El pp CONDENA LA EJECUCIÓN DE COMPANYS

Votación histórica contra los juicios franquistas en Cataluña: el PP se suma

Una iniciativa de la comisión de la Dignidad ha llevado a un posicionamiento unánime de la Cámara catalana, que por un momento dejó de lado la polémica del referéndum y el ‘procés’

Foto: Los diputados del Parlament aplauden a representantes de las víctimas del franquismo al finalizar el debate. (EFE)
Los diputados del Parlament aplauden a representantes de las víctimas del franquismo al finalizar el debate. (EFE)

La historia ya les ha absuelto: los represaliados por el franquismo han tenido en el Parlamento catalán un reconocimiento total y absoluto. Pueden haber sido condenados por el régimen, pero han sido absueltos por la posteridad, con la visión panorámica que da la distancia en el tiempo. Una iniciativa que partió de la comisión de la Dignidad y que ha llevado a un posicionamiento unánime de la Cámara catalana, que por un momento dejó de lado la polémica del referéndum y el ‘procés’ y aprobó la Ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo.

La iniciativa anula los casi 64.000 consejos de guerra celebrados entre abril de 1938 y diciembre de 1978 “por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. Y, en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista”.

El texto autoriza también al Archivo Nacional de Cataluña para que elabore una lista pública de los procesos, las sentencias y las personas encausadas, así como las condenas impuestas en el periodo citado. Esa lista será publicada posteriormente en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC).

Iván GilIván Gil

En realidad, la presentación de la iniciativa tenía un doble sentido: en el actual momento del ‘procés’, los independentistas asimilan los conceptos de ‘Estado español’ con ‘franquismo’, en un intento maniqueo de presentar sus reivindicaciones como las positivas ante la sociedad. En esta coyuntura, esperaban, en realidad, al menos, la abstención del PP para seguir jugando la misma carta.

Pero, sorpresivamente, el PP votó a favor del proyecto de ley. Montserrat Palau, representante de Junts Pel Sí (JxS) y encargada de defender el texto, fue taxativa al señalar que “ya no valen excusas de no abrir heridas porque estas heridas jamás se han cerrado”. Subrayó la diputada independentista que la Transición fue un engañabobos y que “es preciso asumir la memoria histórica y reparar los crímenes de la dictadura. La Ley de Amnistía no fue el punto y final y la Transición no fue modélica, sino que escondió la memoria republicana”. Asimismo, destacó que los juicios que se quieren anular se celebraron “sin garantías ni fundamentos jurídicos”.

El texto fue transaccionado entre JxS, PSC, CSQEP y la CUP, y la ley final fue aceptada por los otros dos partidos de la oposición, Ciudadanos y PP. Todos los intervinientes (Matías Alonso, de Ciudadanos; Ferran Pedret, del PSC; Joan Josep Nuet, de CSQEP; Fernando Sánchez, del PP, y Mireia Boya, de la CUP) siguieron parámetros similares a los de Montserrat Palau, tachando a los tribunales franquistas de “ilegales” y reclamando la reparación de las víctimas.

Condenas sin paliativos

Matías Alonso, militar de profesión, dejó claro el alcance de la iniciativa: “Esta ley no es solo un instrumento de justicia y reparación, es también una nueva condena desde una institución democrática del levantamiento militar y del golpe de Estado de julio de 1936 contra la Segunda República y el ordenamiento democrático entonces vigente”. Y recordó que “en el bando sublevado” hubo “violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales” que quisieron revestirse “de apariencia de legalidad y de legitimidad”. Y clamó por una “condena taxativa e inequívoca del golpe de Estado fascista y del régimen dictatorial totalitario y corrupto que no dudó nunca en pisar los derechos humanos fundamentales para imponer su voluntad por la vía del terror”.

De manera similar se postuló el socialista Ferran Pedret, que subrayó que “los diferentes métodos de represión y los órganos que la vehicularon durante la Guerra Civil y el franquismo fueron una actuación de hecho de un poder omnímodo y autocrático que solo intentaban revestir de una apariencia de legitimidad y de juridicidad". Más cáustico fue el comunista Joan Josep Nuet (es líder de EUiA, además de diputado de CSQEP): “Ayer, en el Congreso de los Diputados, se otorgaba una medalla al líder de la Falange Rodolfo Martín Villa, y hoy el Parlamento de Cataluña honra a las víctimas del franquismo retornando parte de la dignidad robada”, dijo en su alocución. Y sentenció que “ha llegado el momento de asumir la responsabilidad histórica del Parlamento de Cataluña ante las víctimas de aquellos procesos, reparando los abusos cometidos por el régimen franquista contra la legalidad judicial y procedimental y haciendo la reparación exigida por las personas represaliadas, la sociedad catalana y las instancias internacionales”.

La ‘cupera’ Mireia Boya fue detallista: hubo 63.961 procesos de consejos de guerra en Cataluña y 3.358 personas ejecutadas (3.341 hombres y 17 mujeres). “Esta fue la venganza de Franco con Cataluña entre 1936 y 1975”, enfatizó. A ello hay que añadir “la falta de derechos y libertades, la tortura, la persecución, el terror, el hambre, secuelas físicas y psicológicas que nos han perseguido durante generaciones”. Y bordó la intervención señalando: “Hoy hacemos un acto jurídico de enorme simbolismo”. Criticó, eso sí, que nadie haya hablado hasta ahora de “reparación histórica ni de justicia”, sino de “ley de punto final, pacto de silencio en el búnquer del 78, maquillaje y olvido, oídos sordos a las peticiones de familiares, silencio, amnesia”. Y terció: “Lo hacemos tarde. Pero lo hace el Parlamento de Cataluña en un acto de soberanía, de ruptura con un régimen totalitario que todavía está vivo, que se ha perpetuado, que hizo un cambio de nombre en la mal llamada Transición, que continúa bien vigente (…) Lo hace el Parlamento de Cataluña porque el Estado nunca lo ha hecho ni lo hará. Lo hacemos porque ellos nunca pedirán perdón: ni el Estado ni el Rey, ambos herederos y colaboracionistas con la dictadura franquista”.

La atención estaba focalizada en la intervención del representante popular, que se sumó a la condena generalizada

Pero la atención estaba focalizada en la intervención del representante popular, que se sumó a la condena generalizada. El diputado Fernando Sánchez fue directo y conciso: “Han pasado 80 años del golpe de Estado, un golpe de Estado que nosotros condenamos, un levantamiento militar que nosotros rechazamos; rechazamos y condenamos el golpe de Estado del general Franco, como rechazamos y condenamos cualquier dictadura”. Y sorprendió a los independentistas metiéndose en su terreno: “Constatamos la nulidad del juicio a Companys, entre otros. Nosotros pensamos que Companys no fue un buen presidente. Fue un presidente de un bando, no de todos los catalanes, pero su detención, su condena a muerte y su ejecución no se deberían haber producido nunca”. Luego, zanjó: “Hay un principio que siempre querríamos seguir: trabajar por la reconciliación. Y este principio se expresa de maneras muy diferentes en cada territorio y en cada circunstancia. Hoy, aquí y ahora, pasa por apoyar esta ley y declarar y reconocer nulos los juicios de la dictadura”.

“Nuestro discurso está basado en tres premisas: la primera es la condena de la dictadura; la segunda es la reivindicación del espíritu de la Transición. Queremos mantenernos fieles a este espíritu de concordia y diálogo. Pero, al mismo tiempo, pedimos el respeto a la verdadera memoria histórica y que seamos respetuosos no solo con los hechos históricos, sino con la pluralidad de memorias y experiencias. Queremos pasar página de una vez por todas. Y la tercera premisa es un tema más técnico: no es que el Parlament declare nulos los juicios, sino que son nulos ‘de acuerdo con las leyes vigentes’. La propia Ley de Memoria Histórica los declara contrarios a derecho en la forma y en el fondo. Y lo mismo ocurre con el Tribunal Supremo y la Fiscalía. Los órganos institucionales dicen que han sido expulsados del derecho jurídico”, explica a El Confidencial Fernando Sánchez.

El representante popular señala también que “en la Transición, mucha gente fue valiente y los más maximalistas los llamaban traidores. Y, ante las circunstancias políticas de hoy, nos gustaría pedir a los cargos políticos de Cataluña, incluyendo al propio vicepresidente del Govern, que tengan la valentía de transitar por los senderos del consenso, a pesar de las críticas que puedan tener. Ya lo hicieron otros en la Transición y ahora tienen la oportunidad histórica de hacerlo ellos”.

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