Los agricultores abren otro frente contra Griñán por el cierre de 20.000 explotaciones

Miles de agricultores y ganaderos andaluces tomarán las calles la próxima semana, lo que abrirá un nuevo frente social contra el Gobierno de José Antonio Griñán. La situación que atraviesan la agricultura y ganadería andaluzas se ha traducido ya en la pérdida de 20.000 explotaciones en sólo tres años, el mismo tiempo que los Ejecutivos de Zapatero y Griñán vienen incumpliendo las promesas que les hicieron al sector.

 

Frente a la permanente complicidad que la concertación social impone a los sindicatos, las asociaciones agrarias, en especial Asaja, están dispuestas a romper la calma tensa empujada por el incremento de los costes de la actividad en las explotaciones agrícolas y ganaderas, causado principalmente  por el precio del combustible, de la factura eléctrica y la caída del valor de la producción para el empresario en origen. A ello se une el temor a que la nueva política de distribución de fondos de la PAC, un factor que cambiará a partir de 2014, suponga un duro revés para el sector.

Cuidado con Europa

La agricultura andaluza recibió ayudas directas de Europa por una valor de 1.630 millones el año pasado, que se repartieron entre 240.000 agricultores. Esto supone un 28% del total de los fondos que llegan a España por este concepto. Sin embargo, las negociaciones que se mantienen actualmente para la política agraria común que regirá a partir de 2014 cuentan ya no sólo con diez Estados, como hasta ahora, sino con 27. Y si a ello se suma que el presupuesto comunitario para este sector pasará del 0,75% del PIB europeo a sólo el 0,43, los agricultores y ganaderos andaluces tienen motivos para albergar todo tipo de temores.

Si se tiene en cuenta que, según los datos adelantados por la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, la renta agraria andaluza se ha incrementado en 2010  un 7,5%, hasta llegar a los 8.557 millones de euros, y se sitúa un 2,4% por encima de la renta agraria estatal, lo que el sur de la península se juega en este embate es una gran parte de su riqueza y posibilidades de desarrollo económico.

Consenso político inicial

Los políticos andaluces, en principio, parecen dispuestos a sortear sus diferencias y hacer causa común para que Andalucía no pierda en la nueva redistribución de fondos. De hecho, el presidente del PP, Javier Arenas, ha mostrado su deseo de colaboración en este plano con el Ejecutivo andaluz manteniendo un perfil bajo inicialmente. El propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, viajó recientemente a Bruselas para reunirse con las autoridades comunitarias y defender, entre otras medidas, el mantenimiento del presupuesto comunitario y la regionalización de las ayudas. Sin embargo, todo sigue en el aire y de forma especial el temor a que en las negociaciones comunitarias, una región del potencial agrícola y ganadero de Andalucía pierda poder en un concierto de más naciones con las que repartir.

Asaja no se fía de Griñán para el reparto

 

Al margen del plano político, existen importantes diferencias entre las reivindicaciones del Gobierno de Griñán y las demandas de colectivos sociales de la importancia de Asaja. Y es, precisamente, en el plano de la regionalización de las ayudas de la PAC donde se observa una grave desconfianza del empresariado agrario respecto de la Junta. Así, mientras el Gobierno andaluz defiende que en la política agraria comunitaria futura las comunidades tengan autonomía para adecuar los fondos a las circunstancias de su territorio, Asaja, por ejemplo, teme que de esta forma la Junta utilice los fondos a capricho si tiene capacidad para repartirlos con discrecionalidad.

En cualquier caso, si una de las bases de la política agraria europea es asentar la población en el contexto, medida no sólo de peso económico sino medioambiental, el Parlamento andaluz ha abierto un debate sobre uno de los principales sectores para aprobar la primera ley del olivar de Europa.

Del intervencionismo al arranque

 

Con una superficie de 1,5 millones de hectáreas cultivadas, el sector del aceite supone el 24% del valor de la producción agraria en Andalucía, y mantiene a 250.000 familias en un área geográfica que afecta a 300 municipios. El proyecto de ley del olivar, que actualmente se debate en el Parlamento andaluz, cuenta con la oposición inicial tanto del PP, que asegura que es una iniciativa intervencionista, como de IU que, en palabras de su diputado Sánchez Gordillo, llegó a decir desde la tribuna de la Cámara que con este texto se volverían a tener que arrancar olivos en el futuro de nuevo en Andalucía.

La apuesta por el olivar, sin embargo, es firme por parte de la Junta, a pesar de que gran parte del sector se encuentra bajo el control de empresas extranjeras, y para ello se esgrimen argumentos como la necesidad de modernizarlo y hacerlo más competitivo, además de colaborar positivamente en el mantenimiento de la población en el contexto agrario.