“Amnesia colectiva” entre los empresarios vinculados a CDC que cobraron del Palau

“Amnesia colectiva de varios empresarios”. Así definió el diputado republicano Pere Bosch la actitud de algunos empresarios que pasan durante estos días por la comisión parlamentaria del Palau de la Música. Se da la circunstancia de que los representantes de tres empresas sospechosas de trabajar para Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de cobrar del Palau de la Música se negaron a responder a los diputados de la comisión y se limitaron a leer un breve comunicado exculpatorio que incluía el listado de sus clientes y afirmar que nunca elaboraron facturas falsas ni habían ayudado a financiar a Convergència.

 

“Qué casualidad. Desde la comparecencia del señor Pedro Luis Rodríguez [representante de varias sociedades sospechosas], todos los demás vienen aquí acompañados de su abogado y no explican nada. No sé si es una falta de respeto a esta comisión o detrás de todo esto hay algunas complicidades”, espetó Bosch a Salvador Oller, que había trabajado para dos empresas sospechosas de elaborar facturas falsas y que trabajaban simultáneamente para el Palau, CDC y la Fundación Trias Fargas, vinculada a este partido. Y añadió: “Con su silencio, convierte nuestra sospecha en una sospecha fundamentada”.

Incluso Xavier Tauler, consejero delegado de Copisa, constructora que realizó donativos paralelos a la Trias Fargas y al Palau, que acometió obras para esta institución y que compró la mayoría de la empresa Natur System (donde era apoderado el responsable de finanzas de CDC), reconoció ayer haber realizado donativos pero sólo se acordó del que se había filtrado a la prensa: 60.000 euros para la fundación en el 2005.

Del resto, no tenía ni idea de las fechas ni de las cantidades, aunque negó que hubiese dado dinero a otras fundaciones de partidos. Tauler sólo dejó entrever que “podría ser” que alguien de la fundación Trias Fargas hubiese llamado a la compañía. “Es fruto de una negociación. Supongo que cuando llama una persona de la fundación, hace una sugerencia sobre la aportación, que concuerda con su contravalor en pesetas, unos 10 millones”. Pero ahí se quedó la cosa. Sí reconoció, sin embargo, que subvencionó al Palau con 700.000 euros entre 2007 y 2009.

El lunes a última hora pasó por las dependencias parlamentarias Juan Manuel Parra, propietario de Hispart, una empresa de montaje de escenarios que cobró alrededor de un millón de euros del Palau. “Soy un empresario catalán e intento superar la difícil situación económica como la que pasamos. Para mí ya es difícil, en los tiempos que corren, encontrar clientes tanto dentro como fuera de Cataluña. Entenderán que su decisión de hacerme comparecer no hace sino ponerme las cosas más difíciles”, argumentó. Pero fue vapuleado por casi todos los grupos.

Pere Bosch le recordó que su nombre salía vinculado a pagos irregulares. Por un lado, entraba dinero de Ferrovial -que previamente había tenido adjudicaciones públicas de la Generalitat, entonces en manos de CiU- y luego salían cientos de miles de euros hacia Hispart. Además, su primera factura fue de 390.000 euros, factura anulada y que luego fue fraccionada para ir cobrándola durante meses. Además, el diputado le recordó que había una sospechosa coincidencia entre actos electorales de CiU y las facturas emitidas contra el Palau. “Y es inconcebible que no guarde ningún recuerdo de una factura de 390.000 euros, que significó el 58% de la facturación de su empresa en el año 2004”, zanjó Bosch.

El republicano, sin embargo, mostró ayer una nueva factura de 41.000 euros del 13 de octubre de 2005 por un supuesto montaje de una pantalla en la institución musical. Tanto la responsable de cesión de espacios del Palau, Anna Morante, como la responsable de mantenimiento, Marta Bas, negaron que ese acto hubiese tenido lugar. El tema será derivado a fiscalía.

Contradicciones y desmentidos

Ayer le tocó el turno a Salvador Oller, antiguo comercial que trabajaba para dos empresas de buzoneo, Letter Graphic y Newletter, que facturaron en su conjunto más de 982.000 euros a la institución en dos años. Oller siguió la senda de Parra: leyó un breve comunicado diciendo que en el año 2005 contactó con la institución y que hizo un trabajo de campo para realizar un fichero de 100.000 nombres con el objeto de aumentar el número de donaciones y de visitantes o espectadores. A partir de ese fichero, “se efectuó un proceso de comunicación directa por oleadas durante tres años”. Pero no surtió efecto.

Tres empleadas del Palau desmintieron esta teoría. “Si hubiese habido una campaña de captación de clientes, nos hubiésemos enterado”, afirmaron. La empresa que normalmente realizaba los mailings del Palau era Servicios Plenos de Manipulación (SPM). Además, no conocían a las empresas adjudicatarias, que trabajaban al mismo tiempo para CDC y para la Fundación Ramon Trias Fargas, vinculada a este partido y facturaban al Palau poco después de actos electorales. Ninguna de estas facturas tiene soporte documental, a pesar de que el código de comercio obliga a guardarlo durante cinco años.

Al otro lado de Barcelona, mientras, la jueza Miriam de Rosa, que investiga el tema del polémico hotel que Fèlix Millet quería construir al lado del Palau, tomó declaración al ex teniente de alcalde de Barcelona, Xavier Casas y al gerente municipal, Ramon Massaguer. Los representantes del Ayuntamiento negaron que hubiese alguna irregularidad en la recalificación de los solares (cuya calificación había sido permutada por la de un edificio de la Generalitat).