Una orden política provocó los interrogatorios de los Mossos a detectives

El interrogatorio de dos detectives privados de Barcelona por los Mossos d’Esquadra no siguió el conducto reglamentario del cuerpo policial. Los investigadores Antonio Tamarit y Julián Peribáñez fueron citados a una comisaría de la Policía Autonómica catalana el 15 de mayo por una supuesta denuncia debido a su extralimitación como detectives tras declarar ante el juez José de la Mata el pasado 23 de febrero. Las preguntas, sin embargo, iban dirigidas a conocer sus contactos con miembros del Cuerpo Nacional de Policía y si habían espiado a políticos catalanes cobrando de fondos reservados del Estado.

Por si fuera poco, los dos detectives tienen que declarar en los próximos días ante la Comisión de investigación de la operación Cataluña. Ellos son la principal prueba de cargo de los independentistas para demostrar que hubo conspiración de Madrid hacia políticos catalanes. Pero los detectives ya negaron todo ante el juez De la Mata, que archivó las denuncias en ese sentido.

Ante la ausencia de pruebas de que existió una operación Cataluña, aparecen en escena los Mossos d’Esquadra para protagonizar un interrogatorio que más parece sacado de una novela de Dashiell Hammett. Sin embargo, la orden para apretar las clavijas a los investigadores no siguió el conducto reglamentario, sino que partió de un cargo político de la Generalitat.

Las preguntas buscaban conocer sus contactos con la Policía y si habían espiado a políticos catalanes cobrando de fondos reservados del Estado

En concreto, fue la subdirectora general de Seguridad Interior, Maite Casado, la que dio la orden del interrogatorio, sin que la cúpula de los Mossos estuviese al corriente. En un momento determinado, los agentes interrogadores de los detectives reconocieron que “la directora general nos ha hecho un requerimiento para que obtengamos información y, en este caso, que les hagamos una serie de preguntas para ver si se ha podido cometer por parte suya algún tipo de extralimitación en sus funciones”.

De ahí que, minutos después, los propios Mossos comenzasen un interrogatorio que tenía tintes de brigada político-social. “Se le pide al señor Peribáñez que responda a una serie de preguntas. Y la primera es en qué consistió su declaración ante el señor Marcelino Martín”, le espetó el policía al detective, haciendo referencia a Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía hasta su jubilación. Martín Blas fue quien citó a los detectives al estar investigando si algún policía filtraba datos e informaciones secretas a la agencia Método 3. Peribáñez se remitió “a lo que declaré en la Audiencia Nacional”, donde había prestado declaración el pasado mes de febrero.

La abogada de los detectives inquiere al final a los interrogadores de sus clientes: “Yo entiendo que pregunten sobre si se han extralimitado, pero ya no entiendo otras cosas, como lo del contrato. ¿Qué tiene que ver con la extralimitación? O el hecho de que haya un 'pendrive' o un no sé qué, ¿qué tiene que ver con la extralimitación?”. Se refería a preguntas sobre si habían firmado algún contrato con alguien cercano al Ministerio del Interior o si habían entregado a la Audiencia un 'pendrive' con información sensible de la familia Pujol. La justificación de los Mossos: “Bueno, al final, extralimitarse sería la conclusión final”.

A preguntas del detective Julián Peribáñez, además, afirmaron que: “La información de la persona denunciante no la podemos facilitar. Pero se pueden dirigir a la propia dirección y, al formar parte de un procedimiento administrativo, solicitar una copia del expediente y, en este caso, saber quién es la persona que denuncia o el contenido de la misma”.

"Un control total"

El secretismo y el ambiente conspirativo, pues, no podían ser más evidentes. Fuentes solventes señalan a El Confidencial que “Casado tiene como hombre de confianza a Carles Castellano, jefe de la división de Seguridad Privada de los Mossos. De ahí que le pidiese que tomase cartas en el asunto”. Estas fuentes remarcan que Castellano, Casado y la jefa del área administrativa, Marta Fernández, forman un equipo que funciona como una piña desde hace años, hasta el punto de que Seguridad Privada de los Mossos sigue más los dictados de la subdirectora general que los de la propia cúpula policial. Según fuentes internas de los Mossos, Casado ejerce “un control total sobre la seguridad privada”, tanto en materia legislativa como en la práctica.

La subdirectora general está considerada una de las ‘talibanas’ del Gobierno catalán. Así se conoce el núcleo duro soberanista partidario de la independencia que comenzó a controlar los resortes del poder a finales de los 90. Desde hace años, ocupa cargos políticos en la consejería de Interior. Hace un tiempo, llegó a enviar una carta a todas las empresas de seguridad para que remitiesen sus informes anuales solo a los Mossos d’Esquadra, obviando al CNP, como marca la ley. Después de que el Ministerio del Interior abriese expediente a las empresas que no cumplían la normativa –expedientes que se iban cerrando conforme presentaban la documentación obligatoria–, Casado acusó públicamente a Madrid de ir “contra las empresas catalanas”, consciente de que ella misma había incitado a vulnerar la ley.

En los últimos años, el Gobierno catalán también bloquea las listas de directores de seguridad de las empresas que trabajan en Cataluña, no pasando los datos al registro central. De ahí que muchos profesionales que realizan cursillo, a la hora de obtener una certificación del Ministerio del Interior (el único capacitado para expedirla) se encuentren con que su nombre no figura entre las personas capacitadas para ser director de seguridad. Por su parte, el Instituto de la Seguridad Pública de Cataluña tampoco traslada al Ministerio del Interior las altas de los centros de formación ni el listado de alumnos que realizan cursos, por lo que luego son excluidos al no reunir los requisitos que marca la ley.

Denuncia a De la Mata

La dirigente de Interior fue fichada por Jordi Pujol en 1997 como responsable de los servicios jurídicos de los Mossos en Girona. En 2001 llegó a Barcelona como responsable de asuntos penales en Interior y en 2003 fue nombrada jefa del servicio de administración de la región policial metropolitana norte. De 2005 a 2007 se trasladó a jefa del área de inspección de la Agencia Catalana de Protección de Datos y en 2008 volvió a la Generalitat como subdirectora general de Seguridad Interior. En el 2013, fue ascendida a directora general de Administración de Seguridad de la consejería, cargo que ejercería hasta el 2015, cuando perdió esa plaza y volvió a la de subdirectora. Todos los intentos de este diario de obtener su versión de los hechos en relación con el interrogatorio de los agentes fueron inútiles.

Fuentes oficiales de los Mossos apuntan a que el interrogatorio tenía como motivación una supuesta “infracción administrativa” ante las sospechas de que tuvieron conocimiento de conductas delictivas sin comunicarlo a la Policía. Ahí es donde reside la clave de este truculento episodio: la intención última de los Mossos –utilizados en este caso como instrumento político– era obtener alguna información de que miembros del CNP habrían recibido de algún modo información confidencial sobre políticos catalanes.

Los detectives enviaron este viernes un escrito al juez José de la Mata, que les había tomado declaración el pasado mes de febrero. Curiosamente, sobre esa declaración basaron los Mossos los motivos de su interrogatorio, aunque oficialmente no podían tener acceso al documento de la Audiencia Nacional. “Fuimos coaccionados y amenazados en dicha declaración, cosa que hemos denunciado en el juzgado de guardia de Barcelona en fecha 24 de mayo de 2017”, dicen al magistrado en la misiva, a quien explican también que los agentes autonómicos actuaban bajo las órdenes de Maite Casado Cadarso.