La CMT llegó a Barcelona con escándalo pero se va sin pena ni gloria

La medida de concentrar ocho organismos reguladores en uno solo por parte del Gobierno tendrá como consecuencia que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) deje Barcelona. El organismo regulador llegó como uno de los logros políticos para Cataluña del entonces ministro de Industria José Montilla y en medio de una monumental bronca política. Sin embargo, se ha ido a la chita callando, rodeada de la indiferencia general.

Ni la Generalitat ni el partido de gobierno en Cataluña, CiU, se han pronunciado al respecto. Y eso que la decisión se ha tomado coincidiendo con el Mobile World Congress, el que ha de ser el gran evento de las telecomunicaciones en España. No solo no ha habido críticas sino que incluso Duran i Lleida ha sacado pecho defendiendo en twitter que su formación haya arrancado al Gobierno central la promesa de que Barcelona pueda aprovechar el actual edificio de la CMT… como subsede.

Sólo el PSC, por boca de su secretario general, Pere Navarro, ha lamentado la decisión calificándola de “un capítulo más de la obsesión recentralizadora del Gobierno de España”. Navarro se ha quedado literalmente solo alegando que la CMT es “un elemento de capitalización muy importante para nuestro desarrollo económico”.

Una idea en el Círculo de Economía

El traslado de la CMT a Cataluña surgió en otoño del 2000 en las jornadas del Círculo de Economía celebradas en Sitges cuando éstas todavía servían de laboratorio de ideas, un proyecto acordado por PSC y CiU cuando Anna Birulés era la ministra del ramo en el Gobierno de PP. El empresariado catalán, que tampoco ha respirado ahora, avaló entonces con entusiasmo la propuesta.

La intención era imitar el modelo alemán de descentralización de organismos reguladores como manera de dar cohesión al territorio. La filosofía se basaba en acercar España a Cataluña.

Polémica política

El traslado de la CMT de Madrid a Barcelona se cristalizó con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre del 2004, tras un acuerdo con el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall.

El presidente de la CMT en esa época, Carlos Bustelo, con el apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y del grueso del PP, se opuso al traslado y terminó dimitiendo.

El nuevo presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, zanjó la polémica mediante un pacto laboral. Sin embargo, en la práctica, el ejército de abogados que aterrizó en Barcelona de la mano de la CMT estuvo lejos de ser el dinamizador de las nuevas tecnologías que se esperaba en la capital catalana. Ese papel recayó de nuevo en Telefónica, que no había necesitado polémica política alguna para apostar por invertir 1.580 millones en Cataluña entre 2003 y 2006.

Distanciamiento y hostilidad

Además, Maragall, que gobernaba con el modelo del tripartito, había dejado las telecos de Cataluña en manos de departamentos controlados por ERC, que durante mucho tiempo jugaron a ningunear el papel de la CMT en Cataluña por considerarlo una representación del Gobierno español. La arrogancia de los dos presidentes del regulador, tanto de Rodríguez como de su sucesor, el ex secretario de telecomunicaciones de Rodríguez Zapatero, Bernardo Lorenzo, tampoco ayudó a que el organismo regulador cuajase en el tejido de telecomunicaciones catalán, lleno de muchas pequeñas empresas y start up’s.

Con CiU en la Generalitat, las cosas tampoco mejoraron. Telecomunicaciones quedó subsumida en la macroconselleria de Empresa y Ocupacion donde el conseller Francesc Xavier Mena, apenas demostró interés por el tema.

El sueño del federalismo alemán había acabado con un Ejecutivo que nombraba al secretario del ramo en el Gobierno para un organismo independiente y una administración autonómica de espaldas al proyecto. La idea parecía buena. Pero es lo que suele pasar con las buenas intenciones, que al final sólo sirven para empedrar las aceras del infierno.