El PP-A exige una ley de subvenciones para no repetir otro caso de los EREs

No será hasta el 22 de noviembre cuando el Parlamento andaluz apruebe el informe sobre el mayor escándalo de corrupción de la historia de Andalucía. Pero el PP ya ha elaborado su propuesta de dictamen. Se trata de un documento de 79 páginas, con 399 puntos, en el que exige una ley de subvenciones para que no se vuelva a repetir otro caso de irregularidades como el de los EREs falsos. 

Las propuestas de los populares, que previsiblemente no recibirán el visto bueno del PSOE ni Izquierda Unida, también incluyen la creación del Cuerpo Superior de Interventores de la Junta de Andalucía, que podría contemplar las funciones interventoras. Se trataría de evitar la soledad de la Intervención General de la Junta y un nuevo enfrentamiento entre Manuel Gómez, interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

Gómez decidió la pasada semana, contra todo pronóstico, que los argumentos que había ofrecido el 28 de agosto en la comisión de los EREs falsos se quedaban cortos. Y los quería explicar con mucha más claridad. “Si alguien debió coger el extintor para apagar el fuego de los ERE, ése era precisamente Griñán, como consejero de Hacienda. Culpar a la Intervención sería, a su juicio, infame y grotesco”, destacó Gómez en un documento enviado al Parlamento andaluz que otra vez pone contra las cuerdas a Griñán. ¿Debería haber actuado la Junta de Andalucía?

Gómez ya desveló que los informes de la Intervención General de la Junta alertaron hasta en 15 ocasiones de los defectos en el procedimiento de las ayudas sociolaborales. El presidente andaluz echó balones fuera: “El interventor de la Junta nunca detectó fraude ni menoscabo de fondos públicos, la Intervención nunca pidió que actuara cuando yo era consejero de Hacienda”, precisó Griñán, tras añadir: “Bajo ningún concepto se pidió la intervención del Consejo de Gobierno".

Registro de subvenciones

El PP andaluz también solicita el envío trimestral, a la Cámara de Cuentas de Andalucía, del registro de subvenciones concedidas en cada periodo, con expresión del programa y crédito presupuestario al que se imputen, persona o entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención. “La Cámara de Cuentas de Andalucía publicará anualmente un Informe de Fiscalización en el que se emitirá una opinión no sólo de la legalidad en la concesión de estas ayudas, sino de la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad en su concesión y gestión”,

Hay más propuestas, como la inclusión anual en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de los presupuestos de explotación y de capital de todas las agencias públicas empresariales, consorcios y entidades instrumentales privadas participadas mayoritariamente, directa o indirectamente, por la Junta de Andalucía, una medida que serviría para evitar que el Gobierno andaluz conceda ayudas arbitrarias.

El dictamen resalta la “indudable” utilización política de las ayudas arbitradas mediante el convenio marco y los convenios particulares, unas ligadas a la procedencia geográfica del consejero de turno o de su afinidad personal o política. “Por mucho que se quiera argumentar que las ayudas tenían como destino la compensación pública para diferentes zonas desfavorecidas de Andalucía, lo cierto y verdad es que la concentración de subvenciones en la Sierra Norte, en Huelva o Jerez tenían mucho que ver con el responsable político otorgante o gestor. ¿No había entonces zonas desfavorecidas en Almería, Granada o Málaga? ¿Por qué numerosas comarcas de Andalucía no recibieron ningún tipo de ayuda?”.

“Es una evidencia”, añade el informe, “que las ayudas se otorgaron por ventajismo y rédito políticos. ¿A qué, si no, obedece el amplio número de ayudas otorgadas mediante los convenios particulares aprobados por el Consejo Rector de fecha 30 de enero de 2004, a escasas fechas de las elecciones autonómicas?”.