El TC avala la incompatibilidad alcalde-diputado y desbarata al PP andaluz
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AFECTA A seis PARLAMENTARIOS DEL GRUPO

El TC avala la incompatibilidad alcalde-diputado y desbarata al PP andaluz

Ya hay sentencia. El Tribunal Constitucional ha avalado la ley andaluza aprobada en noviembre de 2011 que impide a los diputados autonómicos compatibilizar cargos

placeholder Foto: Dolores López Gabarro, 'número 2' del PP andaluz y afectada por esta sentencia junto a Juanma Moreno, líder del PP-A (EFE)
Dolores López Gabarro, 'número 2' del PP andaluz y afectada por esta sentencia junto a Juanma Moreno, líder del PP-A (EFE)

Ya hay sentencia. El Tribunal Constitucional ha avalado la ley andaluza aprobada en noviembre de 2011 que impide a los diputados autonómicos compatibilizar su tarea con cargos como el de alcalde, presidente de Diputación o Mancomunidad. La polémica norma, que fue recurrida por el Gobierno, supone un golpe en la línea de flotación de los populares, que siempre han tenido en sus alcaldes su principal baza electoral. Son siete los diputados del Parlamento andaluz que deberán elegir entre uno de sus cargos.

Seisson del PP. Entre ellos la actual secretaria general del PP andaluz, Dolores López Gabarro, alcaldesa de Valverde (Huelva) y número dos del partido. En ella está el principal problema para el PP. Los alcaldes de Córdoba, José Antonio Nieto, Sevilla, Juan Ignacio Zoido y Huelva, Pedro Rodríguez, también están afectados como la regidora de Fuengirola (Málaga), Esperanza Oña. Igualmente compatibilizasu acta de diputado y la alcaldía José Cara, de La Mojonera (Almería). Por IU está en la cuerda floja el alcalde de Marinaleda (Sevilla) y líder de la CUT, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Son datos oficiales facilitados por el Parlamento andaluz.

El principal problema para el PP está en su actual número dos. El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, no tiene escaño en la Cámara autonómica. El principal rostro visible de la nueva ejecutiva es Dolores López Gabarro. Solo el alcalde de Sevilla ya ha anunciado que renunciará al escaño. La noticia ha sido una bomba para el principal partido de la oposición en puertas de unas municipales y cuando la debilidad del grupo parlamentario popular frente a Susana Díaz vuelve a ser un tema en sus propias filas.

Desde los servicios jurídicos del Parlamento andaluz han estudiado ya la sentencia en su literalidad y aseguran que debe cumplirse de forma inmediata. El gabinete jurídico del Gobierno andaluz también respalda esa interpretación y exige que los alcaldes opten cuanto antes. “La incompatibilidad deberá aplicarse de forma inmediata desde el momento en el que se publique la sentencia del Constitucional en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los afectados deberán decidir entre el acta de diputado y la alcaldía en el plazo que fija el Reglamento de la Cámara, de 15 a 20 días”, informa la Junta.

La reforma de la ley electoral andaluza fue aprobada antes de los últimos comicios autonómicos. El PP elaboró sus listas plagadas de alcaldes aún conociendo que se podía encontrar este revés del Constitucional. La norma andaluza fue recurrida en el último minuto por el Gobierno central de Mariano Rajoy, que logró paralizarla cautelarmente. El entonces líder de los populares andaluces, Javier Arenas, siempre ha tenido en los alcaldes el gran gancho electoral para su partido. Él sostenía que la llave del Gobierno andaluz la tenían sus regidores. El PP gobierna en las ocho capitales andaluzas y en cinco de las diputaciones provinciales.

La incompatibilidad andaluza tiene un precedente en la ley gallega, que proclama a los alcaldes inelegibles, por lo que ni siquiera pueden figurar en las listas electoral. La norma andaluza habla de incompatibilidad y fue diseñada por el PSOE bajo el argumento de “un político, un cargo”. “Si lo que se pretende en este caso concreto es que los parlamentarios desempeñen sus funciones con transparencia y plena dedicación, la causa de incompatibilidad prevista en el precepto impugnado resulta justificada y proporcionada”, asegura el fallo del Constitucional sobre la norma andaluza.

Mientras que el PSOE y el Gobierno andaluz celebra el fallo del Alto Tribunal, el PP se encuentra con un grave problema político. Si finalmente se confirma que la aplicación de la norma es inminente se desbarataría su grupo parlamentario y desaparecerían de la Cámara alguna de sus figuras más relevantes. Moreno Bonilla, que lleva seis meses liderando el PP andaluz, deberá de dar una orden sobre qué deben hacer sus alcaldes. Lo lógico es que los de las capitales y grandes ciudades abandonen el escaño. La lista correría hacia nombres de escaso peso político. Fuentes populares avanzaron nada más conocerse la noticia que el problema estará en convencer a la número dos, Dolores López Gabarro, de que debe abandonar su papel de alcaldesa. Ella aún no responde sobre su futuro político.

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