen miedo de salir en los medios. La mayoría son personas mayores, que no pueden buscar otro alquiler con la subida de precios que está teniendo Barcelona, y mucho menos que se asemeje a la renta antigua que pagan al propietario de todo el edificio.

Es el caso de Rosa, que vive en el primer piso: “Somos dos personas jubiladas, ¿dónde vamos a ir? No nos lo podemos ni plantear, aunque nos estemos hundiendo en la porquería”. Su piso da al patio, donde los chicos arrojan la basura: “Se comen un yogurt y lo tiran por el hueco, mi marido recoge ratones día sí y día también”. Hasta preservativos que se han encontrados los vecinos en sus balcones, arrojados desde los pisos superiores.

Otro de los vecinos no ha aguantado más y se ha ido hace unos días del piso en el que vivía con ataques de nervios. Al quedarse vacío y aprovechando que los menores habían roto un cristal de la puerta principal que permite entrar al edificio, se han colado ladrones que han desvalijado la vivienda. También por la inseguridad Enrique y Noelia están buscando, pero no encuentran nada similar al piso donde llevan 15 años viviendo en pleno barrio de Sant Martí, en Poble Nou, la zona que más se ha revalorizado en los últimos cuatro años, hasta un 28%.

Se da la circunstancia de que el administrador del edificio es Luis Miguel Pahissa, que fue presidente de la Asociación de Propietarios de Barcelona y acusado de 'mobbing' en 2009. El fiscal le acusaba de coaccionar a una señora de 80 años y a su hija para que abandonasen su piso, no dejándolas usar el ascensor o impidiendo el acceso a la antena común. Finalmente, fue absuelto por falta de pruebas. Este periódico se ha puesto en contacto con él, pero no ha querido hacer ninguna declaración.

¿Por qué se desampara a una familia con un bebé y vecinos de edad avanzada que llevamos décadas formando parte del barrio?

Hasta el momento, la Generalitat no les ha dado ninguna respuesta y tampoco la fundación que recibe una cantidad de dinero por cada menor del que se hace cargo. “Si se defienden los derechos de los que vienen de fuera a buscar un futuro, ¿por qué se desampara a una familia con un bebé recién nacido y varios vecinos de edad avanzada que llevamos décadas formando parte del barrio?”, se preguntan en la carta.

Desde la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat, afirman que son conscientes de los problemas de convivencia con los vecinos y confirman que se debe a una situación de urgencia que se está viviendo en los últimos meses. Aseguran, además, que están trabajando ya en programar una reunión junto con la fundación, el administrador y los vecinos para tratar de encontrar una solución.