El jefe jurídico de Urbanismo dice que Marbella concedía licencias de forma "arbitraria"

El jefe de servicios jurídicos de Urbanismo de Marbella (Málaga), Jorge González, cuyo testimonio en otro procedimiento propició el inicio de la investigación del caso Malaya, sobre la presunta corrupción en el Ayuntamiento marbellí, ha asegurado en la sesión del juicio de este lunes que el propósito del Consistorio era conceder las licencias "de forma lo más arbitraria posible", por lo que ha dicho era "una situación buscada de propósito de anomia (ausencia de ley)".

En este sentido, González, que ha sido interrogado en calidad de testigo dentro del bloque del juicio dedicado a la operación Crucero Banús, ha indicado que se hacía de manera que "no existiese ningún tipo de norma". Ha puesto como ejemplo que en una comisión de gobierno se concedían licencias "con el Plan General del 86 para viviendas unifamiliares, en otro punto del orden del día conforme a la revisión un poblado mediterráneo y a continuación, otra que se ajusta a una carta del equipo redactor".

"Tampoco había un criterio para darlas con una u otra normativa", ha señalado el jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo de Marbella, quien ha apuntado que el hecho de que hubiera licencias condicionadas e independientemente se iniciara la construcción era "una práctica habitual". Ha añadido que él no tenía función alguna en la disciplina urbanística y que, en todo caso, su intervención es "accidental".

Por otro lado, González ha asegurado este lunes que los convenios urbanísticos que se realizaban "nunca se tramitaron por el cauce normal" del servicio en el que él trabajaba. En este sentido, ha opinado que en el Ayuntamiento de Marbella "no habría seguridad jurídica" pero, por contra, ha apuntado que "sin duda" había "seguridad de cómo se concedían las licencias", aunque no ha podido precisar si se creaba o no confusión a los compradores.

Precinto

En relación con los precintos de las obras, ha apuntado que era "muy dificultoso" que llegara a llevarse a cabo alguno, sobre todo en obras de "gran entidad", en las que era "con carácter general, prácticamente imposible" llegar a precintarlas, por lo que "las obras llegaban a terminarse". "Aunque parezca raro
o pintoresco", ha añadido, las obras "con las infracciones más groseras" eran las que no se precintaban, frente a las más pequeñas que eran las que sí hacía.

Respondiendo a las preguntas del abogado del Ayuntamiento de Marbella, ha apuntado que se informaba "imagino, al señor Roca" de los precintos, ya que,
según ha señalado, "era al que se le daba cuenta" ya que era el gerente de Planeamiento 2000. "Hubo órdenes expresas de que se diera cuenta a Roca", ha
manifestado, al tiempo que ha dicho, a preguntas de la Junta de Andalucía que las inspecciones de obras dependían "del servicio técnico y de hecho de Juan Antonio Roca Nicolás".

Ha precisado que los hechos que él puso en conocimiento de un juzgado fueron que había "un Ayuntamiento que se desapodera de determinadas funciones y lo da a una sociedad municipal", además de que "desapodera a los funcionarios y hace un Consistorio con personas externas". De hecho, este lunes ha vuelto a incidir en que a partir de 1998 se produjo "un traspaso de funciones" desde su servicio a personal externo. "Nos guste o no y a mí no me gusta, realmente esto no es ningún ilícito penal", ha asegurado y ha añadido que "no es ni un ilícito administrativo". "Este funcionario no tiene ninguna prueba concluyente de que eso sea para hacer delito, la convicción moral desde luego", ha apuntado González.

El jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo ha añadido que aunque no conocía ningún funcionario que haya presenciado algún delito de corrupción, si le
comentaron "todos", ya que era "una idea general", que había "situación de corrupción en el Ayuntamiento" de Marbella.

Agencia Tributaria

En esta sesión del juicio ha concluido el interrogario al funcionario de la Agencia Tributaria quien ha hablado de "la influencia y el control" que Roca
tenía en el Consistorio de Marbella. En este punto ha dicho que en la época de Gil -el exalcalde de Marbella-, "Roca era socio de Gil y de otros altos cargos, incluso electos del Ayuntamiento de Marbella, que hacían negocios y que, de alguna manera aparecían vinculados al Consistorio".

"Roca no sólo era gerente de Planeamiento 2000 y era un subordinado de Jesús Gregorio Gil y Gil, sino que era socio de Gil en varias operaciones
inmobiliarias", ha asegurado al tiempo que ha insistido en que "la relación no era de simple subordinado, había otro tipo de relación".

Según el fiscal, en la operación Crucero Banús, Roca, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el acusado Florencio San Agapito se concertaron para comprar una parcela en Marbella sobre la que lograr, con un convenio, aumentar la edificabilidad y reducir los aprovechamientos del Consistorio. La operación se hace a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la entidad titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas, también acusado.