El PP impugna los Presupuestos catalanes por la consulta y retrasa su aprobación

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, recibió hoy el primer aviso de que el PP no se va a quedar quieto ante el pacto soberanista para llevar adelante el referéndum independentista. Los populares llevaron al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) los Presupuestos de la Generalitat para el 2014, que CiU había de aprobar hoy en el Parlamento autonómico con los votos a favor de Esquerra Republicana (ERC). O sea, que las cuentas catalanas, de momento, no se pueden debatir en el hemiciclo hasta que el CGE se pronuncie.

“Antes de llegar a este extremo, hemos hablado con Hacienda, por si nuestra medida afectaba al objetivo de déficit, pero como no es así, iremos con todas las herramientas legales contra unos presupuestos que contienen engaños y cuestiones anticonstitucionales”, explica a El Confidencial una fuente de la cúpula del PP.

Y el portavoz popular en el Parlament, Enric Millo, los calificó como “una trampa. Ocultan un engaño flagrante y pretenden dedicar recursos públicos a la financiación de un referéndum de autodeterminación ilegal. El PP no va a permitir que esto suceda”. Y es que una de las partidas que ha soliviantado a la oposición destina 5.075.000 euros al pretendido referéndum independentista del 9 de noviembre.

Precisamente horas antes, la portavoz de ICV en la cámara autonómica, Dolors Camats, arremetía contra los presupuestos de Artur Mas. “No entendemos qué hace ERC dando apoyo a estos presupuestos que siguen el dictado del PP y de la Troika. El ministro Montoro los ha validado porque cumplen el déficit. Lo que entenderíamos no es que ERC entrase en el Gobierno, sino que se saliese del acuerdo de presupuestos”.

Pero es precisamente el PP quien ahora quiere tumbar las cuentas de Mas. Millo se refirió a las palabras del portavoz del Govern, Francesc Homs, horas antes, diciendo que son unos presupuestos “inmaculados” y que su impugnación tendría consecuencias directas para los ciudadanos. “Que no venga Homs a hacer demagogia barata, de baja estopa, con mala fe, de muy corto vuelo. Es una manipulación barata y barriobajera, una aberración. Que no nos venga con preocupaciones sociales el que ha hecho los presupuestos más antisociales de su historia”.

Del mismo parecer es el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, que hizo un llamamiento a todos los partidos de la oposición a llevar los números al CGE. “Son los presupuestos más antisociales con las medidas fiscales más abusivas de la historia de Cataluña”, subrayó Cañas. Y afirmó que acudir al CGE “es un instrumento legítimo para evitar el abuso de un Govern que ha hecho de su mala praxis legislativa una norma”. El portavoz de C’s se despachó a gusto calificando los presupuestos catalanes de “antisociales” y “anticonstitucionales” porque destinan “una partida presupuestaria abierta a una consulta ilegal, que podría dedicarse a garantizar las becas comedor y la Prestación Económica de la Renta Mínima de Inserción”.

Y tuvo también estopa para el portavoz gubernamental: "Escuchar a Homs diciendo que si se retrasa la ley de medidas fiscales y presupuestos puede significar que las personas que están en riesgo de exclusión social es de un cinismo, de una demagogia y de una mala fe increíble", aseveró Cañas.

Cinco medidas y tres partidas sospechosas

Santi Rodríguez, portavoz adjunto del PP, señaló a El Confidencial que su partido pide “el dictamen sobre los más de cinco millones de euros que ellos mismos no esconden que son para la consulta. Pero luego hay dos partidas que totalizan 2.294 millones de euros de ventas de no se sabe qué. Y estas partidas pueden comprometer el objetivo de estabilidad y de déficit”. El PP, no obstante, deja la puerta abierta a retirar el recurso ante el CGE si la Generalitat retira la partida de más de cinco millones de euros que quiere destinar a la celebración del referéndum independentista.

Al margen, el PP también lleva al consejo la Ley de Acompañamiento, en la que hay cinco medidas sospechosas. La primera es una tasa de la Agencia Catalana de Consumo, “que es de una indefinición jurídica total”. Y es que esta tasa se quiere implantar por las reclamaciones de los ciudadanos… pero se le cobra a las empresas contra las que se reclama, todo incluso antes de que haya veredicto sobre si la reclamación es justa o no. También hay dos artículos con enmiendas de CiU y ERC que instan a la Hacienda catalana a que pueda pedir a los contribuyentes catalanes datos sobre los tributos estatales para llevar adelante la recaudación en la propia comunidad. Otra de las medidas recurridas es la prohibición del uso de la factura hidráulica, que es competencia estatal y, por último, una norma que faculta al consejo interuniversitario a dirimir ciertas cuestiones que vulneran la independencia universitaria.

Para Jordi Cañas, la ley “incorpora impuestos, cánones y tasas de dudosa legalidad que cargan sobre los ciudadanos el despilfarro separatista”. Y, además, subraya que “aquellos que pidan asistencia por un accidente de tráfico, un rescate o un incendio deberán pagar una tasa de 37 euros por persona y hora, 49 euros por vehículo y hora y, en el caso de un helicóptero, de 2.875 euros por unidad y hora”.