Un desafiante Roca culpa a Gil de las irregularidades de la ‘Operación Crucero’

El principal imputado en la trama de corrupción urbanística del Caso Malaya, Juan Antonio Roca, corbata granate al cuello y traje oscuro para la ocasión, se sentó este lunes en el banquillo para defenderse de los cargos que se le imputan en relación al proceso judicial. El pupitre desde el que declaró el cerebro de la trama estaba perfectamente equipado con un ordenador donde el ex asesor cotejaba los datos que le iba comunicando el fiscal López Caballero.

Lo más significativo en esta primera comparecencia es que él, como los demás imputados en la Operación Crucero Banús, echaron la culpa al alcalde fallecido. Es decir, tal y como estaba en el guión, la culpa fue para Jesús Gil: “Yo no tengo nada que ver con los convenios urbanísticos. El alcalde de entonces era quien negociaba las condiciones de éste o cualquier convenio urbanístico", dejó claro Roca.

Cerca de una hora estuvo declarando ante el juez. En todo momento, el cerebro de Malaya se escudó en su inocencia argumentando que “no existe ningún dato objetivo que demuestre que yo decidiera o influyera en concesiones de licencias en el Ayuntamiento”. Roca dijo que fue el entonces alcalde Jesús Gil el que estableció las condiciones del convenio urbanístico Crucero Banús.

"El alcalde era el que establecía las condiciones. Román habló con Gil y le dijo que estaba interesado en esos terrenos. Existía un convenio anterior sobre esa parcela, pero Gil, precisamente por ser Román, no mantuvo los parámetros del primer propietario y dio instrucciones para que se duplicara la cesión de los aprovechamientos, que pasaron de 60 millones a 240 millones".

Roca sí admitió su participación en la operación Crucero Banús, pelotazo inmobiliario que generó más de seis millones de euros de beneficio en menos de un año. Dijo ante el tribunal que participó, junto con Pedro Román, Florencio San Agapito y Juan Germán Hoffmann, como socio en la operación urbanística y añadió que le entregó al ex teniente alcalde Pedro Román 142.000 euros, por su participación en el 15% del negocio, mediante cuatro cheques bancarios y 50.000 euros en metálico, cosa que Román nunca llegó a reconocer en su declaración ante el tribunal cuando compareció la semana pasada.

A preguntas de la sala, Roca dijo no tener ninguna documentación para justificar cantidades. Sí habló de que, en principio, obtuvo un recibo por la suma entregada, pero que “luego lo destruyó al firmar el contrato de fiducia con respecto a la sociedad Lispag AG, constituida en Suiza para comprar la mercantil Yambali, propietaria del solar”.

El tono desafiante de Roca

En su declaración y para no atragantarse con tanta cifra, el ex asesor urbanístico se bebió durante su intervención varias botellas de agua. Su tono desafiante y frío llamó la atención de los que le escuchaban. Con toda claridad aseguró haber ingresado los beneficios del pelotazo de Crucero Banús en Suiza, a través de una cuenta que tenía en este país la fundación Melifero, de la que él era beneficiario.

Sin ningún rubor admitió “no haber declarado a Hacienda los beneficios obtenidos en esta operación en la que participó utilizando fondos opacos" conseguidos de los beneficios que le generó la venta de los Altos de Guadalmina: "Si yo participo en Crucero Banús con dinero opaco, a las autoridades españolas difícilmente voy a declararles los beneficios obtenidos de forma opaca”. Y con esta altanería por bandera, la sala suspendió su declaración hasta mañana martes. El fiscal pide para Roca nueve años por blanqueo; seis años por malversación de caudales públicos; otros seis años de prisión también por malversación de caudales públicos; dos años de cárcel por fraude; seis años por cohecho pasivo y un año de prisión por cohecho pasivo acto injusto.