Registran un bufete de Marbella por una trama internacional: 2.200 millones defraudados

La Guardia Civil ha desplegado a primera hora de esta mañana un importante operativo en Marbella. Numerosos agentes han registrado el despacho de abogados Lawbird, situado en la céntrica avenida Ricardo Soriano. Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que la operación estaría ligada con una macrooperación a nivel europeo contra el fraude fiscal relacionado con la venta de productos electrónicos que supera los 2.200 millones de euros, mientras que el director del bufete, el letrado Antonio Flores, ha señalado a este periódico que la firma no tiene ninguna responsabilidad en el caso y que el origen de todo se sitúa en que unos clientes habrían "falsificado" facturas del despacho. De forma paralela, agentes del Instituto Armado han registrado un chalé.

El edificio Alfil, donde se encuentra la sede del bufete, ha sido el epicentro de la intervención de la Guardia Civil en el marco de una investigación con supuestas ramificaciones internacionales. “Todo ha venido porque unos clientes han falsificado facturas nuestras. El dinero que se envió para comprar dos casas, lo han puesto como una venta de comida y han solicitado la devolución del IVA en Portugal”, ha explicado Flores. “Esto es parte de un fraude muy grande de IVA. Han utilizado a dos clientes nuestros en Portugal y han falsificado facturas. Por todo esto es por lo que han hecho este despliegue policial”, ha precisado.

Numerosos agentes de Seguridad Ciudadana del Instituto Armado establecieron a primera hora de este martes un cordón de seguridad mientras compañeros suyos registraban el bufete. En el edificio ha cundido el pánico en el momento en el que los trabajadores entraban a sus oficinas, pues algunos de los guardias civiles iban armados y encapuchados. En el inmueble, de ocho plantas, además de ser también la sede del registro civil, hay numerosos negocios, entre ellos una emisora de radio y un bingo.

Un operativo similar se desplegó en un chalé ubicado en la zona de Naguelles. “No conozco a los propietarios, pero han hecho lo mismo con ellos, falsificaron facturas. Los dueños de estas viviendas, creo, son algunos marroquíes”, ha señalado el letrado.

Flores no ha ocultado su sorpresa por el despliegue de efectivos. “Es bastante desproporcionado. Lo que más nos sorprende es que por nuestra parte ya habíamos cumplido. Habíamos avisado hace dos años a la Agencia Tributaria”. El letrado ha añadido: “Insisto, esa es la forma en la que nos han implicado, al recibir fondos, la AEAT nos preguntó si era para la venta de mercaderías, y nosotros les dijimos que no, que era para una compra de viviendas, así que por ahí empezó todo, porque pretendían hacer creer a la Hacienda portuguesa que había factura con IVA. Y reclamaban, esa es la historia”.

De momento no ha trascendido ninguna detención ligada al caso. Según ha apuntado el abogado, “esto llevara un tiempo”. “Viene del extranjero, es una requisitoria internacional de la Fiscalía Europea”, agregó, hecho que se confirmó posteriormente. La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) informó de la práctica de más de 200 registros de forma simultánea en España, Portugal, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos y Rumania, entre otros países.

La investigación se centra en un “complejo” esquema de fraude fiscal que afecta a los 22 miembros de la Unión Europea y se extiende por terceros países como Reino Unido, Turquía, Polonia, Emiratos Árabes, China, Estados Unidos o las Islas Mauricio.

La primera pista llegó en abril de 2021, durante la investigación, por parte de las autoridades fiscales portuguesas en Coímbra, de una empresa que vendía teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos, como sospechosa de fraude del IVA, y en junio de ese mismo año Portugal informó a la EPPO sobre el caso, precisó este organismo en un comunicado. A pesar de que su situación administrativa, la facturación y las declaraciones de impuestos a nivel nacional de esta empresa parecían estar en orden, los fiscales europeos y otros expertos de la Fiscalía Europea contra el Fraude y Europol siguieron investigando en lo que han bautizado como operación Almirante.

La EPPO ha destacado, más allá de la magnitud de los daños, la “extraordinaria complejidad” de la cadena de empresas que participan de este fraude y que van desde aquellas que actúan como proveedores aparentemente legales de dispositivos electrónicos a las que blanquean los beneficios de esta actividad delictiva. Ésto no sería posibles sin la participación de varios grupos del crimen organizado altamente cualificados, cada uno de los cuales tiene roles específicos en el esquema general”, han precisado desde la Fiscalía Europea, que confirma que la investigación sigue en curso.

TE PUEDE INTERESAR

Granadas de mano, droga y vecinos hartos: 700 denuncias contra un hotel de Marbella

Amparo de la Gama. Marbella

El nombre de Antonio Flores es muy conocido en Marbella. Es el abogado del propietario del hotel Sisu, que fue quemado en agosto del 2020. El fuego, según ha apuntado el letrado, fue provocado por “un ajuste de cuentas. Al igual que el otro suceso que afectó al establecimiento en 2017, cuando un desconocido arrojó una granada en su interior y también lo rociaron con gasolina”.