UNA ESTRUCTURA DE ESTADO DE ARTUR MAS

El Gobierno catalán ‘enterró’ 200.000 euros en un Colegio de ‘telecos’ ilegal

Desde el año 2010, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (COITT) había ido interponiendo recursos contra la constitución del nuevo organismo

Foto: El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)

Las estructuras de Estado son caras y, a veces pasan factura. Es lo que le ocurre al presidente catalán, Artur Mas, que promovió una de sus estructuras de Estado y, para más INRI, resolvió impulsarla con un crédito del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de 200.000 euros. ¿Será por dinero? Lo malo es que ahora pretende cobrar ese dinero a la estructura equivocada: la pide a la verdadera estructura de Estado… español. Y, claro, le han dado con la puerta en las narices. ¿Quién pagará el capricho del Govern?

La historia es muy simple: a finales del año 2010, el Gobierno catalán publicó un decreto por el que constituía el Colegio de Ingenieros Técnicos y Peritos de Telecomunicación de Cataluña (COETTC, según sus siglas en catalán), acogiéndose a la disposición adicional quinta de la ley 7/2006 de Colegios Catalanes, dándole rango de Colegio oficial. La idea fue pergeñada por el entonces consejero de Gobernación, el republicano Jordi Ausàs, y asumida y defendida luego a capa y espada por los dos últimos Gobiernos de Artur Mas.

Pero resulta que en diciembre de 2013, el Tribunal Constitucional enmienda la plana a la ley y deroga gran parte de la disposición adicional. En realidad, si hay una profesión regulada, es decir, que sea preciso tener un título para ejercerla, la competencia para crear un colegio oficial es del Estado. Si hay una “segregación”, ha de aprobarse ésta en la organización estatal y luego, o paralelamente, en la comunidad autónoma. En una profesión no regulada, se puede crear el colegio, aunque la adscripción de los profesionales es voluntaria.

En su página oficial, el decano del COETTC, Ferran Amago, afirma que su organismo fue creado a través del decreto 141/2010 y por “segregación del colegio de ámbito estatal”, lo que niegan desde el órgano español. “En este caso, se vulneró la norma estatal. En realidad, fue una declaración unilateral de independencia, ese concepto que ahora está tan de moda, porque se creó un colegio sin contar con el Estado. Y crear un colegio independiente de una profesión titulada va contra la ley y, por tanto no es democrático”, señala a El Confidencial Jordi Farré, decano del Colegio oficial español en Cataluña.

Desde el año 2010, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (COITT) había ido interponiendo recursos contra la constitución del nuevo organismo y lo denunció ante la consejería de Justicia de la Generalitat, que rechazó reiteradamente todas las denuncias. Finalmente, en el 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló también el decreto por el que se creaba el COETTC. En realidad, incluso sus siglas inducen a error. En sus impresos oficiales y en su web, la entidad catalana se arroga el acrónimo de COETTC y no CETPTC, como debería ser. Pero había una razón: la denominación en catalán del organismo estatal es Collegi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions a Catalunya (COETTC). Por tanto, no sólo declaraba una independencia unilateral, sino que se apropiaba de las siglas del colegio oficial español: la diferencia es que la O del catalán no significa “Oficial”, como cabría esperar, sino que ha de entenderse que las dos primeras letras, CO, son una contracción de Collegi (Colegio).

Colegio de Ingenieros Técnicos y Peritos de Telecomunicación de Cataluña. (Google Maps)
Colegio de Ingenieros Técnicos y Peritos de Telecomunicación de Cataluña. (Google Maps)

Quien había cogido las riendas del nuevo organismo catalán era Ferran Amago, que había formado parte de la junta directiva del Colegio Oficial español con anterioridad. “Se hicieron las normas prescindiendo de nosotros y la Administración catalana ha ayudado a que no se nos tuviera en cuenta mientras le daba todas las facilidades al Colegio catalán”, explica Jordi Farré.

La chapuza del crédito

Las facilidades fueron inmensas, hasta el punto de que habilitó un crédito de 200.000 euros a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) con el fin de desarrollar esta “estructura de Estado”, que por si fuera poco tiene una gran importancia en el campo del control de las telecomunicaciones.

Paradójicamente, el dinero se ingresó en la cuenta del Colegio de Ingenieros Técnicos, que depende del COIT. Mayor chapuza, imposible. Perplejos, los directivos del organismo español devolvieron el dinero. “Como debían de tener ni el NIF de la demarcación del Colegio español, no sabían dónde meterlo”, arguye Farré. Al final, los 200.000 euros fueron aparar la entidad Ones Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya, vinculada a Ferran Amago y núcleo alrededor del cual se creó el organismo independiente catalán.

''No sabemos por qué las autoridades dieron un crédito a un colegio ilegal y a una asociación que no reunía los requisitos'', critica el decano del COITT

La sorpresa saltó hace un año, cuando en la sede catalana del COITT se recibe un burofax del ICF en el que se hablaba del crédito y de que tendrían todas las facilidades del mundo para devolverlo. La misiva, sin embargo, iba dirigida a Ferran Amago como directivo del COETTC. Los directivos del colegio español se dirigieron entonces a aquél para entregarle su comunicación, pero Amago se negó a recibirla. Al final, la dirección del COITT rellenó una instancia dirigida al ICF dando cuenta de la recepción de la carta, de que su destinatario era otro y de que el señor Amago había rehusado su recepción.

“Lo que no sabemos es por qué las autoridades catalanas dieron un crédito a un colegio que es ilegal y a una asociación que no reunía los requisitos. Según parece, Ones se creó en el 2005, pero desde entonces no había tenido actividad, no había convocado junta ni había renovado los órganos directivos, como es obligatorio. Debería haber hecho todo eso en el año 2009 y no lo hizo, por lo que en ese año se tenía que haber dado de baja. Aun así, el Gobierno catalán le dio luz verde al crédito. Y la legislación dice que para recibir un crédito oficial es imprescindible que quien lo recibe esté al día en todos los extremos legales. No se le puede dar a un señor cualquiera, sino que se exige que tenga los deberes cumplidos”, critica el decano del COITT en Cataluña.

En mayo del 2014, Farré pidió a la consejería de Justicia la composición de la junta de la asociación pero en la Administración catalana le fueron dando largas… hasta el pasado 9 de septiembre, cuando este diario ya se había interesado por el tema y en la consejería lo sabían. En el informe que finalmente tuvieron que entregar, se reconoce que la junta directiva de esa asociación fue elegida el 29 de noviembre de 2004, en el acto de su constitución, sin que, al parecer, haya habido nuevas elecciones.

No fue el único contratiempo: Amago había puesto a su nombre y al de su asociación el dominio en internet del colegio de telecomunicaciones. Tras una nueva batalla jurídica, la Oficina de Patentes y Marcas de España dio la razón al Colegio Oficial y devolvió el dominio a los profesionales, que han enviado también instancia a los organismos internacionales para que la Oficina Mundial de Patentes y Marcas (OMPI), en Estados Unidos, actúe de igual forma.

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