Mas inaugura una cárcel 'de lujo' con piscina, madera australiana y pizarras táctiles
Con una inversión total de 100 millones de euros, aunque los catalanes acabarán pagando más del triple, la Generalitat ha construido en Tarragona una cárcel de alto 'standing'
Piscina de 25 metros, pizarras electrónicas y táctiles en los módulos, reproductores de CD y televisión en todas las salas, modernísima instalación de aire acondicionado… la madera del techo del polideportivo incluso se hizo importar de Australia. En fin, todo un derroche de detalles y comodidad. Pero no es ningún hotel de lujo. Es la nueva cárcel inaugurada en Tarragona, una prisión de alto 'standing' acabada de construir en 2011 pero que ahora se inaugura deprisa y corriendo. Tan deprisa que no hubo tiempo de convocar concurso de traslado de funcionarios y personal para atenderla. Solo ese equipamiento costó, según datos oficiales de la Generalitat, 10 millones de euros.
El centro penitenciario de Mas d’Enric se encargó a una asociación empresarial formada por las constructoras Comsa y Emte (que a la postre acabarían fusionándose), esta última propiedad del empresario Carles Sumarroca, imputado en el sumario de Jordi Pujol Ferrusola que sigue la Audiencia Nacional (su hijo, Jordi Sumarroca Claverol, lo está en el sumario del 3% que investiga el juzgado número 1 de El Vendrell). La adjudicación de la obra, no obstante, se produjo en la época del tripartito, en el año 2009, cuando era consejera de Justicia la exsocialista Montserrat Tura, subrayan fuentes de la Administración autonómica.
Para el dirigente sindical, la puesta en marcha de la cárcel ha sido “esperpéntica”. Ayer comenzó a trasladar a internos de la cárcel de Tarragona
“El encargo se hizo por el método de 'leasing' –explica a El Confidencial Juan Luis Escudero, responsable de Prisiones del sindicato CSIF-. Su coste era de 100 millones de euros, asumidos, en principio, por la constructora. Pero, en el momento de acabar, el Gobierno comenzaba a pagarle un ‘alquiler’ mensual de un millón de euros durante 32 años gracias a una modalidad de contrato de constitución de derecho de superficie. Su construcción se acabó en 2011 y hasta el día de hoy, la Generalitat ya ha pagado a la empresa más de 50 millones de euros. Y cuando finalice el contrato, le habrá pagado un total de… ¡384 millones de euros! O sea, cuatro veces su coste inicial”.
Para el dirigente sindical, la puesta en marcha de la cárcel ha sido “esperpéntica”. Ayer comenzó a trasladarse a internos de la cárcel de Tarragona. En total, unos 180 presos. “Es que les han entrado muchas prisas, no sabemos si para hacerse la foto de la inauguración antes de las elecciones, pero se han habilitado solo módulos. La prisión no estará al 100% hasta 2017. Tiene una capacidad de más de 1.000 internos, pero no creemos que albergue más de la mitad de ese número, porque no hay demanda en Tarragona, donde basta una cárcel pequeña como la que existe ahora, con capacidad para unos 200 internos”.
Traslado a toda prisa
También es extraño el hecho de no convocar oposiciones para cubrir las plazas de personal. “Ni para funcionarios, ni educadores, ni psicólogos. Solo se cubrirán los puestos de trabajo que hay con trabajadores en comisión de servicios que han sido trasladados de otras prisiones. Y estos funcionarios dejan huecos en las plantillas de cárceles que ya están bajo mínimos y donde falta personal”.
Los primeros habitantes de esta cárcel de alto 'standing' son 10 funcionarios de Can Brians, cinco vigilantes de la misma prisión, y seis funcionarios del centro Penitenciario de Jóvenes. Estas bajas se cubrirán con dos nuevos funcionarios en Brians y otros dos en la otra cárcel. En resumen, desvestir un altar para vestir un santo. Para CSIF, Mas d’Enric se abre “a coste cero, porque es la primera vez que no se convocan oposiciones”. De la misma opinión es Joan Escanilla, presidente de CSIF Cataluña, que alerta de que el problema es que el nuevo centro le quedará muy grande a la Administración y critica el ‘robo’ de funcionarios de otros centros y el derroche: "Los sueldos de los funcionarios se han recortado y se han eliminado las pagas desde el año 2012 a 2014. Por eso nos parece extremadamente grave que, ante unos recortes tan brutales que han acometido, aquí no se escatime en gastos, porque algunas de las cosas que se han instalado son de auténtico lujo. Para entendernos: ya les gustaría a cualquiera de los pueblos de los alrededores o a la misma ciudad de Tarragona tener una piscina municipal como esta”. El sindicato ha pedido ya al Gobierno catalán que haga una auditoría para conocer “el coste final de la nueva prisión y garantizar la transparencia de los recursos públicos”.
Según la Generalitat, la entrada en funcionamiento ya estaba prevista para estas fechas y la apertura “se hará de manera progresiva”. Los primeros módulos en abrirse son de régimen ordinario, de jóvenes y mujeres y módulos asistenciales de enfermería, ingresos y departamento especial.
La cárcel se encuentra a 13 kilómetros de Tarragona, ocupa una superficie de 65.636 metros cuadrados y dispone de 618 celdas distribuidas en siete módulos
La cárcel se encuentra a 13 kilómetros de Tarragona, ocupa una superficie de 65.636 metros cuadrados y dispone de 618 celdas distribuidas en siete módulos ordinarios, un departamento de mujeres y otro de jóvenes. La vieja cárcel de Tarragona, cuyas instalaciones se han quedado obsoletas, será reconvertida en un centro abierto con capacidad para 175 hombres y 50 mujeres.
Piscina de 25 metros, pizarras electrónicas y táctiles en los módulos, reproductores de CD y televisión en todas las salas, modernísima instalación de aire acondicionado… la madera del techo del polideportivo incluso se hizo importar de Australia. En fin, todo un derroche de detalles y comodidad. Pero no es ningún hotel de lujo. Es la nueva cárcel inaugurada en Tarragona, una prisión de alto 'standing' acabada de construir en 2011 pero que ahora se inaugura deprisa y corriendo. Tan deprisa que no hubo tiempo de convocar concurso de traslado de funcionarios y personal para atenderla. Solo ese equipamiento costó, según datos oficiales de la Generalitat, 10 millones de euros.