El desvío de fondos del Govern para el 1-O asfixia a los discapacitados catalanes

La crisis política catalana se está cobrando ya sus primeras víctimas. Y no son las que nadie hubiera esperado. Se trata de miles de discapacitados que, sin jugar ningún papel en todo este proceso, ven como hoy dejan de recibir servicios asistenciales por falta de dinero en sus respectivas entidades sociales. La explicación es sencilla: las ONG y organismos de ayuda a discapacitados, inmigrantes y personas con dificultades dependen en buena medida de las subvenciones públicas que reparte cada año la consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Al habitual retraso en los pagos, se añade que desde septiembre las cuentas de la consejería están intervenidas por el Gobierno por culpa del 'procés'. El resultado es que a punto de terminar el año, muchas no han cobrado ni un céntimo de las ayudas que necesitan para sobrevivir.

El caso más alarmante es el de la Federación de Sordos de Cataluña (Fesoca), que este mismo miércoles ha iniciado las negociaciones para lanzar un ERE. Su plantilla de 27 profesionales lleva cuatro meses sin cobrar y la consejería les ha dicho que, como mínimo, no va a haber dinero hasta el mes de enero. "Nos deben 450.000 euros. La consejería se lava las manos y dice que es el Ministerio de Hacienda quien debe desbloquear y aprobar el pago, pero ese dinero estaba aprobado ya desde principios de año y como siempre han dejado los pagos para el final. La consejería es igual de responsable que el Gobierno de esta situación", protesta Nuria Charneco, delegada sindical de Fesoca.

A primera vista suena extraño que las cuentas de la consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia estén congeladas por Hacienda. Que no se entregue de inmediato el dinero a los más necesitados. Pero, casualmente, esas cuentas están en el centro de todas las sospechas. Tal como adelantó este diario, el Govern habría desviado fondos del presupuesto de esa consejería para financiar la construcción de una nueva hacienda catalana y asegurarse la celebración del referéndum del 1 de octubre. En concreto, Hacienda está investigando al detalle dos partidas concretas: las destinadas a Acción Cívica y a Juventud. Entre las dos suman 10 millones de euros, pero hasta que no terminen las investigaciones, Hacienda mantiene congelado todo el presupuesto de la consejería, que asciende a 152 millones de euros.

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"Nos sentimos víctimas de una crisis en la que no tenemos nada que ver. Me da igual quién tenga la culpa, si Madrid o Barcelona, pero esta tormenta política está afectando a los más vulnerables, que son las personas con discapacidad", se lamenta Estefanía Pérez, intérprete de Fesoca. Y advierte: "Hay personas sordas que necesitan un intérprete para entender que un médico les diagnostica un cáncer y por culpa de esto se puede quedar sin ayuda. Gente que nos necesita para encontrar un empleo que podría verse sin asistencia en el futuro. Es muy grave".

Hay personas sordas que necesitan intérprete para entender que un médico les diagnostica un cáncer y se pueden quedar sin ayuda

Fesoca debe negociar si el ERE es parcial o total, aunque algunos trabajadores ya han solicitad acogerse a él para, al menos, cobrar el paro. "Son cuatro meses ya sin cobrar, mucho de nosotros vivimos parasitando de nuestras familias. Yo tengo dos hijos y por suerte aguantamos con el salario de mi mujer. Otros tienen hipotecas que pagar. Estamos hartos de que los políticos nos usen como arma arrojadiza", protesta Albert González, también intérprete.

Fesoca decidió el lunes emprender una reducción de servicios del 40% como medida de protesta y para pedir ayuda urgente. No en vano, el 80% de su presupuesto depende de subvenciones públicas. "Estamos priorizando los servicios pero ya hay usuarios que se están quedando sin nuestra ayuda. Cuando se lo explicas lo entienden. Por desgracia, los sordos, como el resto de discapacitados, están resignados ante la falta de apoyo. Si lo tienen se alegran, pero si no, se tienen que aguantar", explica Marina Martínez, trabajadora de Fesoca y también persona sorda. En Cataluña hay unas 30.000 personas con déficit severo de audición. Un 60% de los usuarios de Fesoca son personas con pocos recursos e inmigrantes, muchos de los cuales no saben leer ni escribir y para quienes dejar de contar con el apoyo de Fesoca "sería una auténtica tragedia", como apuntan desde la entidad.

"Se nos acaba el tiempo"

"Nosotros estamos tirando de tesorería, pero también se acaba", señala Úrsula Reales, presidenta de Down Catalunya. La federación, que engloba a cinco entidades especializadas en la inserción laboral y bienestar las personas con síndrome de Down, difundió el lunes un comunicado pidiendo una solución urgente. "Peligra la continuidad de muchos programas [de las entidades catalanas de la discapacidad] si la administración no actúa con celeridad. Ese también es el caso de algunas de nuestras entidades, las cuales están recurriendo a la solidaridad de las familias de sus usuarios para resistir momentáneamente sin recortar ningún servicio", afirma el comunicado.

"Se nos acaba el tiempo, el año termina y si no se resuelve empezaremos a tener problemas muy serios. Habrá que buscar soluciones o dejar de prestar servicios. La situación es muy inestable", prosigue Reales. Ferran Busquets, presidente de la Fundación Arrels, que presta apoyo a las personas sin hogar de Barcelona, coincide en que "estamos en un punto en el que nadie puede garantizar nada". Arrels es poco dependiente de fondos públicos, solo se le adeudan unos 20.000 euros de un presupuesto de 3 millones. Sin embargo, la fundación está pendiente de un pago de 400.000 euros en distintos conceptos que podría verse comprometido. "Siempre reciben palos los mismos, los más vulnerables. Esto, por desgracia, demuestra la precariedad con que deben vivir las entidades sociales año tras años, con pagos que siempre se retrasan al máximo".

Ni la consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat ni el Ministerio de Empleo y Seguridad social, que es quien debe aprobar los presupuestos y derivarlos a Hacienda, han querido hablar con este diario. El secretario de Asuntos Sociales catalán, Francesc Iglesies, admitió el martes a Fesoca que las cuentas están desbloqueadas y que solo falta la firma de Hacienda, pero que pasarán un mínimo de seis semanas entre la firma de Montoro y el pago efectivo. Y eso mientras el ministerio audita al milímetro un presupuesto que podría ser clave para demostrar la malversación de caudales del Govern en la financiación del referéndum y sus estructuras de Estado.